Un juez federal admitió este lunes a trámite el amparo que Tomás Zerón, quien fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, había solicitado para evitar su arresto por las acusaciones de las actuales autoridades, por la supuesta alteración y ocultamiento de pruebas en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
Zerón, quien construyó la llamada “verdad histórica” del entonces procurador Jesús Murillo Karam sobre el caso, tendría una orden de aprehensión en su contra de parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que un juez del Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México pidió a las autoridades que informen si efectivamente solicitaron su arresto, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.
“Se admite a trámite”, indicó el juzgador, aunque detalló que no se posicionaría con respecto a una suspensión provisional “por no haberlo solicitado la parte quejosa”. Además, fijó la audiencia para el próximo viernes 17 de julio.
El juzgado también requirió a “los jueces de control señalados como los responsables que, de ser cierta la orden de aprehensión (…) debe ser emitida oralmente y deberá constar por escrito después de su emisión oral, al rendir su informe justificado”.
Esto, en referencia a los jueces del estado de Guerrero para que den a conocer quién fue el que recibió la petición del Ministerio Público Federal para librar la orden de aprehensión. “También deberán acompañar a su informe un índice cronológico del desarrollo de las audiencias en que se haya dictado el acto reclamado, en la que se deberá indicar el orden de intervención de cada una de las partes”, añadió el juzgador.
La supuesta orden de aprehensión girada en contra de Zerón, emitida a principios de marzo de acuerdo con medios locales, es por irregularidades en el caso Ayotzinapa como tortura, desaparición forzada, alterar la escena de crimen, pérdida y ocultamiento de pruebas. Reportes federales señalan que Zerón se encuentra en Canadá, por lo que la Interpol ya giró una ficha roja para su localización en el extranjero.
Derivado de estas investigaciones, han sido detenidos tres funcionarios, entre ellos Ezequiel Peña Cerda, ex mando en la AIC durante el sexenio de Peña Nieto (2012-2018), vinculados a un caso de tortura por la desaparición de los 43 normalistas. También se solicitó en su momento la captura de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial de la antigua Procuraduría General de la República (PGR).
En julio del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una denuncia penal en contra de elementos de la Marina, de la Policía Federal, la PGR y contra Zerón, por investigar indebidamente el caso de la desaparición de los 43 normalistas.
Oficialmente, según la investigación del Gobierno de Peña Nieto, autondenominada “verdad histórica”, los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías del municipio de Iguala que los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.
Sin embargo, el caso no se ha resuelto a pesar de que han pasado más de cinco años del hecho (63 meses hasta diciembre de 2019). La versión oficial fue desmentida por videos hechos públicos sobre el uso de torturas por parte de las autoridades para obtener declaraciones de los supuestos involucrados.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que echó abajo la versión oficial, denunció el uso de tortura en las investigaciones de este caso.
Apenas en junio de 2019, un video con torturas a un detenido por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa confirmó que efectivamente se violaron derechos humanos en la investigación.
Tras la llegada de López Obrador a la presidencia del país, el gobierno federal se comprometió a reiniciar las indagatorias para dar con el paradero de los jóvenes, además de investigar a los funcionarios que incumplieron en sus responsabilidades en el caso.
La FGR se comprometió a la nueva investigación, en un acuerdo en el que López Obrador fungió como testigo, para avanzar sobre todo en las líneas que el gobierno anterior dejó pendientes.
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