Desplazamientos por violencia del crimen organizado, la otra epidemia que azota al estado de Guerrero

Solo de marzo a junio de este año al menos 300 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares

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La violencia, marginación y la
La violencia, marginación y la pobreza se conjugan conspirando contra los habitantes de Leonardo Bravo (Foto: Especial)

El COVID-19 no es la única epidemia que actualmente azota a Guerrero. La violencia ha intensificado su esparcimiento por la entidad, con dos grupos los que predominan: Los Tlacos y el Cártel del Sur, que se disputan el control de al menos mil comunidades y un millón de hectáreas de bosques y tierras fértiles para cultivar amapola y mariguana.

Además, según señala El Universal, estas asociaciones delictivas se embolsan casi 10 millones de pesos anuales del cobro de cuota a los 600 mineros de la mina de Carrizalillo.

De marzo a junio de este 2020 se han registrado al menos un centenar de asesinatos en Chichihualco, en el municipio de Leonardo Bravo y se ha desplazado, según el Centro de Derechos Humanos ‘José María Morelos y Pavón’, a unos 300 pobladores consecuencia de los enfrentamientos, ocurridos en seis comunidades de ese municipio y una de Chilpancingo, entre integrantes del Cártel del Sur con la autodefensa de Tlacotepec, nacida en noviembre de 2018 bajo la coordinación de Salvador Alanís Trujillo, y auspiciada, según lo ha reconocido él mismo, por un barón apodado Necho, señalado por los del Sur como cabecilla de Los Tlacos.

Se trata de la primera incursión que hizo la autodefensa llamada Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo el 11 de noviembre de 2018 a Filo de Caballos, en el poblado de Chichihualco, a unas tres horas de la capital de Guerrero, donde hubo al menos 14 hombres muertos. De acuerdo con el Centro Morelos, en aquel primer momento salieron de sus pueblos unos 1,800 habitantes aunque de esos sólo quedan 135 refugiados en la cabecera de Chichihualco. “La mayoría se fue a otros lados: Morelos, Acapulco, Estado de México, Chilpancingo y otras familias pidieron asilo en Estados Unidos”, dijo a El Universal Teodomira Rosales Sierra abogada de la organización. 

Así, hace año y medio que esas personas se enteran solo por redes como Facebook de lo que pasa en sus pueblos y casi todo tienen que ver con nuevos enfrentamientos nuevos muertos y más desplazados. Como el ocurrido apenas en la última semana de mayo, la más activa en contagios del COVID-19, donde hubo al menos una docena de muertos y otras 300 personas más salieron de sus pueblos aunque, dice la abogada, no requirieron la asesoría del Centro Morelos.

Iyotla, Leonardo Bravo (Foto: Captura
Iyotla, Leonardo Bravo (Foto: Captura de video EL SUR)

Mientras que en Filo de Caballos, de donde es la mayoría de los desplazados, la escena es de guerra. Según describe dicho diario al menos una decena de viviendas están tan baleadas que parecen en obra negra y en su interior los utensilios tirados la ropa desparramada los discos pisoteados y las fotografías familiares ladeadas en paredes agujereadas por las balas.

Pero en una entrevista a El Universal, el pasado febrero, Salvador Alanís negó que se trate de desplazados, y que los que se fueron era porque tenían parentesco o trabajaban para el Cártel del Sur, es decir, le vendían la goma de opio que producían y la mariguana que cosechaban.

La flor produce al año 19 mil 500 toneladas de goma de opio sólo en las 26 mil hectáreas de la sierra de Chilpancingo, Chichihualco y Tlacotepec reconocidas por la Sedena. Rigoberto Acosta González, sierreño, dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero y exsecretario de Desarrollo Rural explicó a El Universal: “Si por cada hectárea de esas 26 mil se cultivan 750 gramos de goma, mínimo, ni el kilo siquiera, para ser moderados, la suma nos indica que salen 19 mil 500 toneladas al año, sólo en esta parte de la sierra”.

Eso se tiene que multiplicar por el costo actual de la goma, que según campesinos de la zona, ahora por la pandemia y el cierre de la fronteras entre países, subió hasta en 10 mil pesos el kilo. Se trata de un negocio de 195 millones de pesos anuales, nomás de goma natural, sin ningún proceso todavía.

El poblado de El Naranjo
El poblado de El Naranjo tras 48 horas de enfrentamientos (Foto: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO)

En una asamblea celebrada a mediados de febrero en una casa rentada, se señaló que Salvador Alanís trabaja para Los Tlacos de Onésimo Marquina Chapa, Necho. 

“Es la mina. El pleito que traen los de arriba (Los Tlacos) es por las minas de oro”, aseguró uno de los barones del Cártel del Sur, y también acusa a la comunitaria de Tlacotepec de estar al servicio de Necho.

Equinox Gold la empresa canadiense que administra la mina Los Filos-El Bermejal, en Zumpango, produjo en 2019, según cifras oficiales, 200 mil 856 onzas de oro cuyo precio por onza oscila los 39 mil 5 pesos. Quiere decir, que al año dicha compañía extrae 7 mil 834 millones 536 mil 913 pesos en oro, y aún tienen reservas por 1.4 millones de onzas y 7.8 millones de onzas de plata, de acuerdo con información de la empresa.

La minera paga costos de producción y renta de las tierras a los ejidatarios, a los ingenieros y a los mineros. Son estos últimos, 600 mineros, los que le interesa al narco. Ellos representan casi 10 millones de pesos al año. Cada junio, pasando el Día del Trabajo, la minera hace el reparto de utilidades; a cada uno de los 600 mineros les entrega 160 mil pesos; es decir, reparte 96 millones de pesos entre sus trabajadores por esa prestación, y 10 por ciento se lo quedan Los Tlacos, por derecho de piso y seguridad para trabajar en su zona, que es la zona donde opera la minera, porque los narcos fueron primero, luego llegó la trasnacional.

Según el testimonio a dicho diario de un trabajador que pidió el anonimato, los mineros reconocen al barón de Tlacotepec como usufructuario de esa cuota y hasta han ido a negociar con él la cantidad porque 16 mil pesos se les hacía excesivo. El barón no aceptó bajar a 10 mil pesos el impuesto y los regresó con la amenaza que si dejaban de hacerlo, no se hacía responsable de la seguridad de sus bienes ni de sus familias

Salvador Alanís, líder de la policía comunitaria de Heliodoro Castillo, dice que su autodefensa tiene un cuerpo de élite bien equipado y entrenado, dice que sólo para mantener a 10 de estos muchachos hacen falta 800 mil pesos, y dice que no tienen 10. ¿Y quién los paga? “Empresarios de la zona. Son aportaciones de empresarios grandes, que tienen su ganado, que tienen sus empresas grandes en todo Heliodoro Castillo”, respondió en febrero a El Universal.

“Nosotros no pertenecemos a ningún grupo, ni local, ni nacional. No recibimos apoyo de ningún cártel ni de ningún grupo. No obtenemos dinero de manera ilícita como robos, extorsiones. Necho ha sido una persona importante en Tlacotepec porque es uno de los que tiene más dinero en Heliodoro Castillo, y él aporta para las policías comunitarias”.

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