La Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene la potestad de cobrar más por la transmisión de energía renovable y de la producción de la misma generada por empresas privadas para su autoabasto, proveedores y socios.
Este nuevo atributo comenzará a tener vigencia a partir del 1 de julio de este año y se fundamenta bajo el argumento de que el autoabasto eléctrico genera pérdidas por 7,500 millones de pesos anuales ante los bajos cargos del denominado “porteo estampilla”. El cobro lo realizará una de las filiales de la comisión que preside Manuel Bartlett: Intermediación de Contratos de Interconexión Legados.
El Gobierno Federal rechaza el sistema anterior, porque los productores de energía limpia no tenían una regulación puntual, ya que ellos mismos podían proveer de energía a terceros por una cuota de un peso.
Este modelo fue instaurado en 1992 bajo el régimen de Carlos Salinas de Gortari con la intención de que los grandes industriales del cemento, acero y minería generaran su propia electricidad para que ésta sea transportada por la red de la CFE; sin embargo, años después, la comisión acusó que esto permitió el auge de un “mercado negro” de energía al ofrecer servicios de abasto eléctrico hasta 10% más baratos que el Mercado Eléctrico Mayorista.
Mario Morales Vielmas, titular de CFE Intermediación de Contratos Legados, señaló para Forbes que compañías como Telmex, AT&T, Farmacias del Ahorro y Femsa firmaron acuerdos de abastecimiento de energía con Enel e Iberdrola y puntualizó que existen ciertas cifras inconsistentes.
En 2011, había 200 plantas de autoabasto con 4,000 socios. Hoy existen 251 centrales con 70,000 socios. Hay una central que tiene 10,275. Suena ilógico que una sociedad mercantil tenga esa cantidad de socios
Asimismo, refirió que en 2010 se establecieron los lineamientos de cobro de este tipo de servicios considerando el uso de infraestructura pérdidas por transmisión, servicios conexos y administración del convenio de 1992, pero solamente de forma amplia, no detallada.
El 28 de mayo de este año, Vicente Melchi, presidente de la CRE, aprobó los nuevos cargos en transporte eléctrico, mismos que fueron solicitados desde febrero del 2019. El incremento se designó de la siguiente manera: 811% más a transporte eléctrico de baja tensión (0.89284 centavos por cada kilowatt-hora), 428% a media tensión (0.25865 centavos por cada kilowatt-hora) y 469% a alta tensión (0.27857 centavos por cada kilowatt-hora). El cálculo para los siguientes años correrá por parte de la CRE.
La impugnación de estos nuevos cargos se puede hacer, de acuerdo con la legislación que les corresponde, por medio de un amparo directo, mismo que ya fue promovido por al menos dos empresas: Tampico Solar y Saferay Solar; sin embargo, habrá que esperar una resolución del poder competente ante este nuevo impuesto.
Este caso abona a los cuestionamientos públicos en los que distintos especialistas señalan al sector energético mexicano como uno de los más atrasados en energías limpias. Cabe señalar que el martes 16 de junio, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco anunció que promoverá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Secretaría de Energía (Sener) en defensa de las empresas que promueven este tipo de energía.
El gobernador jalisciense se refiere a las medidas por la Sener, la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en donde se acotan especificidades que reducen el margen de maniobra de las empresas dedicadas a las energías renovables que pretenden invertir en México.
El objetivo de este recurso legal es invalidar la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional bajo el argumento de que ésta afecta las atribuciones de los estados, lo cual viola los principios de federalismo en la república mexicana.
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