La ejecución del juez federal, Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, no es un homicidio más de los miles que se registran al mes: se trata de un desafío al Estado.
El pasado jueves, durante una reunión del gabinete de Seguridad Nacional, sus integrantes escucharon la grabación de una llamada telefónica entre presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En el audio —interceptado por el Centro Nacional de Inteligencia— los supuestos criminales hablaban (sin mencionar nombres) de un “ataque de alto nivel”. Según cita el periodista Raúl Rodríguez Cortés, en su columna de El Universal, que el gabinete de seguridad definió cuatro posibles blancos del crimen.
Como primera posible víctima apareció, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien firmó la extradición a EEUU de Rubén Oseguera González, “El Menchito, hijo del líder del CJNG; el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, que ha emprendido una serie de acciones contra las finanzas del cártel; Omar García Harfuch, quien desde su cargo como secretario de Seguridad de la Ciudad de México ha asestado duros golpes a la estructura del CJNG que se encuentra en la capital mexicana, y finalmente el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que encabeza la estrategia antinarcóticos del gobierno.
Como resultado de esos planteamientos, las autoridades reforzaron la protección de los cuatro funcionarios; sin embargo, la información no fue compartida a los otros poderes de la Unión, lo que impidió que se reforzará la seguridad de otros posibles blancos, como el juez Uriel Villegas Ortiz, quien ordenó en 2018 el cambio de penal de Rubén Oseguera González, “El Menchito” y negó el amparo a Ismael Zambada, alias “El Mayito Gordo” para frenar su extradición al país vecino.
Existen versiones, incluso, de miembros del Gabinete de Seguridad que indican que el rumor que se presentó el fin de semana pasado sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder absoluto del CJNG, fue esparcido como distractor de los preparativos del “atentado de alto nivel” al que se referían los supuestos sicarios.
Hasta finales del 2019, al menos un centenar de funcionarios de la justicia federal tenían algún tipo de protección. No fue así para el juzgador Uriel Villegas Ortiz, quien pese a sus labores anti crimen no fue considerado por el Consejo de la Judicatura Federal para contar con el servicio de escolta.
Originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, Villegas Ortiz llegó a Colima al Centro de Justicia Penal Federal de la región, después de pasar por el estado de Jalisco. A través de un informe, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, informó que para Villegas Ortiz impartir la ley en la entidad tapatía se había convertido en una labor riesgosa, por lo que se llevaron a cabo las readscripciones y suspensiones correspondientes.
El chihuahuense asumió su cargo en la joya turística el pasado 1 de febrero. Antes, había laborado en uno de los circuitos más complicados del Poder Judicial de la Federación, el de Jalisco, donde obtuvo el nombramiento de juez, y su primera adscripción fue la de titular del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del estado, luego del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal.
En el primer órgano jurisdiccional tuvo a su cargo uno de los procesos penales que se instruyeron en contra de Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes.
El 6 de marzo de 2018 ordenó a la Comisión Nacional de Seguridad trasladar al heredero del Mencho del Penal Federal de Oaxaca al de Occidente de Jalisco. La estadía de “El Menchito” en una cárcel tapatía fue muy breve, pues tiempo después lo llevaron al Penal Federal de Chiapas y luego a Sonora, donde estuvo preso antes de ser extraditado a Estados Unidos.
El juzgador también tuvo en sus manos el último amparo que promovió Ismael Zambada Imperial, “El Mayito Gordo”, hijo del fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, para retrasar su extradición a la Unión Americana.
A finales de 2019, Villegas Ortiz le negó al capo la suspensión definitiva contra su traslado al país estadounidense. El 20 de diciembre, “El Mayito” fue extraditado a EEUU.
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