Negaron amparo al General Eduardo León Trauwitz, presunto responsable del “huachicoleo” desde el interior de Pemex

Un juez federal con sede en el Estado de México negó un amparo al General Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien está acusado de los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos.

El también ex escolta de Enrique Peña Nieto quería ampararse contra la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada para cometer robo de combustibles (huachicol), por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) ya no tiene impedimento para capturarlo.

El Juez Cuarto de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México rechazó la petición luego de considerar que la orden para capturarlo (emitida en mayo de 2019) está debidamente fundada y motivada.

De acuerdo con la investigación realizada por el actual gobierno federal, Trauwitz utilizó su cargo como subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, e integró un grupo que se dedicaba a reparar artesanalmente las tomas clandestinas que operaban los grupos delictivos, de manera que posibilitaba su reutilización y con ello impedía que las áreas especializadas de Pemex corrigieran esos puntos de robo de manera definitiva.

En la resolución, el juez señaló que aunque Trawitz no tuvo acceso a evidencias como las inspecciones practicadas a las tomas clandestinas de “huachicol” y tampoco observó pruebas que sostengan en forma directa el delito de delincuencia organizada, existen datos indiciarios que suponen la existencia de esa “corporación” delictiva al interior de la paraestatal.

En el fallo argumentó que aunque es cierto que no obran pruebas directas de la existencia de esta corporación, “pero es posible inferirla, a través de datos de prueba que acreditan premisas, entre ellas, que en la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex existía una práctica constante, reiterada y extendida en todo el territorio del país, que consistía en que, cuando los agentes de seguridad hallaban una toma clandestina, debían inhabilitarla de manera rústica y tenían órdenes de no reportarlas a otros departamentos técnicos y de mantenimiento de los ductos ni al departamento jurídico para realizar la denuncia correspondiente”, señala.

“El delito se consuma por la sola participación en la organización criminal, debido a que se trata de un delito de peligro, abstracto y doloso que provoca la comisión de otros antijurídicos, circunstancia por la que el delito de delincuencia organizada se tipifica aun cuando no se lleve a cabo ningún acto ejecutivo de diversos delitos; es decir, lo que el tipo penal de delincuencia organizada sanciona, es la materialización de la decisión premeditada de organizarse o adherirse a una célula criminal o bien crearla, ambas circunstancias con la finalidad de cometer otros delitos”.

Los primeros días de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió el apoyo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para capturar al General Eduardo León Trauwitz, quien se encuentra prófugo.

En enero del año pasado, se dio a conocer que la FGR inició la investigación contra Trauwitz y otros militares por distintos actos ilegales, incluidos la “siembra” de válvulas falsas para ordeña, además de no reportar al Ministerio Público la localización de ductos saqueados por organizaciones criminales.

El 10 de abril de 2019, Trauwitz, así como 20 militares más señalados por negligencia en el servicio, acudieron al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Sur de la Ciudad de México, para participar en una audiencia la cual tuvo que ser aplazada por que la FGR no entregó copia de los 16 tomos de la carpeta de investigación a los militares. La audiencia se reprogramó para el 17 de mayo, pero ya no se presentó el general ni otros militares.

Entre las personas vinculadas a proceso se encuentran el General Sócrates Herrera; el teniente Oziel Aldana Portugal, los sargentos Ramón Márquez Ledezma, del Departamento de Seguridad Física Cadereyta; José Carlos Sánchez Echavarría, ex coordinador de la Subgerencia de Salvaguarda Estratégica Pemex en Tampico, Tamaulipas, además de Emilio Cosgaya Rodríguez, gerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica, detenido el 18 de junio.

Los acusados fueron denunciados desde el 27 de marzo del 2017 por el abogado Jorge García Adriano, en representación de tres ex militares. Los delitos que les fincaron fueron abuso de autoridad, intimidación, amenazas, encubrimiento y discriminación.

Las investigaciones fueron frenadas por casi dos años, pues la Fiscalía tardó un año y nueve meses en llamar a declarar a los demandantes. Tras lo cual, la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) retomó el caso, ya bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 18 de julio de 2019, elementos de la Fiscalía General de la República implementaron un operativo en Guerrero en el que se detuvo al general de brigada Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, jefe de seguridad en Petróleos Mexicanos (Pemex) el sexenio pasado, por presuntamente estar involucrado en el robo de hidrocarburos y delincuencia organizada. Fue recluido en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.

Días antes también fueron detenidos el teniente coronel Oziel Aldana Portugal, ex jefe de Departamento de la Administración de Bienes Materiales Cuerpos de Seguridad, Vigilancia y Supervisión de Pemex durante el sexenio pasado; Ramón Márquez Ledezma, adscrito al departamento de Seguridad Física de la refinería de Cadereyta, y a José Carlos Sánchez Echeverría, coordinador de la Subgerencia de Salvaguarda Estratégica de Pemex en Tampico, Tamaulipas.

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