El desamparo de los asilos de ancianos en México ante los brotes del COVID-19

Solo el 1.2% de las casas de asistencia para adultos mayores de todo el país están bajo resguardo de dependencias del gobierno

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El gobierno federal no puede garantizar que se cumplan las medidas establecidas por la contingencia sanitaria del COVID-19 en los asilos que se encuentran en todo México. Lo anterior debido a que las dependencias como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sólo tienen control sanitario de 1.2% de las casas de asistencia para adultos mayores en el país, es decir, estos organismos sólo atienden 10 asilos de un total de 819.

Datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi arrojan que el 15% de los asilos de México son públicos, pero la estructura del Inapam sólo permite revisiones a los estatales privados.

El Universal cita a Ana Luisa Gamble, directora de atención geriátrica del instituto, quien señaló que la última revisión fue a 300 asilos de 15 estados del país, de septiembre a diciembre de 2019. En dicho periodo se aplicó la Norma Oficial Mexicana (NOM-031), referente al cuidado de los adultos mayores en centros de asistencia social, y “en ese mismo momento se hicieron recomendaciones”.

Sin embargo, ni la NOM-031 ni la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores obligan a los asilos a tener un espacio de aislamiento en caso de epidemia, considerado por el Inapam como área clave para detener contagios, por lo que en su última revisión a los asilos privados se verificó que pudieran contar con el requisito.

Un trabajador médico da información
Un trabajador médico da información a una mujer sobre un pariente afuera del asilo de ancianos "Casa de Retiro Luis Elizondo", donde se registró un brote de coronavirus, en Nuevo León (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Funcionarios del Inapam aseguraron que desde el organismo se mantienen contacto con los asilos para resolver dudas sobre el protocolo y “blindarlos” ante el virus. Sin embargo, Jaqueline Pardo Semo, jefa de la Unidad de Atención e Inclusión Social del DIF nacional -citada también por dicho diario- detalló que esa institución no tiene capacidad jurídica para revisar los asilos de los sistemas a nivel estatal, así que sólo quedan bajo su resguardo las 269 personas de los cuatro centros federales.

“No estamos haciendo ninguna visita externa; eso le toca a la Secretaría de Salud. Lo que vimos fue que todos los centros se dotaran de cubrebocas, batas, jabón, etcétera, y eso corrió por parte del DIF. “Nosotros [mandamos] el protocolo (...) pero cada uno de los estados tiene sus propias casas, su supervisión y se rigen por el protocolo nacional y la NOM-031”, explicó.

Durante los primeros días del pasado mayo, dos asilos en el estado norteño de Nuevo León reportaron los primeros contagios de COVID-19 en el país, y el secretario de Salud estatal, Manuel de la O, informó sobre la clausura de cinco centros que inclumplían “con tener espacio de distanciamiento”. Aunque la NOM-031 sólo especifica que debe haber “salas de televisión, de usos múltiples y dormitorios (...) [con] pasamanos próximos a la cama y sistemas de alarma”.

En tanto, dentro de las recomendaciones del Inapam para los 300 asilos, para la junta de asistencia privada y para los gobernadores se hizo hincapié en que deben tener un área de aislamiento, y en caso de algún contagio, actuar de inmediato.

Ana Luisa Gable aseguró que desde el Inapam se mantienen en contacto con los asilos para resolver dudas sobre el protocolo y blindarlos ante el virus. “Nadie está exento de que le pase, pero el tema es observar excesivamente los protocolos de los trabajadores: que tengan toda la protección, que haya mucho aseo, que se mantenga una distancia”, añadió.

Hasta finales de 2018, el Inegi reportó que todos los estados tienen asilos y residencias de día, públicos y privados. De ellos, el 64% se encuentran concentrados en nueve entidades, principalmente Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León.

A pesar de esto, Gamble reconoció que la atención a adultos mayores es responsabilidad del Estado, aunque por años se olvidó y fue la oportunidad para que organizaciones civiles y particulares tomaran la tarea. “Más que vigilar y castigar, en el Inapam vemos cómo hacer que brindes un mejor servicio (...) El problema es mundial, pero sí venimos de quitarle al gobierno la responsabilidad que le tocaba, y creo que esto es una gran lección, porque nadie, ni con todo el dinero, le puede entrar a esto”.

Hasta el día de hoy en México se han registrado ya 13,511 defunciones por COVID-19 así como 113,619 casos confirmados, de los cuales 19,278 son activos.

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