El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las funciones prioritarias del gobierno, como la atención a víctimas, no se quedarán sin recursos para operar.
Ello luego de que la Comisión de Atención a Víctimas del Delito alertó que el decreto de austeridad que plantea un recorte de 75% en el presupuesto de las dependencias federales, afectaría su trabajo de manera radical.
“No se van a quedar familiares de víctimas sin apoyos, los enfermos sin medicinas, los creadores sin sus becas, es poner orden porque estaba muy fraccionado todo en el periodo neoliberal”, dijo.
En conferencia de prensa desde esta entidad, el mandatario federal afirmó que el recorte está planteado por la Secretaría de Hacienda para poner en orden las partidas en fideicomisos y fondos.
“Habían cientos de fideicomisos y se manejaban de manera discrecional y lo que se está haciendo es concentrar esos recursos para evitar malos manejos”, puntualizó López Obrador.
Además, detalló que el recorte de 75 por ciento planteado por el gobierno corresponde al rubro operacional y no a nóminas e inversión, “no tiene que ver con nómina, a nadie se le va a dejar sin trabajo, ni con inversiones o apoyos, esto es gasto de operación”.
Después de que la Secretaría de Gobernación emitiera un comunicado en que se confirmaba el recorte presupuestal de 139.4 millones de pesos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter, en donde mencionó que la vigilancia a los derechos humanos no tendría repercusiones.
“Respecto al tema de la CEAV, el decreto de austeridad del 23 de abril explícitamente dice que no serán afectados los rubros de derechos humanos. Antier tuve la oportunidad de platicarlo con Olga Sánchez Cordero (secretaria de Gobernación) y Alejandro Encinas (subsecretario de DDHH); nos aseguraremos de que esto se cumpla a cabalidad”, escribió.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación indicó que “no se afectará ninguna de sus funciones sustantivas ni se paralizarán las actividades de ninguno de sus organismo”.
En ese sentido añadió que “no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos; tampoco se desistirá de defender, promover y garantizar los derechos humanos desde las distintas áreas de la Secretaría de Gobernación”.
Este martes, la CEAV advirtió que “el recorte del 75% del gasto operativo, frenará sus actividades esenciales y paralizará el funcionamiento de la institución”, por lo que no podrán llevar a cabo acciones en torno a la protección de las víctimas de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.
A través de un comunicado, la organización puntualizó que tendrá 30% menos de asesores jurídicos, lo cual impedirá el acompañamiento legal a 1,874 personas. Tampoco se podrían entregar los apoyos mensuales a las más 5,000 víctimas que son atendidas en los 32 centros de atención integral en el país.
A partir de esta determinación, destacaron, las personas “no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica”, pues sus gastos ascienden a 121.9 millones de pesos únicamente por concepto de renta, agua, luz, telefonía y otros servicios básicos para su operación.
Lo anterior derivará en el incumplimiento de 43 contratos, lo que previsiblemente provocará múltiples demandas judiciales en contra de la institución, además de que se debilitará el área jurídica hasta el punto de no poder atender los más de 453 juicios de amparo promovidos por víctimas en contra de la propia CEAV.
La reducción en el presupuesto también representará la pérdida del alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), el cual incluye datos personales de más de 34,215 ciudadanos.
Asimismo, las partidas que se verán afectadas a partir de la reducción del presupuesto son las utilizadas para pagar la mayor parte de su personal, el cual es eventual o de outsourcing. “Sólo en las oficinas centrales, de los 388 puestos de trabajo existentes, casi el 60% están en situación”, explicaron en el comunicado.
Respecto a este tema, López Obrador explicó que el ajuste corresponde al capítulo 2000 y 3000 del presupuestos, ligado al gasto de operación, recursos generales, “no es el capítulo 1000, que tiene que ver con la nómina. A nadie se leva a dejar sin trabajo. Ni tiene que ver con el capítulo 4000 o 5000, que tienen que ver con inversiones, con los apoyos”, concluyó.
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