Claudia Sheinbaum descartó la militarización de las tareas de seguridad pública en la Ciudad de México

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaim, negó que el decreto establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se dota de atribuciones extraordinarias de seguridad pública al Ejército y la Marina para que actúen en respaldo de la Guardia Nacional, signifique la militarización del país o el regreso a la época de la administración calderonista.

Tras ser cuestionada durante videoconferencia sobre la orden presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) , la funcionaria pidió esperar a que el mandatario federal informara sobre el decreto. Además, se adelantó a quienes sugieren que se pretende militarizar al país: “No, no se está militarizando el país. Ya vamos a esperar que el presidente dé toda la información respecto a esto”, expresó.

Asimismo, Sheibaum señaló que no se trata de la misma estrategia que siguió el gobierno del expresidente Felipe Calderón, el cual, según distintos expertos en política y seguridad, se caracterizó por el ataque frontal de las fuerzas armadas mexicanas a grupos de delincuencia organizada, al ser cuestionada sobre esto contestó “A ver, no es lo mismo. No somos lo mismo.” Además, agregó que en su administración existe una orientación de los más altos niveles del gobierno para la protección de derechos humanos, señaló:

“Hemos visto inclusive escenas de la propia Sedena y de la Guardia Nacional que no confrontan muchas veces en muchos lugares. Todo lo contrario, evitan la confrontación para evitar cualquier violación a los derechos humanos”

Aunado a esto, la mandataria capitalina explicó que la Guardia Nacional se encuentra realizando labores de patrullaje desde hace casi un año en zonas limítrofes de la ciudad, mientras que las secretarías de Defensa Nacional y Marina se encargan de vigilar los centros de salud ante la pandemia por COVID-19:

"No se está militarizando, vamos a esperar que el presidente informe de todo esto y en el caso de la ciudad nuestra estrategia como ciudad tiene que ver con el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (...) como saben en particular en este periodo de la pandemia y dado que la Guardia Nacional cubre distintas tareas, nos está apoyando Sedena y Marina en algunos lugares con el patrullaje, sobre todo en la zonas limítrofes.”, indicó Claudia Sheibaum.

Y es que el pasado lunes, en medio de la epidemia de coronavirus que golpea al país, se presentó un decreto en el DOF, en el cual se ordena “[…] a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto […]”, señala el documento oficial.

La orden ha causado controversia, recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación al considerar que el decreto no cumple con los principios de certeza jurídica suficiente para saber en qué momentos se puede permitir la actuación del personal castrense en este terreno, ni aclara si los militares están capacitados para ello.

A través de un comunicado, el organismo acusó que el acuerdo es insuficiente respecto a la determinación de contenido de los términos “extraordinaria”, “fiscalizada”, “subordinada” y “complementaria”, con lo cual “se falta al principio de la certeza jurídica, pues no se tiene claridad sobre los supuestos en los cuales cabría la actuación de la Fuerza Armada”.

Además, la CNDH señaló que el hecho es preocupante ya que podría suponer “una idenfinición jurídica con graves riesgos para el respeto y garantía de los derechos humanos”. Sobre esto, el organismo añadió que podría establecerse un esquema permanente de la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, lo que es contrario a lo establecido en la Constitución y dentro de ella, a las obligaciones internacionales que tiene el Estado en la materia.

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