La traición de López Obrador: promesas de campaña persiguen al presidente tras decreto para mantener al Ejército en las calles

Después de que este lunes se ordenara que, por decreto presidencial, las Fuerzas Armadas también participen en las tareas de cuestiones de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, las críticas hacia la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador no se hicieron esperar, pues fue un tema al que se opuso durante su campaña y por ello ha sido descrita como una “traición” a sus votantes.

En un mensaje del 22 de marzo del 2017, el ahora presidente de México dijo: “No vamos a utilizar la fuerza para enfrentar los problemas sociales, no vamos a reprimir al pueblo con el Ejército, no es para eso. Vamos a atender el problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo las causas, esa es la forma más humana, eficaz, no como lo han venido haciendo, que además no ha dado resultado”.

Una de las posturas más relevantes fue la del colectivo Seguridad Sin Guerra, el cual señaló que la decisión presidencial “no incluye mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas; y tampoco subordina a las Fuerzas Armadas al poder civil, como lo exige la constitución”.

Para este grupo que también se opuso a la Ley de Seguridad Interior en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el hecho de que el Ejército esté en las calles les permite “realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen” en espacios públicos “sin controles externos y sin mecanismos de rendición de cuentas”.

En este sentido, Seguridad Sin Guerra vio a esta determinación como una normalización de las prácticas que comenzaron en el gobierno de Felipe Calderón y como una prueba de que la Guardia Nacional ha sido “una etiqueta para disfrazar a las Fuerzas Armadas de cuerpos civiles. Eso quizá sea el único cambio: el militarismo salió del clóset”.

Desde este colectivo, la decisión en torno a este tema dejó en evidencia el poco compromiso del mandatario nacional con la desmilitarización del país y aclaró que la emergencia sanitaria “no puede ser una cortina de humo para aprobar leyes que menoscaban nuestro sistema constitucional de frenos y contrapesos o para avanzar el militarismo en el país. Este gobierno se ha quitado la máscara”, remató.

El periódico británico The Guardian consultó a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien resaltó que tanto el Eército como la Armada “tienen una larga historia de no ser responsables, especialmente en casos de violaciones graves de los derechos humanos”.

Además señaló que el presidente ha dependido cada vez más de los soldados para las tareas más relevantes de su gobierno, las cuales van desde evitar el robo de combustible, mejor conocido como huachicoleo, hasta la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, cerca de la Ciudad de México.

Falko Ernst, analista senior de México en International Crisis Group le dijo al mismo medio un pronóstico poco alentador respecto a esta medida en los años venideros: “Su dependencia a las fuerzas armadas está creciendo, y no se están tomando las medidas para sacarlas de las calles para 2024”.

Para el periodista Salvador García Soto, las razones de sacar a los militares a las calles son varias y entre ellas destacan el endurecimiento de la crisis económica y social derivada de la Covid-19; el fracaso de la Guardia Nacional y la estrategia “abrazos, no balazos”; y el desbordamiento del narcotráfico “ante la ausencia del Estado”, así como la presión de Estados Unidos para combatirlo.

Sin embargo, desde su perspectiva el presidente López Obrador ha caído en una clara incongruencia después de haber criticado, durante tantos años, la también “fallida y sanguinaria militarización del presidente Felipe Calderón a la seguridad pública", misma que le costó al país más de 121,000 mexicanos muertos en la “guerra contra el narco”.

Un cuestionamiento que se hace el periodista es si el presidente se estará preparando para la inestabilidad social y probable crecimiento de la delincuencia a causa de la Covid-19, la cual, hacia el final del aislamiento social, dejará a millones de personas desempleadas y empresas en crisis.

Raymundo Riva Palacio fue claro en su opinión al decir que “la militarización del país llegó para quedarse". Puntualizó que aunque llegó con “14 meses de retraso (...) hoy (los militares) son el pilar sólido sobre el cual descansa su gobierno”.

En su columna del diario El Financiero, Riva Palacio apeló a la opinión de Miguel Ángel Godínez García, hijo del general Miguel Ángel Godínez Bravo, jefe del Estado Mayor Presidencial en el sexenio de López Portillo, quien dijo que “decepciona el mensaje del presidente al crimen organizado (...), pues no existe estrategia alguna en materia de seguridad nacional”.

Con la aprobación de este decreto presidencial, apuntó Riva Palacio, las Fuerzas Armadas tendrán “funciones equiparables a las que tenía la prácticamente extinta Policía Federal, y cumplirán de manera ‘subordinada y complementaria’ a la Guardia Nacional, aunque esto sólo es un decir”, escribió.

Y es que la Guardia Nacional, escribió, no recibe órdenes del secretario Durazo, “sino de su jefe real, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. No será el Ejército el subordinado, sino la Guardia Nacional, de la cabeza a la cola, que será sometida a las Fuerzas Armadas, en este proceso abierto y claro de la militarización del país que no beneficia a nadie”.

Quien también opinó al respecto fue el periodista Jorge Ramos, el cual ha sido crítico con el presidente respecto al número de personas que han sido asesinadas durante su administración, así como su fallida estrategia de seguridad pública.

“Desde que López Obrador llegó al poder han asesinado a 46,085 mexicanos, según cifras oficiales. La estrategia de seguridad con la Guardia Nacional ha fracasado. Por eso la orden a las Fuerzas Armadas de dedicarse a la seguridad pública. Atrás quedó eso del Ejército a los cuarteles”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, otro de los que mostró una postura sumamente crítica respecto a esta determinación fue el periodista Héctor de Mauleón, quien recordó que en febrero de 2017, López Obrador denunció que “las Fuerzas Armadas habían matados niños y cometían violaciones a los derechos humanos en la llamada guerra contra el narcotráfico”.

Un año después, en julio de 2018, el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, hizo muestra de las primeras inconsistencias en el discurso del presidente respecto a que los militares regresaran a los cuarteles, pues aseguró que esto tomaría tres años.

En noviembre del mismo año, a unos días de tomar posesión de la presidencia, recuerda De Mauleón, “López Obrador negó haber pedido el regreso de los militares a los cuarteles y retó al periodista Joaquín López Doriga a que le mostrara evidencia de que esto había ocurrido”.

Para el periodista, el decreto publicado el lunes no corresponde a las expectativas que el presidente “sembró durante años entre sus votantes. Renuncia a acabar con la militarización del país, y entrega al Ejército facultades inéditas, entre otras, las que fue el sueño de las peores dictaduras latinoamericanas: la de detener ciudadanos”.

Criticó que si bien López Obrador se ha dedicado a señalar las decisiones de Felipe Calderón en materia de seguridad pública, el actual presidente mantendrá a las Fuerzas Armadas en el mismo lugar, “traicionando a sus votantes”.

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