Documentos revelan investigación masiva del gobierno contra Peña Nieto: López Obrador niega persecución del Ejecutivo

A más de un año de que finalizó la administración de Enrique Peña Nieto, las investigaciones en su contra por casos de corrupción continúan, pues el gobierno federal ordenó rastrear todas las cuentas y movimientos financieros del ex presidente y sus familiares más cercanos en, por lo menos, 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Función Pública (SFP) dada a conocer por el diario El Universal y Univisión, esta institución solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se revisaran todos los movimientos de las cuentas de Peña Nieto, así como las de su ex esposa, Angélica Rivera, y de sus hijos Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro, quien aún es menor de edad.

La solicitud fue realizada desde el 26 de marzo por Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, y recibida por Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión el 14 de abril. En el documento se indica que la funcionaria realiza una investigación sobre la evolución patrimonial del ex mandatario.

Esto significa que la SFP solicitó el acceso a la información relacionada con cuentas de cheques, ahorros, depósitos bancarios, créditos y cualquier otro tipo de operación que se haya realizado entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018.

Además, se pidió la revisión en casa de cambio, entidades de ahorro y demás relativas donde Angélica Rivera y los hijos del ex presidente figuren como sus beneficiarios o que él haya sido el titular autorizado de las cuentas usadas.

Cabe mencionar que la SFP fue sumamente específica con sus peticiones, pues pidió que se le proporcionara “copia certificada de estados de cuenta, expedientes de apertura en donde se incluyan los contratos de registros de firmas, documentación proporcionada para la apertura y modificaciones realizadas al expediente específico”.

Asimismo, solicitó que se entregaran los expedientes de contratos de créditos hipotecarios, de automóvil, personales y de consumo, así como las fechas de otorgamiento en cada uno, el monto original, el plazo y el saldo a la fecha.

La SFP fue consultada por ambos medios de comunicación para confirmar la autenticidad de los documentos, pues estos los obtuvieron a través de las entidades financieras, pero un vocero de la secretaría no dio más información ni hizo comentarios al respecto. Esto se hace, explicó, con el fin de cuidar el debido proceso de cualquier investigación.

Acerca de este asunto, López Obrador mencionó en su conferencia de prensa matutina que no hay ninguna investigación abierta en contra del ex mandatario. “Puede haber denuncias en la Fiscalía de ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna”, dijo López Obrador, quien también comentó que la gente debe solicitar una consulta para saber si quieren que se juzgue a los ex presidentes, desde Salinas hasta Peña Nieto.

Sin embargo, dos fuentes, una en el gobierno y otra en el sistema financiero, le confirmaron a Univision que los documentos son auténticos. Además, este mismo medio obtuvo los correos que mostraban cómo llegaron los requerimientos de la SFP hasta los bancos.

Cabe mencionar que Peña Nieto no es el único funcionario investigado por la Función Pública, pues los documentos también requerían los datos bancarios de Humberto Castillejos, consejero jurídico de presidencia con Peña; de Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, y de su esposa. Cabe recordar que Ruiz falleció el 1 de abril, pero la indagatoria continuará con su familia.

Quien también fue requerido por Eréndira Sandoval fue José Narro Robles, ex secretario de Salud con Peña Nieto, y ex rector de la UNAM. En este caso, Narro dijo al medio que desconoce oficialmente cualquier investigación en su contra o de su esposa, además de que nunca ha tenido que ocultar nada sobre la evolución de su patrimonio.

Otro de los ex funcionarios de suma relevancia investigado por la SFP es José Antonio Meade, quien fungió como secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, además de ser el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la campaña del 2018.

En este caso, la petición de la Secretaría respecto a la información financiera incluyó a su esposa, Juana Cuevas, así como a sus tres hijos, José Ángel, Dionisio y Magdalena, quien actualmente tiene 17 años. Según una fuente del equipo cercano de Meade, éste “no ha sido notificado de ninguna investigación que lo involucre”.

Cabe puntualizar que los requerimientos del gobierno le exigieron a los bancos no informar sobre las solicitudes “con el objeto de no incurrir en actos que pudieran entorpecer las investigaciones”. En todo caso, pueden avisar si las cuentas son bloqueadas como resultado de la investigación.

Las indagatorias establecidas por la Función Pública tendrían como fin cotejar si el patrimonio declarado por los funcionarios es consistente con su información bancaria y la de sus familiares cercanos. En caso de que no coincida, se podrían iniciar procedimientos por enriquecimiento ilícito.

Ésta no es la primera ocasión en que se hacen solicitudes de datos bancarios de miembros del gabinete de Peña Nieto, pues fuentes indicaron que lo mismo sucedió en la primavera de 2019, cuando se hicieron requerimientos a Pedro Joaquín Codwell, ex secretario de Energía; al ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; al ex fiscal general, Alberto Elías; y al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Según especialistas consultados por Univision, la SFP está basando estas investigaciones en un artículo de la Ley para Servidores Públicos, la cual le permite “verificar la evolución del patrimonio de los declarantes”.

De manera paralela a las investigaciones de la SFP, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también desarrolla sus propias indagatorias respecto a la información financiera de cuentas, movimientos, contratos firmados, créditos o casas del diputado federal del PRI, Luis Enrique Miranda, quien fue secretario de Desarrollo Social en el sexenio de Peña Nieto, y de su esposa, Alma Laura Saldaña Farach.

Según un oficio del organismo encabezado por Santiago Nieto, se pidió la información relativa a estos dos sujetos desde 2010 a la fecha con el objetivo de “ejercer las facultades de análisis y procesamiento de información que se tienen conferidas a esta UIF”.

Uno de los casos de corrupción que envuelven a Enrique Miranda tiene relación con las presuntas irregularidades por 1,323 millones de pesos aplicados en 2018 por la Sedesol en la Cruzada contra el Hambre y sus comedores comunitarios durante el periodo que estuvo al frente de la dependencia.

Cabe mencionar que este jueves, Santiago Nieto confirmó este procedimiento: “Se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya y están en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda, y ahí el presidente lo que me ha comentado es que debemos tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”, comentó durante una reunión virtual con diputados.

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