Un nuevo caso de corrupción se cierne sobre el ex presidente Enrique Peña Nieto, pues la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva carpeta de investigación por un posible fraude superior a 500 millones de pesos, los cuales estarían relacionados con malos manejos en la asignación de proyectos agrícolas durante su administración.
La denuncia que dio pie a esta investigación fue presentada al área jurídica de la Auditoría Superior de la Federación a finales de febrero de este año y en ella se señalaba que en la revisión del ejercicio de los recursos se habían detectado, por lo menos, 13 irregularidades graves, las cuales representaban un posible quebranto al erario.
De acuerdo con información del portal Animal Político, las irregularidades que ha descubierto la Fiscalía sucedieron en el año 2016 al interior de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuyo titular era José Calzada Rovirosa.
Las irregularidades se encontraron en el “Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Innovación Agroalimentaria”, con el cual se destinaron recursos a personas físicas o morales mediante convenios para el impulso de proyectos que debían contribuir al desarrollo del sector agrícola en el país.
En ese caso concreto se asignó un total de mil 342 millones de pesos, de los que según la Fiscalía se había desviado cerca del 50%. Uno de los casos relevantes, según la denuncia, fue que se desvió una suma de 108 millones 106 mil pesos para nueve asociaciones y empresas, las cuales no desarrollaron los proyectos que habían mencionado.
Según la Auditoría, “se comprobó que ninguno de los nueve beneficiarios cumplió en tiempo y forma con la ejecución de los proyectos para los cuales la SAGARPA suministró los recursos públicos correspondientes, ni comprobó que usó la totalidad de los apoyos recibidos para los objetivos autorizados”.
Las autoridades también detectaron que no existen pruebas de que 82 millones 623 mil pesos del Componente de Innovación Agroalimentaria hayan sido asignados a algún proyecto ni que hayan regresado a la Secretaría de Hacienda, por lo que se concluyó que están desaparecidos.
Un elemento más que señala la denuncia es que se realizaron visitas domiciliarias a tres asociaciones y empresas para verificar que 47 millones 268 mil pesos hayan sido utilizados como correspondía, pero ninguno “se encuentra concluido ni en funcionamiento, además de que se distrajo parte de los recursos para fines distintos de los establecidos en el componente”.
Actualmente, la investigación en torno a este caso fue enviada a la Fiscalía Anticorrupción, organismo al cual le corresponde confirmar las anomalías, así como identificar a la cadena de funcionarios y ex funcionarios que estarían inmiscuidos en este asunto con el fin de fincar responsabilidades.
Cabe recordar que la ASF había presentado 117 denuncias ante la FGR por presuntos desvíos de recursos y otras irregularidades cometidas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, mismas que podrían experimentar un importante crecimiento después de que se presenten las correspondientes a la Cuenta Pública de 2018.
Las denuncias se presentaron entre agosto de 2015 y octubre de 2019 y fueron formuladas en contra de dependencias y entidades del Ejecutivo federal. En esos casos, la Auditoría Superior de la Federación consideró que no sólo existe responsabilidad administrativa sino también penal de los servidores públicos encargados del ejercicio de los recursos, pues ellos eran los vigilantes de que la contratación o supervisión se realizara conforme a la ley.
Uno de los hechos más relevantes que ha sido denunciado es el esquema de subcontratación de universidades y entes públicos, el cual sirvió para realizar desvíos multimillonarios de recursos a través de una intrincada red de empresas fantasma, lo cual fue conocido como La Estafa Maestra.
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