Baltasar Garzón: de persecutor de dictadores a defensor de delincuentes de cuello blanco

El ex juez Baltasar Garzón ha estado en el ojo de la polémica durante décadas. Ha tenido bajo su mando casos que han sacudido a varios países, incluido España, su tierra natal.

Como juez de la Audiencia Nacional de España, saltó a la fama internacional en 1998 cuando ordenó arrestar al ex dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad, basándose en el informe de la Comisión de la Verdad redactado en Chile.

El 16 de octubre de 1998, Pinochet fue detenido en la London Clinic de la capital británica a donde había viajado para someterse a una operación de columna y, como en Chile era senador vitalicio, pensaba que gozaba de inmunidad diplomática. Pero era un viaje privado y no se había informado al Reino Unido. El otrora poderoso dictador reclamó: “¡Ustedes no tienen ni un derecho a hacer esto, no pueden arrestarme! ¡Yo estoy aquí en una misión secreta!”.

Garzón solicitó su extradición a España por una demanda criminal en el marco de la “Operación Cóndor”, la coordinación de las dictaduras latinoamericanas para perseguir y eliminar opositores. Fueron 503 días de reclusión y aunque el Reino Unido finalmente no autorizó el traslado a España, el caso marcó jurisprudencia global sobre los crímenes de lesa humanidad.

En marzo de 2000, regresó Pinochet a Chile, dos meses después la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó su desafuero como senador vitalicio y el militar pudo ser investigado y procesado por la Justicia local. Aunque nunca pagó por sus crímenes por supuestas enfermedades mentales.

Garzón Real también abrió la posibilidad de que se presentaran en España cargos de genocidio contra los miembros de la Junta Militar en Argentina. Durante dicha investigación se condenó al ex capitán Adolfo Scilingo a 1,084 años de prisión por su implicación en dos vuelos de la muerte: en la primera quincena de junio de 1977 transportó a 13 personas y un sábado de agosto de 1977 llevó a otras 17. Fue el primer militar argentino condenado por un tribunal extranjero.

Desde el 18 de noviembre de 2019, anda libre por las calles de España. Luego de 22 años en prisión –el 4% de su pena “irrevocable”- fue beneficiado por un régimen de reinserción y colabora en una parroquia de Madrid. La noticia generó el repudio de las organizaciones de derechos humanos.

Garzón también estuvo involucrado en el caso GAL, que involucraba a miembros del gobierno socialista con la organización de grupos paramilitares para combatir al grupo separatista vasco ETA. Después persiguió activamente a la cúpula de Herri Batasuna, el brazo político de ETA.

También en octubre de 2008, Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo, al tratarse de desapariciones forzadas dentro del contexto de crímenes contra la humanidad. Acordó la exhumación de 19 fosas ya identificadas, más todas aquellas que puedieran resultar. Se contabilizaron más de 114,000 desparecidos durante la dictadura franquista. Sin embargo, fue inhabilitado para investigar los crímenes del franquismo.

En ese entonces ya tenía adelantadas pesquisas sobre las masacres de indígenas durante los regímenes militares de Centroamérica. Garzón Real asesoró en la redacción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El caso Gürtel, es el nombre como se conoce a una investigación iniciada en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y denunciada en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia.

Por este caso, Garzón Real fue inhabilitado 11 años. Había ordenado una investigación de blanqueo de dinero que involucraba a políticos de varias comunidades. El problema es que la pesquisa se dio a través de escuchas telefónicas.

Sus clientes

Julian Assange, fundador y propietario de Wikileaks, quien se refugió en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012 ante las acusaciones de presuntos abusos sexuales y coacciones ocurridos en Suecia. Assange fue detenido en abril de 2019, luego de que el presidente ecuatoriano Lenin Moreno informó que su gobierno tomó la decisión de retirar el asilo diplomático a Assange por supuestamente “violar reiteradamente convenios internacionales y de protocolo de convivencia”.

Garzón sigue siendo el coordinador de su defensa internacional después de su detención y pendiente de su posible extradición a Estados Unidos que lo requiere por la publicación de decenas de miles de documentos secretos y lo acusa de asociación delictuosa.

Hervé Falciani, un ciudadano suizo al que en 2013 la Audiencia Nacional negó su extradición a Suiza que le acusaba de haber robado más de 130,000 datos de clientes que ocultaban sus fondos en aquel país. El 2 de mayo de 2016, fue condenado en rebeldía por espionaje a cinco años de cárcel por los tribunales suizos.

El empresario Ángel Pérez Maura quien reconoció el 10 de mayo de 2019 en la Audiencia Nacional,que había pagado un millón de euros más al ex comisario José Manuel Villarejo pensando que contrataría a Baltasar Garzón para que el ex juez evitase su extradición a Guatemala, país que le reclamaba por un caso de corrupción.

Andrei Petrov es un ciudadano ruso detenido en 2013, en Lloret del Mar, por presunto blanqueo de dinero, con cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA). El superior de Petrov, era un general ruso muy próximo al presidente Vladimir Putin, Viktor Kainikin, que según lo investigado llegó a tener más de 44 millones de euros en la BPA.

Banca Privada de Andorra. Tras muchas aclaraciones y rectificaciones, Garzón Real reconoció que había trabajado para la BPA mediante la realización de un informe en 2012. De lo investigado se deduce que el referido informe estaba relacionado con la ocultación en el banco del principado de alrededor de 200 millones de euros por parte del chavista Diego Salazar y su primo Rafael Ramírez.

Petróleos de Venezuela S.A. Baltasar Garzón ha reconocido que recibió el encargo de trabajar a favor de (PDVSA) a través de un despacho de abogados de Estados Unidos. El objeto de su trabajo era interponer una demanda contra los ex directivos de esta entidad, Roberto Rincón y Abraham Sierra, acusados de amañar contratos y defraudar a la petrolera venezolana con al menos 500 millones de euros, que habrían sido invertidos en España en fincas y propiedades de lujo.

Los chavistas Wilmer Ruperti y Hugo Carvajal. En el año 2016 el despacho de Baltasar Garzón suscribió un acuerdo con la mercantil panameña Maroli Trading, propiedad de Ruperti, para realizar un informe jurídico que impidiese la extradición a Estados Unidos, del general Hugo Carvajal (ex jefe de la inteligencia chavista) por un importe de 1.850.000 euros. En la actualidad el general Carvajal se encuentra detenido en Estados Unidos a donde finalmente fue extraditado.

Asesorías

Fue asesor de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, para las negociaciones de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Garzón también trabajó como consejero de la misión de paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia.

Ha sido también consejero en materias de seguridad y derechos humanos del PRI de México y asesor de derechos humanos en el Cámara de Diputados de Argentina durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, además de presidente del Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) bajo el auspicio de la Unesco en Argentina entre los años 2012 y 2016.

El ex magistrado también es protagonista de una película titulada: Escuchando al juez Garzón (Isabel Coixet, 2011), un documental-entrevista de hora y media de duración donde el magistrado repasa su trayectoria personal y profesional incluyendo todos los asuntos polémicos en los que se ha visto implicado.

En 2003, Garzón Real se embarcó en un duelo epistolar con el entonces subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que concluyó en un reto a un debate a cara descubierta en la isla de Lanzarote entre el 3 y el 10 de abril del año 2003. El debate nunca se llevó a cabo. En la actualidad Marcos de hace llamar subcomandante Galeano.

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