El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con empresarios para acordar los detalles de la venta de boletos para la rifa del avión presidencial. Los más de 100 hombres de negocios más importantes del país comprarán alrededor de 4 millones de boletos para apoyar con la rifa.
Los empresarios adquirirán una cifra determinada de boletos con el fin de distribuirlos entre sus empleados y en centros comerciales. Entre los asistentes destacan Carlos Bremer, Asunción Aramburuzabala, Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Bosco de la Vega y Miguel Rincón. Durante la cena se entregó una carta compromiso en la cual se vinculaban a invertir como mínimo 20 millones de pesos para la adquisición de boletos.
La cena fue en Palacio Nacional y concluyó las 21:00 horas y en menú incluyó tamales de chipilín y chocolate. También fueron invitados los “niños gritones” de la Lotería Nacional. Las ganancias generadas por la rifa serán invertidas en hospitales y en equipo médico para los servicios de salud públicos.
AMLO solicitó a los empresarios que apoyaran a la rifa con el equivalente a 20 millones de pesos cada uno. El costo del boleto será de 500 pesos M.N.
La aeronave fue adquirida durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón y usado por su sucesor, Enrique Peña Nieto; fue comprado para sustituir el avión “Presidente Juárez”, comprado por Miguel de la Madrid en el año 1988 y que realizó alrededor de 2,662 vuelos, entre ellos 953 nacionales.
La compra fue concretada por el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras) el cual acordó el pago con un 42. 7% de descuento debido a que este tipo de aviones todavía no era probado en usos constantes y fue comprado en un precio aproximado de USD 200 millones.
El avión presidencial, nombrado como el héroe independentista José María Morelos y Pavón fue fabricado por la empresa Boeing. El modelo Dreamliner 787 fue solicitado en el año 2011 y el plan de pagos fue a 15 años para cubrir la cantidad total de 6 mil 983 millones de pesos mexicanos. Sin embargo, apenas se han pagado alrededor de 796.4 millones de pesos aproximadamente.
Con el fin de buscar compradores para la aeronave, el gobierno de México trasladó el avión hacia California, pero no hubo ninguna oferta, por lo que el estuvo varado un año en un hangar, lo cual derivó en más gastos para el gobierno ya que tuvo que pagar alrededor de 30 millones de pesos para darle mantenimiento y a su vez pagar por la estancia en el hangar.
La única oferta relevante fue por parte de la compañía Isatech, que ofreció un pago en especie con una propiedad valuada en alrededor de 175 millones de dólares y completar el pago con 138 millones de pesos en criptomonedas, pero el gobierno mexicano no aceptó la oferta.
La intención de sustituir el avión anterior fue debido a que ya se encontraba a pocos años de retirarse del servicio gubernamental, puesto que ya había cumplido con más de 28 años de servicio. Además de que la aeronave ya estaba impedida de aterrizar en distintas ciudades de importancia internacional ya que emitía enormes cantidades de contaminación sonora, por lo que esto reducía su utilidad para viajes oficiales.
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