Los peligros de la militarización de la seguridad pública en México

Es en el marco de la celebración del 107 aniversario de la “Marcha de la Lealtad” en la que el Ejército reiteró su respaldo a la administración en turno, ceremonia que se lleva a cabo en las inmediaciones de el Castillo de Chapultepec con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González y el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En dicha ceremonia el titular de SEDENA agradeció la confianza que el Ejecutivo deposita sobre las Fuerzas Armadas, al tiempo que éstas corresponden reiterando su respaldo a los proyectos de la administración en turno. Tan sólo hace una semana el presidente informó sobre la próxima inauguración de los cinco cuarteles con los que contará la Guardia Nacional, mismos que estarán ubicados en los estados más violentos del país.

Guanajuato, Jalisco y Michoacán serán dichas sedes, gracias a los altos índices de violencia e inseguridad que presentan. Justamente el Ejército confirmó su apoyo al proyecto de transformación de AMLO, que incluye la militarización de la seguridad pública con el argumento de garantizar la estabilidad del país, además de involucrar al Ejército en tareas de construcción de los proyectos de infraestructura de la 4T, como lo es el aeropuerto de Santa Lucía.

Bajo esa misma línea, el titular de SEDENA ratificó que las fuerzas armadas serán las garantes en la erradicación de la corrupción, así como en la pacificación del país y la democracia, señalando que dichas tareas son parte de la transformación de la vida pública en México. Igualmente destacó que será siempre el Ejército el que acompañe y apoye al gobierno actual en las acciones que emprenda en materia de progreso y desarrollo a manera de institución armada y leal, fundamental en la estabilidad del país.

Sin embargo, el nuevo paradigma en materia de paz y de seguridad con el que se busca garantizar la justicia, la democracia y el respeto a los derechos humanos recuerda que el proceso de militarización pública en México más que un elemento transformador, es un gesto precedido por otros movimientos en los que la acción militar actúa contra grupos subversivos o facciosos, que en el contexto actual se traducen en grupos criminales.

La militarización de la seguridad pública forma parte de un discurso que no proviene de la 4T, sino de un proceso que ha ido tomando nuevas caras, discursos e intereses provenientes de diferentes momentos históricos de los que administraciones tanto panistas como priístas han formado parte. El nuevo viejo régimen se mantiene.

Incrementos presupuestales que han bautizado proyectos como la Policía Federal Preventiva con Vicente Fox que contó con alta participación militar (2000-2006); la incidencia del Ejército en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y la Gendarmería Nacional con Enrique Peña Nieto, también tuvo ecos de policía militarizada.

La Marcha de la Lealtad se celebra como un acto que antecede a un golpe de estado que se planeó en 1913 en contra del entonces presidente Francisco I. Madero y que es mejor conocido como “Decena Trágica”, cuya revuelta terminó el 22 de febrero con el asesinato de Madero y el entonces vicepresidente José María Pino Suárez.

AMLO ha afirmado que la 4T no permitirá otro golpe de Estado en México, señalando que no hay oportunidad para los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet. Una de esas ocasiones fue aquella en la que se hizo público el discurso en el que un general del Ejército, Carlos Gaytán Ochoa, criticó al actual gobierno federal.

El general Gaytán discrepó aquella ocasión con el rumbo que llevaba el gobierno, cuestionando sus gestiones estratégicas que, supuestamente, habían ofendido a los soldados, además de asegurar que altos mandos castrenses de administraciones pasadas habían avalado el pisoteo de los derechos humanos. Lo mencionó un integrante de las fuerzas castrenses con 50 años de experiencia.

Actualmente la Guardia Nacional es uno de los principales pilares del plan de seguridad del gobierno del presidente López Obrador frente a los altos índices de violencia que se presentan en el país, un cuerpo de protección que en gran parte es de corte militar.

Reducir los índices de criminalidad y establecer una política de seguridad supone correr por cuenta de la Secretaría de Gobernación, mientras que la coordinación y aseguramiento de políticas efectivas de seguridad ciudadana, por parte del Ejecutivo.

La crisis de inseguridad en México se ha incrementado y, con ella, la militarización de la seguridad pública, misma que podría poner en peligro los procesos de transparencia, que ha hecho que vayan en detrimento las instituciones encargadas de la misma, además de, paradójicamente, incrementar la violencia en el país.

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