El Puerto de Manzanillo, ubicado en el estado de Colima, es uno de los más importantes del país. En el 2018 alcanzó una nueva cifra récord al movilizar 3,000,000 de contenedores, lo que representa alrededor de 22 millones de toneladas en mercancías.
Desde hace años, este puerto está en la mira toda vez que se sospechaba que existía una red de corrupción entre las autoridades portuarias, además de que también se ha vuelto blanco de los cárteles del narcotráfico y del crimen organizado para poder recibir y transportar droga y armas.
Las sospechas de corrupción fueron confirmadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno actual, que realizó una investigación en la que quedó descubierta una red en la que se otorgaban la venta y contratos de cesión parcial de derechos sin el aval de su Consejo de Administración y detectó que funcionarios de alto nivel estuvieron involucrados en esa estructura en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el diario El Universal, la investigación fue entregada el pasado mes de diciembre, que confirmó la denuncia de hizo la Auditoría Superior de la Federación en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.
Se encontraron tanto inconsistencias como incumplimento y omisiones durante la gestión del ex director de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, al favorecer a empresas amigas, aunque al final no tuvo consecuencias legales.
El pasado 9 de enero, durante su tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció “Tenemos pruebas de que administradores de puertos o están coludidos o se hacen de la vista gorda en actos de corrupción”.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que estaban en marcha investigaciones por las denuncias presentadas contras las API, entre ellas la de Manzanillo, en las cuales se indaga el papel de los titulares y sus subordinados.
El 7 de noviembre de 2018, El Universal publicó que el Órgano Interno de Control de la API Manzanillo , dependiente de la SFP, iniciaría una investigación en torno a una red de corrupción de funcionarios en esa terminal que vendían y entregaban contratos de cesión parcial de derechos sin aval del Consejo de Administración.
Uno de los contratos a investigar era el entregado a la empresa Logística de Fluidos y Graneles, de las cuales son socios Patricia y Héctor Sánchez Espinosa, primos hermanos del gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez.
En ese momento trascendió que existía una denuncia ante el OIC en el cual se presumían distintas irregularidades administrativas del director general de la API Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, quien dejó el cargo en enero de 2019.
La denuncia se fundamentaba en tres argumentos:
Que el director de la API asignó directamente una cesión parcial de derechos a Logística de Fluidos sin apegarse al acuerdo del consejo.
Que la API tramitó dicha solicitud sin contar con toda la documentación que señala la normatividad establecida en la Ley de Puertos y su reglamento.
El contrato de cesión número APIMAN01-035/18 presentaba inconsistencias que ameritaba su revisión y hasta su revocación.
Las indagatorias revelaron que el concesionario con número de contrato APIMAN01-020/07, Terminal Internacional de Manzanillo pagó en 2018 la cuota fija con base en el avalúo realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) de 2008, cuando debió ser con el 2013.
Esto infringe el periodo de actualización del avalúo de cada cinco años establecido en los contratos “por lo que tiene abierto un expediente administrativo de investigación por las conductas presuntamente irregulares” de funcionarios encargados de dar seguimiento a las obligaciones contractuales del cesionario.
También encontró discrepancias en el contrato APIMAN01-029/13, relacionado con el cobro de cuota variable de Terminal Marítima Hazesa por 69.5 millones de pesos que no fue reconocida por la empresa.
La Auditoría Superior de la Federación confirmó que el director de la API Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, firmó el contrato número APIMAN01-035/18 con Logística de Fluidos y Graneles, que no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 17 del reglamento de la Ley de Puertos, y otorgó una prórroga de 15 años al cesionario con número de contrato APIMAN01-020/07 sin cumplir la normativa.
La investigación, a la que tuvo acceso el diario, demuestra que el ex director Noval Nicolau “incumplió con sus obligaciones como servidor público” y tampoco “atendió las instrucciones del Consejo de Administración de la API y fue omiso en el desempeño de su empleo, cargo u omisión, así como los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo y honradez”, descritas en el artículo 7 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Todo salió a relucir luego de que este funcionario, junto con Ricardo Martínez Suárez, entonces director adjunto de Proyectos Prioritarios Marítimo-Portuarios y Alejandro Hernández Cervantes, director general de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), procedieron a formalizar un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones el 21 de agosto de 2017 con Logística de Fluidos y Graneles el cual se registró bajo el número APIMAN01-035/18 el 27 de agosto de ese año
“A pesar de que la empresa no contaba con los permisos y las autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica y de las autoridades ambientales”.
La firma tampoco “presentó la acreditación de contar con recursos financieros, materiales y humanos para realizar el proyecto, entregó un título de propiedad que no se encontraba su nombre, no presentó título de concesión de la zona marítima terrestre -competencia de la Secretaría del Medio Ambiente- y no proporcionó copia certificada de la autorización en materia de impacto ambiental.
El contrato contempla una concesión de superficie de agua de 159,052.42 metros cuadrados, para construir y operar una terminal marítima especializada en almacenamiento de petrolíferos, para carga, descarga, manejo, almacenaje, alijo, estiba y acarreo de fluidos de cualquier tipo, sea granel agrícola, fertilizantes y carbón con vigencia de 20 años y la posibilidad de prorrogarse.
Presuntas irregularidades
Nora Alba Borrego Balleza, titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la API Manzanillo, había señalado desde el 15 de octubre de 2018 en el oficio OIC09/179/363/2018 “que hay elementos para indicar que los servidores públicos señalados cometieron presuntas irregularidades administrativas (...) debiendo ser revocados dicho contrato en cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Puertos”.
Incuso la comisaria pública propietaria y delegada del sector económico de la SFP, María del Rosario Elena Guerra, argumentó durante la Vigésima Cuarta Reunión Ordinaria del Consejo de Administración de la API Manzanillo del 7 de septiembre de 2018, que “el contrato debía recuperar y revisar si se cumplía con todas las condiciones exigibles, aunque en esa fecha ya se había registrado el contrato ante la Dirección de Puertos sin el aval del Consejo de Administración”.
A pesar de que se ordenó elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa, la autoridad investigadora - la Secretaría de la Función Pública- determinó mediante el expediente Acumulado 2019/APIMANZANILLO/DE7 calificó como “no grave” la falta administrativa cometida por Ovidio Noval Nicolau, ex director de la API Manzanillo.
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