Sólo 13 de los 32 estados del país se han adherido al Insabi

A la fecha, sólo 40% de las entidades de la República Mexicana se han adherido de manera formal al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, entre los que se encuentran: Tabasco, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Ciudad de México, Colima, Baja California, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí y Puebla. Sobre los 19 estados restantes, el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, los reportó en proceso de adhesión, mismos que cuentan hasta el final de enero para formalizarlo.

Durante la conferencia Mañanera de este martes, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó que la no adhesión significa que cada estado siga manejando su sistema de salud, que no lo transfieren a la Federación, de la que señaló que siempre ha otorgado los recursos para la salud de la gente, dinero que seguirán recibiendo vía ramos 33, 28 y 12.

Es decir, aseguró que no se mermarían los recursos que recibe cada estado en materia de salud.

Fue en noviembre de 2019 que se anunció que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) recibiría la transferencia de al menos 40 mil millones de pesos procedentes del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, recursos que aprobaron los integrantes de las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos.

Justo el 16 de enero, López Obrador anunció que para asegurar que la población que no cuenta con servicios públicos en materia de salud, los reciba de manera gratuita, el gobierno federal destinará 40 mil millones de pesos adicionales que se entregarán a los estados que acepten adherirse al Insabi.

Recientemente, el presidente indicó que los estados que no se adhieran al Insabi no contarán con recursos adicionales, para lo que sus gobernadores cuentan hasta el 31 de enero como fecha límite de adhesión. Por su parte, Juan Antonio Ferrer, titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) indicó que de contar con los 32 estados en el proceso de federalización de los servicios de salud propuesto por la actual administración se beneficiarían a 69 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios públicos de salud.

Sobre los Fondos de Riesgo transferidos al Insabi, el exsecretario de Salud, Julio Frenk, señaló en entrevista para El Universal, que con ello se le quitó seguridad financiera que ya tenían personas sin seguridad social y que los 40 mil millones de pesos se van a utilizar para pagar nóminas y gastos de operación, cuando en el Seguro Popular los recursos se utilizaban únicamente para la atención a pacientes.

Entre los gobernadores de oposición al Insabi se encuentran: Diego Sinuhe Rodríguez, de Guanajuato; Enrique Alfaro, de Jalisco; Martín Orozco, de Aguascalientes; Francisco García Cabeza de Vaca; Francisco Domínguez Servién; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur y todos los del Partido Acción Nacional (PAN); fue el martes pasado que los gobernadores se reunieron en el Palacio Nacional con AMLO, momento que aprovecharon para reclamarle sobre el cobro de cuotas en los hospitales públicos, así como la falta de reglas de operación del Insabi.

Para garantizar el presupuesto del gobierno federal, al Insabi se le había puesto la misma fórmula que se manejaba en la Ley del IMSS, a fin de que fuera homologada, aunque inexplicablemente se eliminó y ello es un suicidio presupuestal para la Secretaría de Salud, en el que se vuelve a la discrecionalidad cuando el presupuesto quedaba en manos del Secretario de Hacienda, del Presidente y de los legisladores que lo negociaran, señaló también Frenk en entrevista para El Universal.

Otra de las razones por la que los gobernadores se niegan a adherirse al Insabi es porque sus reglas de operación se publicarán hasta junio, motivo por el cual continuarán atendiendo a sus habitantes a través del Seguro Popular y, hasta el momento, no se han adherido al propuesto sistema de salud de la 4T, a fin de no perder responsabilidad sobre la salud en sus estados y ante una reforma a la ley de salud que les parece hecha al vapor, sin reglas claras de operación y sin adecuaciones presupuestales, ni administrativas.

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