La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) busca a 63 mexicanos reclamados en cinco países, por su probable responsabilidad por los delitos de lavado de dinero, narcotráfico, fraude, secuestro, peculado, tortura, tráfico de personas, robo de niños, asesinato y violación de menores, entre otros.
De acuerdo con el diario Milenio, México, Estados Unidos, Uruguay, Argentina y Guatemala; pidieron la intervención de la Interpol, por lo que la organización realiza una búsqueda en 194 países al tiempo que emitió las fichas rojas que ordenan su captura provisional con fines de extradición.
Entre los mexicanos prófugos destacan el ex gobernador de Chihuahua César Duarte, el narcotraficante Rafael Caro Quintero y el sacerdote Eduardo Córdova Bautista, acusado de violar a menores de edad en San Luis Potosí.
De los 63 casos, solo en 56 Interpol ofrece detalles de los países que solicitaron el auxilio de los 194 que integran la organización, así como de los delitos que imputan a cada uno.
En los siete casos restantes no hizo pública la información ni exhibió su fotografía, pero de acuerdo con Milenio que cita a funcionarios del gobierno federal, se trata del ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, su hermana Gilda Susana y su esposa Marielle Helene Eckes, así como Nelly Maritza Aguilera Concha, involucrados en los casos de Agronitrogenados y Odebrecht.
Lo mismo ocurre con el ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres, el empresario José Kamel Nacif Borge, llamado “El Rey de la Mezclilla”, y el ex jefe de la Policía Judicial de la citada entidad Adolfo Karam Beltrán, contra quienes hay una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la tortura contra la periodista Lydia Cacho, delito catalogado como grave, por lo que no prescribe, según el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el caso del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, de quien se cree está en Estados Unidos, México lo busca por peculado agravado y peculado. Sobre él pesan 15 órdenes de aprehensión por el desvío y disposición indebida de mil 200 millones de pesos, además de ser acusado de haber entregado recursos de la nómina del estado a varias campañas del PRI en 2015.
El narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien desde 1985 ha logrado evadir su entrega a Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar, es requerido para ser juzgado por crímenes violentos en ayuda del crimen organizado (cuatro cargos), conspiración para cometer crímenes violentos en ayuda del crimen organizado y para secuestrar a un agente federal, plagio de un agente federal y asesinato grave de un agente federal.
El 9 de agosto de 2013, Caro Quintero salió libre tras permanecer 28 años en una prisión mexicana, gracias a que un tribunal colegiado le concedió un amparo. La ex Procuraduría General de la República (PGR) apeló la decisión y llevó el caso a la Corte donde el 6 de noviembre de ese año la Primera Sala revocó la sentencia.
Sin embargo, el pasado mes de diciembre, un juez mexicano concedió una suspensión de oficio y de plano a Rafael Caro Quintero, que evita su extradición a Estados Unidos en caso de ser localizado y detenido.
Washington ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por él.
Mientras que el sacerdote Eduardo Córdova es buscado por privación ilegal de la libertad, abuso sexual calificado, corrupción de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen la capacidad de resistirlo, y violación equiparada.
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