DACA está a la deriva, el programa migratorio que protege a los “Soñadores” en EUA

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha puesto en cuestión al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) desde el inicio de su administración.

El programa fue creado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el mandato del ex presidente Barack Obama el 15 de junio de 2012.

Sin embargo, fue el pasado 12 de noviembre que la Suprema Corte de Estados Unidos sopesó los argumentos a favor y en contra de la terminación de DACA, fecha en la que Trump aseguró a través de su cuenta en Twitter que un gran número de “dreamers” o soñadores cuentan con antecedentes penales en el país.

En contraste, los jueces de la Corte norteamericana cuestionaron la situación de este sector de la población de indocumentados y hablaron en relación al apoyo que vieron hacia ellos por parte de diferentes organizaciones, mismas que les enviaron documentos que avalan el apoyo al programa DACA.

Igualmente, Donald Trump señaló a través de otra publicación en sus redes sociales que “los dreamers no eran ningunos angelitos, pues también tienen un historial criminal”, además de hacer hincapié en que algunos son muy fuertes y curtidos criminales, que ya no son tan jóvenes.

Dentro de la Suprema Corte y bajo los argumentos del senador Robert Menéndez fueron analizadas las declaraciones del presidente estadounidense, ya que el congresista demócrata afirmó que lo dicho por el primer mandatario no contaba con ningún soporte, ya que para aplicar al DACA se tiene que solicitar una carta de antecedentes no penales y al término de dicho proceso, quienes son beneficiados por el programa han de ser declarados como libres de cargos penales.

Es decir, el mismo gobierno hace revisión de los antecedentes penales de quienes aplican al DACA y quien confirma si pueden formar parte o no del programa conforme a los resultados. Lo anterior, restaría fuerza al discurso del presidente Trump ante el Congreso en relación a su objetivo de anular el programa en su país.

A pesar de ello, la situación de 700 mil jóvenes pertenecientes el programa se encuentra en manos de la Corte hasta junio de 2020, lo que determina una situación compleja si el Tribunal dictamina contra esta población vulnerable en el territorio norteamericano.

Ello se reflejaría también en la pérdida de trabajos, así como de lugares en las escuelas del mencionado país, sin contar que entre sus daños colaterales podría afectar al sistema médico estadounidense, ya que actualmente existen 27 mil médicos, enfermeras, dentistas y otros trabajadores del sistema de salud que pertenecen al programa.

DACA además de velar por el estado migratorio de jóvenes inmigrantes, también ha permitido que los programas actuales de medicina y de residentes médicos se nutra de la población de “dreamers”.

Emprender acciones en su contra significaría el colapso del sistema de salud pública en Estados Unidos, al privar a un gran sector de su población de la especialización y atención que han adquirido los “soñadores” en materia de salud. Los sectores más afectados serían los de menores recursos, aquellos residentes en zonas rurales y vecindarios de bajos ingresos.

Eliminar DACA podría erosionar también la inversión en educación que se ha hecho hacia los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos, especialmente cuando el programa se ha implementado a lo largo de casi ocho años.

El futuro de pacientes y de profesionales de la salud está en juego.

Cabe señalar que las personas adscritas al programa, como miembros del mismo deben avalar el haber llegado a Estados Unidos antes de los 16 años, así como haber vivido ahí desde el 15 de junio de 2007, además de no contar con más de 30 años al promulgarse la política en 2012.

Hasta el momento la nacionalidades que integran a la población del DACA son, principalmente México, seguido de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Aunque el programa no les dio aval para convertirse en ciudadanos, ayudó a que pudieran contar con licencias de conducir oficiales, estudiar en la universidad y contar con trabajos legalmente seguros.

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