El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México otorgó un amparo al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que ordena dar trámite al recurso de apelación que interpuso y con el cual pretende echar abajo la sentencia de nueve años de prisión dictada en su contra en septiembre de 2018.
La resolución implica que un juez de control con sede en el Reclusorio Norte determine si es procedente disminuir la sentencia que se le impuso luego de declararse culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
En declaraciones al diario La Jornada, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, abogado de Duarte de Ochoa, señaló que el fallo del juez de control debe ser turnado al Tribunal Unitario de Apelación, que deberá determinar, en caso de admitirla, si la sentencia es legal o no.
Con la finalidad de que el juez de control que lo sentenció en el procedimiento abreviado, le dé trámite a la apelación y lo mande al unitario para su substanciación (conducir un asunto o juicio por la vía procesal adecuada hasta ponerla en estado de sentencia), esto nos abre la puerta para que el tribunal estudié si fue legal
Con esta apelación, el tribunal unitario ya no tendrá que pronunciarse sobre el primer escrito que interpuso Javier Duarte de Ochoa en el que se desistió de apelar la condena, ya que en un segundo escrito solicitó desconocer tal desistimiento.
Lo que sigue es esperar a que se tramite el recurso y los magistrados advertirían que si fue legal habría que ver cuáles fueron los vicios que le encontró. Si es un vicio de forma o de fondo para reponer todo o una parte del procedimiento
El mes pasado, el Tribunal unitario aseguró que el juez de control se extralimitó en sus facultades al desistir el recurso de apelación porque sólo le compete al Tribual unitario pronunciarse sobre el caso.
La defensa legal del ex gobernador coincide en que se violaron los derechos de legalidad y seguridad jurídica de su cliente. Sin embargo, no descartó que también el Tribunal Unitario se pronuncie por no dar trámite a la apelación.
Javier Duarte fue condenado a nueve años de prisión en septiembre de 2018, fecha en que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó el decomiso de 41 bienes, entre los que se encontraban 20 parcelas en el estado de Campeche y 20 inmuebles: casas, departamentos de lujo, tres de los cuales se encuentran en la zona exclusiva de Santa Fe y tienen un valor cada uno de 45 millones de pesos, y terrenos, que se ubican en Ciudad de México, Cancún, Estado de México y Veracruz.
El 4 de noviembre, un tribunal federal también otorgó un amparo a Javier Duarte de Ochoa mediante el que se anula un proceso en su contra por el delito de peculado por 220 millones de pesos.
Este fallo ordena a un juez de control dictar una nueva resolución para decidir si vincula o no a proceso al ex gobernador y si modifica o rectifica la prisión preventiva. También insta al juzgador a analizar debidamente los hechos que llevaron a fincar un proceso legal en contra del acusado ya que presuntamente fue vinculado a proceso sin evidencia concreta sobre su participación en la malversación de fondos públicos.
La Fiscalía General de Veracruz acusó a Duarte de Ochoa de desviar hacia el erario estatal fondos correspondientes a la Comisión del Agua, organismo independiente, en el año 2014, cuando era gobernador.
Esos 220 millones de pesos no se devolvieron al organismo por lo que quedaron incompletas obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado en zonas urbanas, según la Fiscalía.
En agosto de 2018, la aún Procuraduría General de la República (PGR), bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, presentó formalmente la acusación contra Javier Duarte por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Esto constituyó una reconfiguración del delito del que se le acusaba, pues originalmente era por delincuencia organizada, lo que implicaba una reducción en la condena que podría enfrentar el ex priista, quien fue detenido en Guatemala en abril de 2017.
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