El desastroso operativo para detener con fines de extradición a Ovidio Guzmán López no fue una decisión espontánea, se podría haber gestado un mes atrás y la Administración para el Control de las Drogas (DEA por sus siglas en inglés) jugaría un papel importante.
Fotos, documentos y reportes locales, dan cuenta de una reunión de agentes estadounidenses con funcionarios estatales y federales 36 días antes del 17 de octubre, cuando Culiacán, Sinaloa, se convirtió en un infierno.
Dada a la preocupación del presidente Donald Trump por el incremento en el trasiego de heroína, metanfetaminas, fentanilo y cocaína a Alabama y Nueva Orleans, presuntamente provenientes de cárteles mexicanos, la agencia estadounidense habría promovido el movimiento contra el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El pasado 11 de septiembre, una delegación de 20 servidores públicos federales y fiscales de dichos estados americanos, llegaron a México para entender cómo opera el crimen organizado en nuestro país.
La visita fue realizada por el Departamento de Estados de Norteamérica, la División de Operaciones de la DEA, y la Dirección de la DEA que opera en nuestro país y gestionada al más alto nivel del gobierno mexicano.
Fue un miércoles, cuando la delegación estadounidense arribó temprano a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México y se encontró con el director regional de la DEA en México, Terry Cole, quien los orientó sobre el poder de fuego de las células criminales. De acuerdo a sus cálculos, el 2019 podría finalizar con unos 35,000 homicidios en México
En la reunión también se encontraba John Creamer, considerado el número 2 de la Embajada estadounidense, ubicada en Paseo de la Reforma, CDMX. El periodista Óscar Balderas relata que Creamer calmó a los funcionarios diciendo que ambas naciones estaban trabajando contra el crimen organizado.
Inmediatamente después, habló el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y pidió a las autoridades extranjeras “descanso y confianza”.
El 12 de septiembre de 2019, un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina trasladó a las delegaciones a la ciudad de Culiacán, bastión del Cártel de Sinaloa.
La aeronave se encontraba habilitada con una metralleta de alto nivel, como una medida de seguridad por si alguien en el gobierno había filtrado la información de su visita y les atacaban en el aire.
Su sorpresa fue mayor cuando el teniente y jefe de la Policía Estatal de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, se presentó con ellos y se sentó junto a la salida de emergencia del Black Hawk con un arma de alto calibre, por si los traficantes querían derribar la aeronave.
Los funcionarios aterrizaron en una zona boscosa, relativamente cerca al área urbana de Culiacán. Cuando pisaron tierra, los flanqueó elementos de la Policía Estatal y marinos.
Entre la maleza se encontraba un enorme narcolaboratorio, recientemente decomisado al Cártel de Sinaloa: había fogatas, decenas de bidones blancos y azules —algunos marcados con mensajes en mandarín—, lonas camufladas para despistar desde lo alto, tanques de gas, y decenas de ollas con capacidad de 200 kilogramos.
Los cálculos de los estadounidenses revelaron que sólo ese laboratorio era capaz de producir tres toneladas de metanfetamina, lo que equivalía a USD 120 millones al mes. Frente a ellos tenían un lugar que generaba USD 1.4 mil millones anuales por “envenenar” a sus ciudadanos.
Las autoridades, —que creían que el Cártel de Sinaloa había perdido poder tras el encarcelamiento de Joaquín “El Chapo” Guzmán— soltaron: “se necesita algo muy grande para impresionarnos, y ésto (el narcolaboratorio) nos tiene asombrados”.
Al día siguiente, el 13 de septiembre, la delegación estadounidense dejó México y elaboró un reporte con lo que vieron en menos 72 horas y más de 8,850 kilómetros. Un enunciado sentenció todo: “La inteligencia criminal acumulada por nuestra delegación fue inconmensurable", según relata Balderas.
Como era de esperarse, el informe final encendió focos rojos en la Casa Blanca, de donde salió un mensaje a las oficinas más altas de la FGR en México. En él se especificaba que el gobierno mexicano debía detener el envío de drogas a Estados Unidos.
En la DEA figuraba un nombre de quien supuestamente traficaba las sustancias al país vecino. Ese era Ovidio Guzmán López, que presuntamente estaba ligado al narcolaboratorio decomisado.
La presión del Gobierno estadounidense habría desencadenado un operativo precipitado y sin planificación contra el Chapito, a quien Fuerzas Federales capturaron y luego liberaron por temor a una masacre contra inocentes, en Culiacán, Sinaloa.
Por teléfono, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y su homólogo, Donald Trump, hablaron sobre la derrota de las Fuerzas Federales. Más tarde, en Twitter, López Obrador escribió: “Le agradezco al presidente Trump su respeto a nuestra soberanía”.
El gobierno de EEUU ya ha empezado a presionar al gobierno mexicano entorno al combate del narcotráfico. Rich Glenn, subsecretarios de estado en Asuntos de narcotráfico internacional, señaló durante una audiencia en la Cámara de Representantes, que únicamente se logrará progreso una vez que México desarrolle y comparta una estrategia con objetivos claros para confrontar al crimen organizado y que tenga compromiso político.
La visita sigilosa se ha hecho visible una semana después del infierno en Culiacán. Antes, sólo se dijo que la presencia de la DEA en México fue invitación del gobierno del Estado para presentarle los datos sobre la disminución en el número de homicidios, así como de otros delitos relacionados con el crimen organizado.
El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, explicó que en la reunión se le pidió dinero a la DEA para la compra de tecnología, que se propuso para la investigación y persecución de delitos.
La petición se realizó en una reunión breve, que sirvió como antesala para una reunión nacional, en la que se trataron asuntos bilaterales con el Gobierno de Estados Unidos, respecto a los recursos del Plan Mérida para el combate al crimen organizado.
Desde 2014 a la fecha, Sinaloa ha aparecido como uno de los estados de mayor peligro para los visitantes extranjeros y se ha referido que sólo la zona turística de Mazatlán, los centros, los aeropuertos de Los Mochis y Culiacán son seguros durante el día.
El terror de la población fue suficiente para que el gobierno mexicano diera marcha atrás y liberara a Ovidio Guzmán, “El Ratón”, a quien acababan de detener.
En menos de seis horas, el país quedó doblegado ante la capacidad de fuego de uno de los cárteles más poderosos del país, el de Sinaloa.
Una semana después, 14 muertos, y un sinnúmero de ruedas de prensa, los cabos sueltos de la misión militar continúan sobre la mesa sin que se hayan resuelto del todo.
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