Miguel Ángel Mancera Espinosa llegó al gobierno de la Ciudad de México con un nivel de popularidad pocas veces visto y con el mayor porcentaje de votos en la historia de una contienda local: 63.6%, pero terminó con un nivel de desaprobación del 64%.
La drástica caída obedece a que, durante su gobierno, los índices de inseguridad se dispararon, permitió el asentamiento de al menos cuatro cárteles del narcotráfico, se elevaron los feminicidios y se profundizaron los actos de corrupción, que entre otras cosas, favorecieron el crecimiento descomunal de inmuebles que no cumplían las normas y dejaron más de 200 muertos en el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017.
La CDMX, sumida en la violencia criminal
Hasta ahora, el sexenio de Miguel Ángel Mancera es el más violento del que se tenga registro.
De acuerdo con los datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2012, mes en que inició la gestión de Mancera, a diciembre de 2018, se reportaron más de 5 mil 400 casos de homicidio, mil casos más que en los gobiernos de sus antecesores.
La cifra representó un incremento del 22.34 % en la incidencia de homicidios dolosos, en comparación con la administración de su antecesor, Marcelo Ebrard, gobierno en el que Miguel Ángel Mancera fue procurador.
Durante los años 2013 y 2014, los homicidios se mantuvieron en niveles similares a los del sexenio anterior con menos de 750 casos, pero en 2015 comenzó el incremento y ese año cerró con 854 casos.
Para 2016 la cifra llegó a los 952 casos, con lo que se rompió por primera vez el récord anual de asesinatos en la ciudad. En 2017 el récord volvió a romperse al superarse la barrera de los mil homicidios. Y para 2018, el año más violento a nivel nacional de acuerdo con el SESNP, en la capital del país ocurrieron 1,380 homicidios, por lo que la tasa anual llegó a los 13.94 homicidios por cada cien mil habitantes.
A la par de este incremento en los asesinatos, también aumentaron otros delitos como la extorsión y el feminicidio. Entre 2014 y 2017 el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio documentó 647 muertes violentas de mujeres, sin embargo solo 228 de los casos fueron investigados como feminicidios, a pesar de que en el resto pudo identificarse un componente de género. Pese a los números, Mancera siempre se resistió a emitir una alerta de género para la capital del país.
Pero de acuerdo con la administración de Mancera Espinosa, hubo una baja en otros delitos como el secuestro. Al cierre de 2018, anunciaron que sólo hubo 35 casos.
En otro delito de alto impacto, las extorsiones, el balance de la administración de Mancera también era positivo. La capital pasó de 5 mil 147 casos denunciados en la administración de Ebrard a tres mil 867 en el sexenio de Mancera, una reducción del 25 % en la incidencia
La cifras parecían coincidir con los reportes del SESNSP, institución que se alimenta de lo que reportan las procuradurías y fiscalías de los estados.
Mancera: experto en el “maquillaje” de cifras
Al inicio de la actual administración capitalina encabezada por Claudia Sheinbaum, quedó al descubierto que el gobierno de Miguel Ángel Mancera “maquilló” las estadísticas delictivas, para hacer creer que varios de los delitos de alto impacto como el secuestro, habían tenido una significativa disminución.
De acuerdo con la actual procuradora capitalina, Ernestina Godoy, la alteración de las cifras llegó al 75% de los delitos. Precisó que la revisión de los datos de la administración anterior estuvo supervisada por gente de las Naciones Unidas.
Mientras que en algunos delitos, el maquillaje de cifras era mínimo como en el caso de las lesiones dolosas por arma de fuego, donde hay sólo un cambio de 1.5%, en otros la diferencia fue abismal.
El gobierno de Mancera reportó que en todo el 2018 sólo se registraron 35 casos de secuestro, pero con la revisión y reclasificación que se hizo con la nueva administración, se encontraron un total de 280. Es decir, hubo un aumento de 700%.
También informó que se habían registrado 682 violaciones, cuando en realidad hubo 1,397. El incremento representó un aumento de 104.8%.
Del 2016 al 2018, la administración de Miguel Ángel Mancera no registró 465 homicidios dolosos cometidos en ese periodo, así lo revelaron el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y el Observatorio de la Ciudad de México. Y hay más.
Según el portal de datos abiertos en el 2016 hubo ausencia de expedientes de 81 asesinatos; en 2017 faltaron 173; mientras que de enero a noviembre del 2018 no se reportaron 211 carpetas y ni siquiera se registraron en el sistema.
Otro hecho en la manipulación de información, fue la clasificación de delitos como alto y bajo impacto. Durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, se clasificaban como alto impacto únicamente los homicidios dolosos, los secuestros y la extorsión.
Pero de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, la clasificación actual abarca el homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, secuestro, extorsión, trata de personas, robo con violencia, robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, violación y narcomenudeo.
Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México presentó una denuncia contra quien resulte responsable del maquillaje de cifras. Hasta el momento, no ha habido ningún culpable por estos hechos.
El narco en la capital del país
Pese a las manipulaciones en las cifras con la intención de generar un avance en el combate a la delincuencia, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos llegaba al 84.6%. La gente temía salir de sus casas, ante la posibilidad de ser víctima de algún delito.
A medida que se incrementaban los índices delictivos, la ciudad sufría casos que evidenciaban ser obra del crimen organizado.
Sin embargo, Miguel Ángel Mancera se esforzaba en decir una y otra vez que en la Ciudad de México no había presencia de Cárteles del narcotráfico. Vendía a la capital del país como un oasis, blindado de la violencia de esos grupos.
Al inicio se hablaba que la Ciudad de México era un refugio para los grandes capos del narcotráfico, que sólo tenían aquí “sus residencias de descanso”.
“Lo que nosotros tenemos aquí y que ha sido reportado por las autoridades porque además es de competencia federal, es un asentamiento de carteles”, dijo el entonces jefe de gobierno en el 2016.
Pero la realidad terminó por imponerse.
Tan solo tres años después de su declaración, se han identificado a por lo menos 16 grupos delincuenciales relacionados a cuatro cárteles del narcotráfico con presencia en la Ciudad de México.
De acuerdo con un informe de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de Investigación, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel Nueva Generación Tepito, Cártel Tláhuac y La Unión Tepito son las organizaciones de narcotráfico que operan en por lo menos ocho alcaldías del territorio capitalino.
Aunque Iztapalapa y Gustavo A. Madero son las demarcaciones en donde hay mayor número de células criminales: nueve y siete respectivamente, también hay presencia de cárteles en Xochimilco, Tlalpan, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. En estas dos alcaldías se ha registrado, principalmente, operaciones de La Unión.
Los grupos que se desprenden de los cárteles y que también tienen conflictos entre ellos, a pesar de ser de las mismas organizaciones, son Los Rudos, Pancho El Perro, Los Rychis, La Empresa, La Güera y Tacoya, Lenin Canchola, Gota a Gota, El Virus, Muro, Cambrón, El Pancho, Los Rodolfos, El Canelo, Cara de Cerdo y El Galleta.
Todas estas organizaciones, además de disputarse el control del narcomenudeo y el trasiego de drogas en la capital del país, también son responsables de muchos de los homicidios dolosos que se registran en la ciudad.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, dijo a Publimetro en junio de este año que el saldo de crímenes dejado por disputas entre grupos delincuenciales se debe a que las autoridades de la ciudad no cuentan con una estrategia clara para combatir a las células de los carteles
Pero el 20 de julio del 2017, los habitantes de la Ciudad de México vivieron uno de los episodios que sólo se habían visto en otros estados del país: ese día, elementos de la Marina y del Ejército implementaron un operativo de supervisión en calles de la colonia La Conchita Zapotitlán, en la entonces delegación (hoy alcaldía) Tláhuac, fueron recibidos a balazos por un grupo liderado por Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”’, quien de acuerdo con las autoridades, era la cabeza del grupo de narcomenudistas que controla la zona sur y oriente de la Ciudad de México, principalmente en Tláhuac, MIlpa Alta, Iztapalapa y en Ciudad Universitaria.
Los marinos repelieron la agresión y tras la refriega, perdieron la vida Pérez Luna y siete de sus cómplices. Entonces vino la reacción de los criminales: robaron un camión tipo torton y lo atravesaron en la entrada de Zapotitlán, en Tláhuac y le prendieron fuego, al tiempo que decenas de mototaxistas cerraron diversas vialidades de esa demarcación, causando el pánico entre los habitantes del oriente de la ciudad.
Las autoridades capitalinas vincularon a “El Ojos” con al menos 30 asesinatos y dos cárteles, el de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana. La muerte de “El Ojos” trajo una serie de sucesos violentos en la pelea por la dirigencia del Cártel.
Pero la disputa entre los distintos cárteles y grupos criminales que operan en la capital del país, han terminado con la vida de otros integrantes del crimen organizado.
Algunos de los casos que marcaron el sexenio de Miguel Ángel Mancera
La tragedia en el “Heaven”
Uno de los casos ocurridos en la administración de Mancera Espinosa que más impactaron a la sociedad mexicana fue el del Bar “Heaven”, ubicado en la Zona Rosa, uno de los lugares más visitados por turistas nacionales y extranjeros.
El 26 de mayo de 2013, 13 jóvenes desaparecieron del bar. Tres meses después, el 23 de agosto, sus cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina en Tlalmanalco, Estado de México.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación al gobierno capitalino ante las múltiples fallas durante la investigación.
Lo sucedido en el Heaven fue el primer caso claro de la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México, a pesar de la negativa del jefe de Gobierno.
El multihomicidio en la Narvarte
El 31 de julio de 2015, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa fueron asesinados en un departamento de la colonia Narvarte.
Desde el inicio, se sospechó que el móvil del asesinato eran las profesiones de Rubén y Nadia, pero las autoridades capitalinas desviaron la investigación. Hubo graves omisiones, se fabricaron culpables y se estigmatizó a las mujeres asesinadas (una de ellas era de nacionalidad colombiana), por lo que terminaron omitiendo la línea de investigación que apuntaba hacia Veracruz, estado de donde habían salido huyendo Nadia y Rubén tras sufrir constantes amenazas de las que responsabilizaron al entonces gobernador Javier Duarte.
El feminicidio de Lesvy
El cuerpo sin vida de Lesvy Berlín Rivera Osorio apareció colgado de una cabina telefónica ubicada en la Ciudad Universitaria de la UNAM el 3 de mayo de 2017. Casi de inmediato, la procuraduría descalificó el hecho y aseguró que Lesvy se había suicidado. Poco después, publicó en Twitter una serie de mensajes sobre su vida personal.
Gracias a una larga batalla penal por parte de familiares y amigos de Lesvy así como de algunos colectivos de mujeres, el pasado 11 de octubre de este año, un juez declaró a Jorge Luis González, quien era novio de Lesvy, declarado culpable del feminicidio de la joven.
El negocio de las inmobiliarias
Durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera ocurrió un boom inmobiliario en gran parte de la capital del país. La fuerza de las constructoras inmobiliarias, apoyadas por el gobierno de Mancera, implicó la exclusión, especulación del suelo y desplazamiento de la población.
De acuerdo con organizaciones vecinales y especialistas, las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Medio Ambiente, el Sistema de Aguas, el Instituto de Verificación Administrativa y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial se dedicaron a justificar a las inmobiliarias, las cuales levantaron edificaciones de manera desmedida, principalmente, en alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Cuajimalpa (Santa Fe), sin importar el uso de suelo y mucho menos, la calidad en los materiales.
La proliferación de enormes edificios trajo serios problemas para las zonas: falta de agua por acuíferos sobrexplotados, caos vial a toda hora, tala desmedida de árboles y falta de servicios.
Pero la magnitud del problema quedó dolorosamente expuesta tras el sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017. Ese día, la Ciudad de México sufrió una de las tragedias más grandes de su historia. 228 personas perdieron la vida en la capital del país, luego de que se cayeran 38 inmuebles, muchos de ellos prácticamente nuevos y cientos de edificaciones más resultaron dañados.
Uno de los casos más representativos fue el edificio ubicado en la calle Emiliano Zapata 56, en la colonia Portales Sur de la entonces Delegación Benito Juárez. El edificio tenía sólo 2 años de construido y el costo de cada departamento rondó los 2 millones de pesos. El 19 de septiembre de 2017 el inmueble de seis pisos no aguantó la sacudida del sismo y se derrumbó, causando la muerte de dos mujeres.
La construcción fue realizada por Canada Building Group, empresa que vendió el proyecto como sustentable, resistente y de alta tecnología.
El sismo destapó la terrible corrupción del gobierno de Miguel Ángel Mancera y su apoyo a cuatro inmobiliarias: Fibra Danhos, Grupo Gigante Inmobiliario, Ideal y Copri. En megaproyectos de hasta 44 pisos conjuntaron casas habitación, centros comerciales y hasta cementerios.
Por si fuera poco, las inmobiliarias cercanas al gobierno de Miguel Ángel Mancera vieron en la reconstrucción tras el terremoto, una oportunidad maravillosa para hacer negocios. Y nuevamente vinieron las acusaciones de corrupción.
Organizaciones vecinales como “Vecinos Unidos”, “La Voz de Polanco”, “SumaUrbana”, “Damnificados Unidos de la Ciudad de México” y “Va por mi Gente”, acusaron que el Programa Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, propuesto por el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, beneficiaba al llamado “cártel inmobiliario” de la Ciudad de México.
La jefatura de gobierno había encomendado parte de la reconstrucción a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarias que agrupa a Fibra Danhos, Grupo Gigante Inmobiliario, Ideal y Copri. Pero además otras empresas como Grupo Promotor Aries, encargada de auditar la reconstrucción del Multifamiliar Tlalpan.
Grupo Promotor Aries, está acusada de varios actos de corrupción y de estar “vinculada estrechamente” al grupo español OHL, el cual también ha sido señalado de diversos actos de corrupción.
Una vez que terminó el sexenio de Miguel Ángel Mancera, el nuevo gobierno capitalino encabezado por la morenista Claudia Sheinbaum, anunció que el programa de reconstrucción sería transparente. Después de reclamos y bloqueos del colectivo Damnificados Unidos por presuntas irregularidades de las constructoras, Claudia Sheinbaum prometió entregar un informe sobre el tema.
Días antes de que se cumpliera el segundo aniversario del sismo del 19 de septiembre de 2017, los diversos grupo de damnificados aseguraron que no se ha avanzado en los trabajos de reconstrucción ni en las auditorías a las empresas encargadas.
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