Quién es Eduardo Medina Mora, el polémico ex ministro ligado a casos como Atenco y “El Michoacanazo”

Eduardo Medina Mora ha sido Fiscal General de México, Secretario de Seguridad Pública, jefe de espías del gobierno mexicano, embajador y funcionario en cuatro de las últimas seis administraciones: su larga carrera en el servicio público lo llevó en 2015 a la Suprema Corte, a la cual renunció sorpresivamente este jueves.

Su salida del cuerpo máximo del poder judicial mexicano es inédita, y ocurrió 11 años antes de que su gestión concluya, en el marco de las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) sobre sus cuentas bancarias.

Su carrera

Medina Mora trabajó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994),Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012). Además, a partir de 2009 comenzó su carrera diplomática, primero como embajador en Reino Unido, y después en Estados Unidos (2013-2015), antes de que Peña Nieto lo propusiera a la Suprema Corte.

Precisamente en 2015, cuando se discutía su candidatura a la Suprema Corte en el Senado, Andrés Manuel López Obrador, en ese momento presidente del Consejo Nacional de Morena, criticó a Medina Mora al asegurar que“pertenece a la mafia del poder”. “Pertenece al PRIAN, a los dueños del PRIAN, a Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Azcárraga, ellos son los que mandan”, dijo.

El tabasqueño se refería a la siglas fusionadas del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que Medina Mora trabajó en los gabinetes de los presidentes mencionados cuando estuvieron en el poder, además de referirse al empresario dueño del Grupo Televisa, en ese momento todavía enemistado con López Obrador.

Las polémicas

En junio pasado, se dio a conocer que Medina Mora se encontraba bajo la mira de la Fiscalía mexicana luego de un reporte de “actividad sopechosa” de la Agencia Nacional del Crimen de Reino Unido (NCA por sus siglas en inglés), que detectó transferencias millonarias hechas desde México, a cuentas del funcionario en HSBC UK BANK de Londres por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas (casi 3 millones dólares) , que le fueron depositadas los últimos dos años.

Dicho reporte, derivó en la denuncia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que dice entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC USA, 2 millones 130 mil dólares.

Los depósitos electrónicos, tanto a Reino Unido como a Estados Unidos, que en total suman 102 millones de pesos, rebasan por mucho los ingresos que Medina Mora obtuvo durante ese tiempo como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Medina Mora rechazó las acusaciones y aseguró que la empresa Compusoluciones y Asociados SA de CV, por la que se le señala de recibir pagos dividendos, es una compañía familiar, en la que su difunta esposa era accionista y como tal, recibió dividendos y realizó transmisión de acciones que fueron debidamente documentadas por las autoridades fiscales.

Pero ese fue apenas la última polémica de Medina Mora. En su larga carrera en la vida política y pública del país, el hombre de 62 años ha estado involucrado en varios casos. A continuación, los más destacados:

El caso Atenco

En 2006, el gobierno del Estado de México inició un operativo en el poblado de Atenco, donde se habían llevado a cabo enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y ejidatarios, que estaban en contra de la construcción el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, donde dos activistas murieron y 26 mujeres denunciaron haber sido víctima de violaciones y abusos sexuales a manos de policías.

En aquel momento, Medina Mora era el Secretario de Seguridad Pública federal, bajo las órdenes del entonces presidente Felipe Calderón, por lo que fue acusado de haber sido el responsable del operativo que cometió los abusos. Sin embargo, la Suprema Corte determinó después de la investigación que no se podía determinar si tuvo responsabilidad.

En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí responsabilizó al estado mexicano por las violaciones cometidas contra 11 mujeres durante las protestas de 2006, aunque no señaló directamente a Medina Mora. Sin embargo, las víctimas del caso han pedido justicia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con las víctimas, se debe castigar a los “autores intelectuales”, entre los que se encuentran Enrique Peña Nieto, en ese momento gobernador del Estado de México, y Medina Mora.

Cuando fue postulado por Peña Nieto, ya como presidente del país a ocupar un lugar en la Suprema Corte, Medina Mora también fue señalado por distintas organizaciones civiles por los hechos ocurridos en Atenco. “Que no se pueda determinar judicialmente su responsabilidad no quiere decir que no sean responsables de haber dado instrucciones a los policías y que no hayan recibido el entrenamiento adecuado para respetar los derechos fundamentales”, dijeron.

El “Michoacanazo”

En mayo de 2009, en un operativo organizado por el gobierno federal y el Ejército mexicano, fueron detenidos 38 funcionarios, incluidos 11 alcaldes, 16 funcionarios, un juez y varios mandos policiales en varias localidades del estado de Michoacán, por lo cual recibió dicho nombre.

Medina Mora era entonces el Procurador General de la República (PGR). El caso terminó escandalosamente, ya que los 38 detenidos, en ese momento sin ningún cargo, fueron liberados un año y medio después. Medina Mora y su dependencia fueron acusados de ineptitud.

Y es que las autoridades usaron en ese momento la oscura figura del “arraigo”, que permite detener a un sospechoso con previa autorización de un juez durante la etapa de investigación inicial para prevenir que el señalado pueda escapar de la justicia.

Las acusaciones contra Medina Mora también destacaron que el operativo se llevó a cabo en tiempos electorales contra funcionarios y políticos sobre todo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para obtener beneficios en las urnas.

Mujeres indígenas acusadas de secuestro

Medina Mora, al poco tiempo de asumir el cargo como Procurador, a finales de 2006, también estuvo involucrado en un caso de violación de derechos humanos de tres mujeres indígenas: Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio.

Las mujeres fueron sentenciadas en aquel momento a 21 años de prisión por posesión de droga y secuestro de seis agentes de la desaparecida corporación llamada Agencia Federal de Investicación (AFI).

Pero después de tres años encarceladas, se comprobó que el debido proceso y sus derechos habían sido violados, por lo que fueron puestas en libertad. El caso fue tan mediático que, en 2017, la PGR les pidió una disculpa pública por los abusos cometidos en administraciones pasadas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló en una recomendación que los servidores públicos de la PGR, incluido Medina Mora, violaron la legalidad y la procuración de justicia de las mujeres.

Otros casos

Medina Mora también ha estado involucrado en la investigación de la tragedia de la Guardería ABC, ubicada en Sonora, en el norte del país, donde murieron 49 niños y cientos resultaron lesionados después de que un incendio ocurrido en una bodega vecina se propagara a las instalaciones del lugar, que era privado, pero funcionaba bajo el sistema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, el ex ministro fue acusado de falta de voluntad para encontrar a los responsables y hacer justicia por parte de los padres de las víctimas, que a 10 años de la tragedia, todos los sentenciados del caso están libres o amparados. La Procuraduría, encabezada por Medina Mora, pidió en su momento órdenes de aprehensión por delitos no graves para los responsables.

Además, el funcionario también encabezó, en 2007, la acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR ante la Suprema Corte contra la despenalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, tras su aprobación a nivel local en la Ciudad de México.

En su defensa, Medina Mora aseguró que habían realizado el movimiento apegados a la ley, sin pensar en las posiciones filosóficas o religiosas. El entonces procurador fue acusado de atentar contra los derechos humanos de las mujeres y la Suprema Corte rechazó la postura de la PGR. Incluso ocho ministros manifestaron que la acción no contenía argumentos jurídicos.