La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó este jueves la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, uno de los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se encontraba detenida por los amparos interpuestos debido a la falta de una evaluación de este tipo.
A través de la Gaceta Ecológica, la Semarnat emitió el Resolutivo de Impacto Ambiental (RIA) para autorizar la construcción de un "aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional en la Base aérea militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la reubicación de instalaciones militares".
La construcción de este aeropuerto sustituirá a la del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cuya construcción fue detenida tras la llegada al poder de López Obrador, quien previamente había organizado una cuestionada consulta popular entre los ciudadanos para determinar su futuro.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había promovido el pasado 15 de abril una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de Santa Lucía, que ingresó a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat.
La MIA es un documento técnico-científico que presentan los interesados o "promoventes" en desarrollar un proyecto con el fin de obtener el permiso de la Semarnat, que evalúa el proyecto y emite la RIA.
El documento fue elaborado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a petición de la Sedena. El proyecto incluye la construcción de un aeródromo civil que funja como aeropuerto complementario al AICM para vuelos nacionales e internacionales de pasajeros y de carga.
En la MIA se reconoce que en el área el sistema ambiental es “complejo”, que ha presentado “inestabilidad biológica, social y económica”, pues ahí ha habido un desarrollo desigual.
"El pasado 17 de julio la DGIRA (Dirección General de Aeronáutica Civil) emitió el RIA y al día siguiente lo notificó al promovente", explicaron desde Semarnat sobre el proyecto se ubica en los municipios de Zumpango y Tecámac, al norte de la capital mexicana.
La vigencia de la resolución para la construcción del aeropuerto será de 33 años (divididas en cuatro fases: 2019-2022; 2022-2032; 2032-2042; y 2042-2052) y para su operación será de 50 años. Sin embargo, a pesar de la aprobación, se deberán cumplir con ciertas medidas indicadas por la Semarnat para "prevenir, mitigar o compensar" el impacto ambiental.
Entre los pedidos listados por la Semarnat se encuentra el desarrollo de un programa de mantenimiento de vehículos y maquinaria, así como el monitoreo de las emisiones a la atmósfera, un programa de residuos sólidos y líquidos para evitar la contaminación del agua, la conservación y el manejo de la fauna silvestre y la conservación y restauración de suelos, entre otros.
Las críticas contra el proyecto de Santa Lucía
De acuerdo con la MIA presentada por la Sedena, expertos mencionaron que se encontraron, al menos, 52 errores u omisiones y aunque fuera aprobada por la Semarnat, la resolución podría ser impugnable.
Los integrantes de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental A.C. (AMIA) mencionaron que del 0 al 10 la obra de Santa Lucía "obtiene uno de calificación" y explicaron que si se aprueba se ampararía por violaciones constitucionales en el procedimiento del impacto ambiental.
Los expertos concluyeron que presenta diversos errores de diseño y reporte, "los cuales son apreciables desde la metodología de evaluación y la incorrecta vinculación a instrumentos jurídicos, hasta la falta de identificación de los impactos ambientales".
La batalla legal para la construcción de Santa Lucía
A finales de junio, poco más de un mes de que López Obrador pusiera en marcha su proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, un tribunal federal ordenó frenar la construcción hasta que el gobierno comprobara que tiene los dictámenes y permisos ambientales para garantizar que no afectará al medio ambiente.
La suspensión fue interpuesta por Juan Ramón Morera Mitre, director de la empresa textilera Novalan S.A de CV, pues apeló que la ejecución del Aeropuerto de Santa Lucía se materializó sin contar con las autorizaciones y permisos en materia de impacto ambiental.
SIn embargo el empresario no fue el único en presentar amparos contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. También el colectivo “#NoMásDerroches” pidió que se detuvieran las acciones en el lugar.
En la resolución, los magistrados argumentaron que, de no concederse la suspensión, se podrían ejecutar los actos reclamados de manera irreparable para la sociedad y en perjuicio del medio ambiente.
“Se concede al quejoso la suspensión provisional de las consecuencias de los actos reclamados, para el efecto de que se detenga la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los dictámenes y permiso ambientales conducentes, a fin de garantizar que no afectará el medio ambiente”, resolvió el colegiado.
Sin embargo, con la RIA publicada hoy, el argumento que impedía su construcción, y a la que el mandatario mexicano llamó “sabotaje legal”, quedaría sin efecto, debido a que ya cuentan con el documento necesario para seguir adelante con el proyecto. Pero eso no quiere decir que automáticamente la resolución legal haya dejado de tener efecto.
“‘#NoMásDerroches’ reitera que el Poder Judicial de la Federación no condicionó la construcción del Aeropuerto únicamente a que se otorgara la autorización de impacto ambiental, sino también a que se contara con estudios, dictámenes y permisos en materia cultural, arqueológica, de seguridad, de viabilidad aeronáutica, y de estrategia social, política e interinstitucional”, expresaron este jueves.
“Es decir, la autorización de Semarnat es solo uno de numerosos requisitos para que pueda iniciar la construcción de Santa Lucía. Al día de hoy, se encuentran vigentes once suspensiones judiciales que condicionan dicho proyecto al cumplimiento de los requisitos indicados”, detallaron.
El gobierno necesitaría unas dos semanas para poder atender los amparos presentados hasta ahora.
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