La expulsión definitiva de César Horacio Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, del Partido Revolucionaro Institucional (PRI), atesta un duro golpe en términos simbólicos en su contra.
El motivo, según expuso el partido, es que su conducta se contrapone con los estatutos del partido. Su nombre es sinónimo de corrupción; y es que el ex gobernador tiene 21 órdenes de aprehensión en su contra, 20 de carácter local y una federal. La suma total por enriquecimiento personal y desvió de fondos públicos llega al 1.230 millones de pesos (USD 64 millones).
Los cargos en su contra hacen que Duarte, hasta el día de hoy, siga huyendo de la justicia mexicana. Se presume que está en Texas, Estados Unidos, donde se oculta para evadir las acusaciones en su contra. Para cuando se le imputaron los cargos, el ex gobernador poseía 37 inmuebles valuados en 100 millones de pesos.
El gobierno de Chihuahua le incautó entonces cuatro ranchos adquiridos durante su gestión, entre 2011 y 2017. Animales exóticos y de colección, entre ellos 30 bisontes, 5 llamas y manadas de jabalíes, así como 450 reses que provendrían de Nueva Zelanda y otras de programas gubernamentales, esas eran algunas de las cosas que resguardaba en sus residencias.
De estas excentricidades, destacan las cabezas de ganado, las cuales corresponden con las adquiridas durante su administración para el Programa de Apoyo Social para el Repoblamiento de Hato Ganadero para Pequeños Ganaderos de Chihuahua, pero que nunca llegaron a sus beneficiarios.
Este sería el menor de los escándalos entorno al ex gobernador de Chiahuahua, pues sobre sus hombros pesa el haber dado medicamentos "piratas" a pacientes de cáncer, los cuales además habrían sido adquiridos con un sobreprecio de hasta 300%.
Duarte Jáquez también es señalado por ser accionista del Banco Unión Progreso, creado en marzo de 2014 por el ex Secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral. Duarte adquirió el 15% de las acciones a través del contrato de un fideicomiso por 65 millones de pesos. Ante este hecho, se le acusó de la creación del banco para beneficio propio.
Sus fechorías tienen rastro en otros países. Así es que en 2016 un juzgado español giró una orden de embargo en contra de las propiedades de Duarte, luego de que procediera una demanda de la empresa ACM, fabricante de invernaderos de cristal y plástico en España, que acusó al ex gobernador de intentar pagar un adeudo particular de casi 4 millones de pesos con dinero del erario público.
Las malas prácticas de este personaje lo han llevado a ser buscado por la ley y a que este jueves, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del (PRI) confirmara su expulsión del partido, al que no podrá volver a afiliarse "por ningún motivo".
El PRI ya había suspendido, en 2018, todos sus derechos como afiliado, pero el afectado presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual obligó al partido a revisar el proceso.
Su salida del partido se une a otras noticias vinculadas a la lucha contra la corrupción en México, como la detención del empresario Alonso Ancira, dueño de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) y la inhabilitación de Emilio Lozoya, ex director de Pemex.
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