Durante 13 años han permanecido bajo tierra los cuerpos de 63 mineros en la mina Pasta de Conchos. En todos esos años, los familiares de las víctimas han pedido el rescate de sus restos sin que hasta el momento ningún gobierno les haya hecho caso.
En abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la evaluación de responsabilidad de las autoridades mexicanas en la muerte de los 65 mineros en 2006.
Esto luego de que en 2010, los familiares presentaran su caso ante el organismo, argumentando que el gobierno era responsable de la ineficacia de las labores de rescate.
Esta fue la última batalla a la que se enfrentaron amigos, conocidos y miembros cercanos de los mineros fallecidos en su búsqueda de justicia. Sin embargo, detrás de ella hubo otras. La más importante y que sigue pendiente, es el castigo a la empresa Grupo México, la minera más grande del país cuyo dueño, Germán Larrea, es considerado uno de los hombres más ricos del país.
La tragedia
Los hechos se remonta al 19 de febrero de 2006, cuando hubo un colapso de varios túneles en la mina de carbón y 65 mineros quedaron atrapados en su interior por la explosión.
Tras 5 días de labores de rescate, Grupo México anunció que la búsqueda sería suspendida unos días debido a que el equipo de rescate había avanzado a una parte de la mina donde había grandes concentraciones de gas natural. Un día después, el 25 de febrero, la compañía dijo durante una rueda de prensa que , basándose en un reporte científico, "no había posibilidad alguna de supervivencia tras la explosión de metano".
En estos últimos días del mes, tanto autoridades federales como estatales, en coordinación con Grupo México, aseguraron que la explosión había elevado la temperatura a más de 9.000 grados y que los trabajadores habían sido calcinados.
No obstante, el 23 de junio de 2006 se recuperó el cuerpo de Felipe de Jesús Torres Reyna, quien no presentaba quemaduras, por lo que se determinó que había fallecido por asfixia. El 1 de enero se encontró un segundo cuerpo, José Manuel Peña Saucedo, quien tampoco murió por calcinamiento sino asfixia.
Grupo México dijo en aquel momento que seguirían las labores de rescate, pero no fue así. Ante tal situación, se empezó a especular que el empresario Germán Larrea Mota Velasco y su compañía se estaban beneficiando de la tragedia para ocultar actos de negligencia y malas condiciones laborales.
Y es que hay reportes de inspecciones que señalan que la mina operaba en condiciones poco seguras, con desperfectos eléctricos y presencia de gas por encima de la permitida.
Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México emitió una recomendación en la que señaló que en la muerte de los mineros hay responsabilidad de autoridades, empresa y sindicato minero. El organismo concluyó que existieron violaciones a los derechos humanos ya que funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social permitieron a la empresa trabajar en condiciones de riesgo para la vida y salud de los empleados.
En 2008, luego de que Grupo México cerrara la mina y cancelara las labores de rescate, los familiares anunciaron tareas de rescate por su cuenta. A lo cual, la Secretaría del Trabajo pidió abstenerse de intentar el rescate de los cuerpos debido a la inseguridad en la mina.
El 30 de diciembre de ese año, la CNDH emitió la segunda recomendación en donde dictaminó la existencia de violaciones a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica. Y agregó que se había violentado a los familiares por parte de servidores públicos de la Procuraduría General de la República.
La promesa de regresarlos a casa
Más de una década han tenido que esperar los familiares de los mineros enterrados en su búsqueda por la verdad, justicia y reparación del daño.
Por todo ese tiempo, los grandes ausentes fueron el gobierno federal y la empresa dueña de la mina, Grupo México. No obstante, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador informó la puesta en marcha de las obras de rescate.
Tras el anuncio, el empresario Germán Larrea, le envió una carta al presidente destacando que las tareas para recuperar los cuerpos fue imposible por los riesgos que suponía, aunque se dispuso a apoyar en las nuevas labores.
"Las labores de recuperación de los cuerpos fue una tarea dura y de muy alto riesgo durante 14 meses" dice en una parte de la misiva.
Cada día fueron incrementándose los riesgos para las cuadrillas de rescatistas, de manera que dejó de ser humanamente posible. No podíamos poner en ese alto riesgo vidas humanas para recuperar los restos de los mineros.
Germán Larrea y otros escándalos
Larrea es el segundo hombre más rico de México, actualmente su fortuna se fija en USD 13.300 millones.
Su compañía ha sido acusada en numerosas ocasiones por irregularidades de diversa índole. En 2014 fue señalada como responsable del derrame de 40.000 litros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora.
Durante la campaña presidencial, el empresario emitió un comunicado a sus trabajadores en el que llamó al voto inteligente y señaló los riesgos de instaurar en el país un modelo populista, en evidente referencia al entonces candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Larrea es uno de los empresarios que más ha sido cuestionado por el presidente y ha sido señalado como miembro de "la mafia del poder".
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