El presidente de la organización civil México SOS, Alejandro Martí, y otros 9 empresarios, políticos y funcionarios se quedaron sin los escoltas incorporados a la Procuraduría local y que recibían su pago por parte del Gobierno de la Ciudad de México.
De acuerdo con la revista Proceso, la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, ordenó el retiro de los cinco escoltas, entre ellos un comandante y cuatro policías de investigación, que se encargaban de la seguridad del también empresario.
Se desconoce la identidad de las otras personas que eran custodiadas por elementos de la Policía de Investigación, pero la dependencia indicó que son empresarios, políticos y funcionarios mexicanos.
Godoy pidió el retiro de los agentes capitalinos como parte de la política de austeridad que impulsa la administración de la nueva jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
"En su momento tuvo una actuación destacada y peligrosa y se le dio protección, sin ninguna orden de nadie más que del exjefe de gobierno", dijo Godoy sobre la asignación de escoltas a Alejandro Martí.
Explicó que se comunicó con el empresario, quien expresó "Yo estoy totalmente de acuerdo, además de que yo sigo en esta lucha, pero la gente de la cual yo temía está detenida. Voy a seguir con mis escoltas a mi costa".
La escolta de cinco agentes, un comandante y cuatro policías de investigación, se le fue asignada a Alejandro Martí en 2008, después del secuestro y asesinato de su hijo de 14 años Fernando Martí.
El entonces procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, ordenó a los cinco agentes que cuidaran a Martí ante la peligrosidad de la banda de "Los Petricciolet", grupo criminal que perpetró el crimen contra Fernando, a pesar de que la familia pagó el rescate.
A principios de mes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó sobre irregularidades dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la pasada administración.
De acuerdo con la funcionaria, al menos mil 400 policías de la dependencia trabajaban como escoltas de personas que, por ley, no deberían contar con dicho servicio gratuito.
El pago que se les daba a estos agentes representaba un gasto de 21 millones de pesos mensuales que el gobierno local cubría.
De acuerdo con Sheinbaum, esos elementos serán reintegrados a labores de protección a los ciudadanos.
A esta política se sumó la Procuraduría capitalina, donde encontraron que 10 personas contaban con el servicio gratuito de escoltas.
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