El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien se encontraba preso desde el 11 de noviembre de 2016, acusado de lavado de dinero, podrá seguir su proceso en libertad luego del pago de una garantía de 140 millones de pesos (USD 6,8 millones).
El Juzgado de Distrito autorizó la libertad bajo fianza luego de considerar fundado el incidente de revisión y sustitución de la prisión preventiva impuesta por la defensa de Padrés Elías.
"Lo anterior, al haberse satisfecho los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo Quinto transitorio constitucional para sustituir la prisión preventiva que le fue impuesta en la causa penal que se le sigue por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita", informó el Poder Judicial de la Federación en un comunicado.
El ex mandatario tendrá que presentarse a los juzgados cada 15 días, tiene prohibido salir del país y se colocó un localizador electrónico.
En entrevista con Milenio Televisión, su abogado, Antonio Lozano Gracia, aseguró que la familia busca la manera de cubrir la fianza para que el ex mandatario pueda salir de la cárcel.
Indicó que analizan la opción de acudir a personas o empresas que se dedican a otorgar fianzas y que este martes se interpondrá un amparo relativo al monto de la garantía que debe pagar.
blockquote class="twitter-tweet" data-width="550">#NotaInformativa Juzgado de Distrito declara fundado el incidente de revisión y sustitución de la prisión preventiva impuesta a ex gobernador de Sonora y le impone diversas medidas cautelares para seguir su proceso en libertad https://t.co/M9cZ7ZVBJD
— CJF (@CJF_Mx) November 27, 2018
En Sonora, estado que gobernó de 2009 a 2015, también enfrenta cargos por tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación delictuosa.
Mientras que la Delegación de la Fiscalía Federal en este estado también lo acusa de ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la administración de la justicia.
Por otra parte, la Contraloría auditó a su gobierno luego de detectarse un desfalco superior a los 30.000 millones de pesos (USD 1,5 millones) en daño a las finanzas estatales.
Se le acusó también de operaciones ilegales por más de 11 millones de pesos (USD 534.000), dinero que presuntamente recibió de un empresario para que el Gobierno de Sonora le adjudicara contratos de uniformes escolares, acusaciones que fueron canceladas por un juez el año pasado.
En septiembre fue absuelto del delito de defraudación fiscal. Antes de su detención, estuvo prófugo durante dos años y después de una entrevista radiofónica se dirigió al Juzgado 12 en Ciudad de México, donde se entregó.
Forma parte de la generación de gobernadores que acompañaron durante la primera parte del sexenio del todavía presidente Enrique Peña Nieto, y que después de terminar sus mandatos fueron encarcelados acusados de delitos como corrupción y lavado de dinero.
En este grupo está también el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusado del desfalco a las finanzas públicas más grande de la historia, y Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, acusado de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado, entre otros.
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