Una comisión gubernamental mexicana reconoció este lunes por primera vez en 50 años que la denominada "masacre de Tlatelolco" a manos del Ejército, y que puso fin al movimiento estudiantil de 1968, fue una violación a los derechos humanos y un crimen de Estado.
"La masacre de Tlatelolco, acaecida la tarde del 2 de octubre de 1968 (…) constituye un episodio histórico en el cual el Estado mexicano mostró su rostro más autoritario al silenciar las voces de la movilización ciudadana", dijo Jaime Rochín, jefe de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de México (CEAV).
Ese día, estudiantes que se manifestaban desde julio en el marco de un movimiento nacional realizaron en el céntrico barrio de Tlatelolco un mitin, el cual violentamente reprimido por militares y civiles armados ajenos a los jóvenes.
La masacre de Tlatelolco, acaecida la tarde del 2 de octubre de 1968 (…) constituye un episodio histórico en el cual el Estado mexicano mostró su rostro más autoritario al silenciar las voces de la movilización ciudadana
El balance oficial fue de 30 personas muertas, pero según familiares y activistas podrían ser 400, dijo Rochín.
Afirmó que "fue un crimen de Estado el empleo de francotiradores que dispararon, a fin de crear caos, terror y una narrativa oficial para criminalizar la protesta; fue un crimen de Estado que continuó más allá del 2 de octubre con detenciones arbitrarias y torturas".
Sostuvo que las consecuencias de esta represión fueron el detonante de una espiral de violencia dirigida contra movimientos sociales contrarios al régimen.
Fue un crimen de Estado el empleo de francotiradores que dispararon, a fin de crear caos, terror y una narrativa oficial para criminalizar la protesta; fue un crimen de Estado que continuó más allá del 2 de octubre con detenciones arbitrarias y torturas
Contrario a otros magnos eventos en los que el gobierno ha admitido en medio de una gran cobertura mediática violaciones a derechos humanos, el reconocimiento de los abusos cometidos en 1968 se realizó en el marco de un foro académico sin mayor difusión, con poca gente y sin más autoridades que Rochín.
Tampoco hubo presencia de representantes o familiares de las víctimas.
El comisionado sostuvo que estos fueron invitados al evento y tomaron parte del proceso de trabajo para elaborar el texto del reconocimiento, el cual fue revisado críticamente hasta lograr un documento "mucho más satisfactorio para las propias víctimas".
Rochín señaló que uno reclamos es que se ofrezca una disculpa pública por parte del Estado mexicano, la cual ya no correspondería a la CEAV.
Consultado por periodistas sobre si la disculpa solicitada por las víctimas debe ser dada por el por el presidente Enrique Peña Nieto, aseguró que "muchos de ellos sí exigen ese nivel".
Agregó que este reconocimiento genera la posibilidad de que las víctimas "busquen mayor acceso a la justicia y la verdad con otros elementos".
En 1969, el entonces presidente Gustavo Diaz Ordaz asumió "íntegramente la responsabilidad"de los "sucesos del año pasado", sin jamás referirse a la represión del movimiento estudiantil.
(Con información de AFP)
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