Del ataque con granadas a un diario al asesinato de Miroslava Breach: los 12 años que convirtieron a México en el país más peligroso de América para el periodismo

Botas militares. Rostros cubiertos. Una explosión: ¡bum! "¡Ora sí se los va a llevar la chingada a todos..!" Ráfagas de metralla. Otra explosión: ¡bum! Silencio…

Nuevo Laredo, Tamaulipas, lunes 6 de febrero de 2006. Ha ocurrido el primer ataque armado a un medio de comunicación en México y hasta ahora el único en una redacción. En la edición del día siguiente del diario El Mañana, uno de los más importante de la región, están los detalles: la información de su propio atentado que fue nota principal y tema de su editorial titulado "Guerra ajena a la sociedad". El periódico, roto por dentro, había logrado enviar a imprenta sus últimas páginas a las 3.32 de la mañana para dar cuenta a sus lectores de lo que había ocurrido la noche anterior en sus instalaciones, ubicadas en la calle de Perú, entre Juárez y Morelos.

El periodista Víctor Núñez hace la crónica del día. En "Dos granadas para El Mañana" describe el momento en que los agresores irrumpen por la puerta principal del inmueble, sólo custodiada por un guardia de seguridad. En la redacción, recuerda, había una calma de día festivo por el Día de la Constitución. Como la celebración había caído en domingo, el asueto saltó hacia el lunes. Por eso había poca gente en la redacción, acaso unas 40 personas de los departamentos indispensables para cumplir con la edición del día: Redacción, Fotografía y Diseño. A partir de las 9 de la noche llegarán los trabajadores de talleres. El contenido del periódico para ese día está resuelto: la nota principal sería el caso de dos delincuentes que el periódico había identificado como ex policías. Después el seguimiento a la información sobre una lista con los nombres de reporteros, columnistas y medios que recibían dinero de la alcaldía, la cual había sido dada a conocer por el diario el fin de semana. Seguirían el caso del desalojo violento en la colonia Blanca Navidad, donde se habían asentado 800 familias que no tenían a dónde ir. Ese día, además, la Secretaría de la Defensa Nacional había asignado a la seguridad del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador al general Audomaro Martínez y su contrincante panista Felipe Calderón negaba gasto millonario en su campaña de publicidad. Había buen ánimo porque todos volverían a casa temprano.

El reloj estaba a punto de llegar al cuarto para las ocho, cuando se escuchó estallar la primera granada frente a las oficinas de las subdirecciones editoriales. La gente corre, se tira al suelo. La explosión levanta polvo y miedo. Derrumba vidrios y esperanzas de salir con vida. Los que pueden cruzan las miradas, mientras dos hombres armados disparan metralla y amenaza: "¡Ora sí se los va a llevar la chingada a todos!". Otra explosión. A Núñez le recuerda el sonido de las construcciones que echan abajo. Siguen los disparos. El tiempo está detenido. Los hombres se van.

En el piso están todos. Nadie sabe quién con vida, quién herido. Una voz de auxilio los levanta. Es Jaime Orozco Tey, reportero de guardia, quien se encontraba en la entrada de la redacción al momento del ataque, junto con otro compañero. Tuvo a mal caminar hacia la primera explosión y las esquirlas se incrustraron en su cara, luego su cuerpo recibió cinco balas: cuatro en la espalda que le destrozaron la columna y le perforaron un pulmón, y una más en el hombro. Los disparos dañaron su médula ósea y tuvieron que extirparle 30 centímetros de intestino. Después de cuatro meses salió del hospital en silla de ruedas.

Esa noche el periódico recibió 82 llamadas de medios nacionales e internacionales para pedir información.

La renuncia a informar

Antes que la policía y la ambulancia, a las instalaciones del diario llegó su presidenta, Ninfa Deándar, quien alentó a sus periodistas: "¡El periódico tiene que salir, hagamos un esfuerzo!" Unos se fueron. Otros se quedaron. Barrieron vidrios, desalojaron polvo y sacaron adelante el diario donde estaba todavía fresca la sangre de un compañero.

"Aquí parece que los narcos tienen acorraladas a las autoridades. Estamos secuestrados y por eso hemos tenido que recurrir a la autocensura", dijo en su momento uno de los periodistas de El Mañana, el diario que más agresiones contra sus periodistas sumó entre 1999 y 2006: diez casos, de acuerdo con un recuento de la Unión de Periodistas Democráticos (UPD) de ese estado. Su peor episodio fue el asesinato, el 19 de marzo de 2004, de su director editorial Roberto Mora García, atacado a puñaladas al llegar a su casa. Ese año, cinco periodistas fueron asesinado en todo Tamaulipas.

Después del crimen de Mora, el director del diario, Ramón Cantú Deándar, manifestó abiertamiente su rechazo a seguir publicando información relacionada con narcotráfico y crimen organizado. "No tiene sentido investigar respecto del narcotráfico, ese es un problema internacional que ni las autoridades pueden resolver ni el gobierno de Estados Unidos, y no hay voluntad para arreglar las cosas. Nosotros no nos vamos a estar exponiendo", declaró entonces y cumplió. El Mañana omitido de sus páginas, durante varios años, enfrentamientos y casos relevantes que involucraban al crimen organizado.

La decisión de autocensura que en 2004 tomó El Mañana, tanto en sus edición de Nuevo Laredo como en Raynosa y Matamoros, no pudo salvarlo del atentado del 6 de febrero de 2006, ni a sus periodistas de las agresiones que vinieron después, principalmente en Reynosa. De esa ciudad "desaparecieron", en marzo de 2010, Miguel Ángel Dominguez y Pedro Argüello. Ellos fueron dos de los ocho reporteros que presuntamente fueron secuestrados en esa ciudad entre 18 de febrero y el 3 de marzo de 2010, de acurdo con la información que en su momento publicó el diario estadounidense Dallas Morning News.

Al día siguiente del atentado, muchos de los trabajadores del diario no llegaron, 28 renunciaron en los días siguientes, a los fotógrafos les repartieron chalecos antibalas y la sede del periódico reforzó su seguridad con cámaras de video y un muro de contención. La denuncia fue presentada y hasta la fecha no ha habido un detenido.

Dos días después del atentado contra El Mañana, el entonces presidente Vicente Fox anunció la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (hoy Fiscalía Espacial para al Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión).

Con su sexenio comenzó la escalada de violencia contra periodistas y medios que empeoró en los siguientes años: durante el gobierno panista de Felipe Calderón y ahora con el priista Enrique Peña Nieto.

Sólo entre 2000 y 2018 ya suman 112 los periodistas asesinados, de acuerdo con las cifras de la organización civil Artículo 19. Entre ellos están Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, asesinada a balazos frente a su casa el 23 de marzo de 2017, y Javier Valdez, periodista del semanario Riodoce de Sinaloa, muerto a balazos frente a su redacción, el 15 de mayo del mismo año.

En su memoria, ha sido lanzado en México el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos para reconocer a aquellos comunicadores que destaquen por su trabajo de investigación y para exponer la grave situación que vive la prensa en México, considerado el país de América más peligroso para ejercer el periodismo, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas.

Miroslava: así se venga la narcopolítica

Hace un año que asesinaron a Miroslava Breach. El 23 de marzo de 2017, a las 6.49 de la mañana, un hombre la sorprendió con un arma a bordo de su auto, frente a su casa, cuando esperaba a su hijo para llevarlo a la escuela. Los primeros tres disparos dieron en el parabrisas de su automóvil Duster color guinda en la que viajaba la periodista, tres más los disparó de frente, luego otros dos en la ventanilla izquierda. De esos ocho balazos, siete impactaron en la cabeza, mano, corazón y tórax de la periodista.

A la fecha, sólo hay un imputado bajo proceso (que podría salir libre si procede el amparo que presentó recientemente), un supuesto autor material asesinado, una supuesta orden de aprehensión girada contra un tercer involucrado y ningún político señalado, a pesar de las evidencias que apuntan hacia la complicidad de la política y el narcotráfico en el crimen de la periodista que investigó esos vínculos en municipios de la sierra de su estado.

Las autoridades comprobaron que estos individuos estuvieron juntos durante 6 días –del 22 al 26 de marzo de 2017– en una casa propiedad de Cruz del Rosario Pérez Vega, esposa del Larry. Tambien establecieron su coordinación para llevar a cabo el homicidio, a partir de una amplia investigación basada en evidencias, testimonios y el análisis de 53 llamadas a celulares realizadas entre los criminales desde las 6.20:07 horas del jueves 23 hasta las 20.55 del día siguiente.

Del abultado expediente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, sólo se desprende la responsabilidad de tres involucrados: Ramón Andrés Zavala Corral, asesino a sueldo; Juan Carlos Moreno Ochoa El Larry, detenido y bajo proceso, y Wilbert Jaciel Vega Villa, tercer coautor del homicidio y actualmente prófugo.

Sin embargo ningún camino se ha seguido para averiguar si el homicidio de la periodista fue, como ha trascendido, un regalo de cumpleaños para Adán Salazar Zamorano, don Adán, recluido en un penal de alta seguridad desde el 2011, pero al control de la banda que lleva su apellido: Los Salazar.

En la prensa y entre los periodistas mexicanos hay el convencimiento de que a Miroslava la asesinaron por sus notas periodísticas. Un reportaje en particular la puso en la mira: aquel que publicó en el diario La Jornada el 4 de marzo de 2016, sobre los llamados "narcocandidatos" del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional vinculados con bandas criminales.

En su reportaje escribió: "Grupos del crimen organizado lograron infiltrar las listas de candidatos a alcaldes, principalmente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque también las del Partido Acción Nacional (PAN), para las elecciones del 5 de junio en municipios serranos (de Chihuahua) y en corredores de trasiego de droga, de acuerdo con la lista que dio a conocer el Comité Directivo Estatal del tricolor.

Desde principios de febrero, antes de la emisión de la convocatoria del PRI, los aspirantes más fuertes a las presidencias municipales de Namiquipa, Bachíniva, Urique, Uruachi, Guazaparez, Guachochi, Batopilas y Buenaventura recibieron mensajes intimidatorios, presuntamente del crimen organizado, ordenándoles no participar en los procesos internos porque sólo habría un candidato".

En cada uno de esos municipios, Miroslava identificó grupos y nombres que habían recurrido a la intimidación para imponer candidatos del PRI y del PAN. Después, Miroslava fue amenazada y nadie hizo caso

"Para el fiscal Augusto César Peniche Espejel y el gobernador Javier Corral el caso está prácticamente resuelto: fueron sólo tres los ejecutores. Ni un minuto de cientos de horas de audios y videos, ni una palabra de los 35 testimonios, nada entre miles de cuartillas con declaraciones y evidencias, incluidas las investigaciones periodísticas de quien fuera 20 años corresponsal de La Jornada, han permitido al fiscal detectar indicios de la posible autoría intelectual de capos mayores del narcotráfico en la región. Tampoco encuentra responsabilidad de ex alcaldes, jefes policiacos, funcionarios municipales, ni de políticos priistas (del PRI) y panistas (del PAN), entre ellos los que grabaron llamadas telefónicas a Breach para entregarla al grupo criminal de Los Salazares, como lo admitieron en sus declaraciones el vocero estatal del PAN, Alfredo Piñera Guevara, y el expresidente municipal de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz", publicó la periodista Olga Aragón en la revista Proceso.

Respecto del fiscal, Miroslva escribió en su última columna en víspera de su muerte títlulada "Don Mirone" y fechada el 22 de marzo de 2017: "El ahora fiscal Peniche también tuvo una responsabilidad directa en el empoderamiento de esos grupos criminales. Él fue delegado de la PGR, ni más ni menos; y como tal, necesariamente tendría que haber tenido conocimiento del mapa de la delincuencia organizada en la entidad".

De los políticos implicados, las autoridades guardan silencio. "Se desvanecieron en la investigación, por ejemplo, personajes del PAN como Mario Vázquez Robles, ex presidente estatal, ex director de Servicios Públicos y ahora coordinador de gabinete del gobierno municipal de Chihuahua, quien incluso se deslindó de las acusaciones a través de una carta. Otro involucrado y que está en calidad de testigo es Alfredo Piñera Guevara, ex vocero de ese partido, así como Hugo Ahmed Schultz Alcaraz, ex alcalde de Chínipas, a quien Miroslava Breach identificó como el que pactó con el narcotráfico en ese municipio y nombró como jefe de la Policía en todo su trienio a Martín Ramírez, sobrino del capo Crispín Salazar Zamorano, jefe del Cártel de Sinaloa, señalado como el autor intelectual del homicidio de la periodista, pero que la Fiscalía no ha podido vincular", anota Olga Aragón.

Para los periodistas es claro que en el crimen de Miroslava la impunidad de nuevo se impondrá.

El costo de la impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han advertido, a través de sus relatorías para la libertad de expresión, de las consecuencias que acarrean los ataques contra la prensa. La peor: el silencio.

Desde 2010, luego de una visita oficial a México de dos semanas, los entonces relatores para la libertad de expresión de la ONU y la CIDH, Frak La Rue y Catalina Botero, respectivamente, advirtieron en su informe preliminar sobre los efectos de los ataques a la prensa.

"Hay zonas en las cuales los periodistas se encuentran sometidos a intimidación y autocensura. Por esta razón, resulta extremadamente difícil que en dichas zonas hagan investigaciones y publicaciones sobre temas como crimen organizado, corrupción, seguridad pública y asuntos similares, por la vulnerabilidad y el alto riesgo en que se colocarían. Esta situación afecta a toda la sociedad mexicana que desconoce lo que sucede en dichos lugares, y disminuye la capacidad de acción de las autoridades e incluso de la sociedad, las cuales se ven privadas de información esencial para contrarrestar fenómenos delictivos como la corrupción o el crimen organizado".

A pesar de las recomendaciones de la CIDH y la ONU, y del compromiso del gobierno federal por acelerar mecanismos de protección para la prensa, la impunidad persiste: en casi 99% de los casos no hay responsables y de 700 casos que han llegado a la FEADLE sólo tres recibieron sentencia.

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