Brasil prevé reducir 67% de los gases de efecto invernadero y se prepara para la cumbre del clima de 2025 en la Amazonía

El mundo se reúne en Bakú, Azerbaiyán, hasta el 22 de noviembre para la 29ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), y Brasil aprovecha para calentar motores de cara a la COP30, que se celebrará el año que viene en Belém, en el estado de Amazonas.

La presencia del gigante latinoamericano en Bakú este año es masiva, lo que indica su intención de mostrar un relevo con la conferencia del año que viene. Incluso antes de que comenzara la COP29, Brasil había anunciado los detalles de su nuevo compromiso contra el cambio climático, que establece un objetivo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país. El nuevo compromiso pretende reducir las emisiones del 59% al 67% para 2035. Anteriormente, Brasil había fijado un objetivo de reducción del 53% para 2030. En su comunicado oficial, el gobierno de Lula afirmó que «este compromiso permitirá a Brasil avanzar hacia la neutralidad climática en 2050». El gigante latinoamericano ha prometido sustituir gradualmente los combustibles fósiles en su matriz energética, pero no ha dado detalles sobre el posible cronograma.

En virtud del Acuerdo de París, recuerdan, los países firmantes pactaron reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero para permitir que el aumento de la temperatura media global en superficie a largo plazo se mantenga muy por debajo de los 2 °C y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C a fin de evitar un cambio climático catastrófico. Brasil afirma que su objetivo de reducción de emisiones está en consonancia con el objetivo mundial.

Sin embargo, no faltan las críticas, como la del Observatorio del Clima, que reúne a las principales ONG brasileñas e internacionales, de que el compromiso de Brasil no es suficientemente ambicioso para cumplir el objetivo mundial. En representación de Brasil estuvo en Bakú el vicepresidente Geraldo Alckmin, que el año que viene presidirá también la conferencia. En su discurso, señaló el potencial medioambiental de Brasil. Entre ellas citó la capacidad de ofrecer seguridad alimentaria, la presencia de la Amazonía, la matriz energética entre las más limpias del mundo y una agricultura calificada de «eficiente y verde». Ayer mismo, el Senado brasileño aprobó el proyecto de ley que también tendrá que votar la Cámara y que crea un mercado del carbono. El texto aprobado autoriza al gobierno a fijar límites a las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. El objetivo es obligar a las empresas que contaminen por encima de un determinado nivel a pagar por ello.

De una COP29 en la que destacaron las ausencias de líderes mundiales como Joe Biden por Estados Unidos, Emanuel Macron por Francia, Olaf Scholz por Alemania y también miembros de los BRICS como Xi Jinping por China y Narendra Modi por India, Alckmin dio una cita para 2025. «En nombre del presidente Lula: espero verles el año que viene en Brasil», dijo.

Bakú es así el puente hacia lo que será la COP 30 de Belém en la que Brasil quiere acreditarse como uno de los principales actores medioambientales del mundo. Precisamente en la conferencia del año que viene, el gigante latinoamericano pretende presentar al mundo como buque insignia su todavía desconocida a nivel mundial Amazonía Azul. Se trata de una zona marítima de la costa brasileña que abarca 5,7 millones de km2 y que ya ha sido añadida oficialmente al mapa de Brasil por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Con ella, el territorio nacional alcanza una extensión de 14,2 millones de km2, contra los 8,51 millones de km2 actuales. Aunque se compone de agua, se compara con la Amazonía por su extensión y riqueza en biodiversidad. Según datos de la Marina de Brasil, la zona es rica en innumerables recursos minerales y naturales, de los que se extrae el 95% del petróleo y el 80% del gas natural producido en el país. Además, por aquí pasa más del 95% del comercio exterior de Brasil.

Pero aún falta un año para la COP30 y algunas cuestiones corren el riesgo de tener un efecto boomerang en los próximos meses, creando problemas a la imagen ambientalista de Brasil. En primer lugar, el beneplácito de Lula a la explotación petrolífera del llamado Margen Ecuatorial en la zona de la desembocadura del río Amazonas parece ahora muy probable. El martes, el senador por el estado de Amazonas Eduardo Braga, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), afirmó que el presidente dijo que «se están realizando estudios y que el gobierno dará la licencia para la exploración en la zona». La cuestión ha encendido el debate en Brasil en los últimos meses. Por un lado están las organizaciones ecologistas y las comunidades indígenas, que ven en el proyecto una grave amenaza para el ecosistema amazónico. Por otro, la petrolera nacional Petrobras mantiene desde hace meses un tira y afloja con el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables). La zona donde se perforaría el pozo petrolífero está a 500 km de la desembocadura del río Amazonas y a unos 170 km de la costa.

El Margen Ecuatorial, recordemos, comprende toda la costa norte del país y se llama así por su proximidad al ecuador. Comienza en Guyana y se extiende hasta el estado de Rio Grande do Norte, en el nordeste de Brasil. El Margen Ecuatorial brasileño se divide en cinco zonas, una de las cuales es la desembocadura del Amazonas. A pesar del posible aval de Lula, un informe del área técnica del Ibama publicado a finales de septiembre pasado recomendó que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables no diera la autorización. La principal crítica de los ingenieros del Ibama es que «no se ha presentado ninguna alternativa viable para mitigar satisfactoriamente la pérdida de biodiversidad en caso de incidente de vertido de petróleo. Esta condición es especialmente crítica, dada la importante biodiversidad marina y la alta sensibilidad ambiental de los ecosistemas que se verían afectados». El informe también advierte de que cualquier autorización puede tener «el efecto de cambiar no sólo este proceso, sino toda la práctica de concesión de licencias medioambientales en el país». A pesar de este documento, el 22 de octubre, en una carta, el presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, Rodrigo Agostinho, afirmó que “los avances presentados por Petrobras permiten la continuación del diálogo con el Ibama, para conocimiento y presentación de las aclaraciones necesarias”.

La cuestión de la lucha contra la deforestación también puede perjudicar la imagen de Brasil en los próximos meses. Por un lado, es cierto que hay buenas noticias. Las cifras publicadas en los últimos días por el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE) indican que la deforestación en la Amazonía brasileña ha disminuido un 30,6% en el último año, alcanzando su nivel más bajo desde 2015, con 6.288 kilómetros cuadrados deforestados al 31 de julio de 2024. Se trata de datos del sistema Prodes (Proyecto de Seguimiento por Satélite de la Deforestación de la Amazonía Legal), que se divulgan dos veces al año. El Prodes utiliza principalmente los satélites LANDSAT estadounidenses, a los que se suman otros, y por eso sus datos son luego los utilizados por Brasil internacionalmente.

Sin embargo, como informa el sitio internacional de información medioambiental Mongabay, «al igual que muchos países, Brasil no clasifica como deforestación las zonas perdidas por los incendios». El problema es que los incendios de este año, también debidos a una grave sequía, aumentaron un 70% en comparación con el año anterior, con unos 243.564 focos en noviembre de este año. Los incendios han repercutido en la deforestación de toda Sudamérica, especialmente en el Pantanal y el Cerrado brasileños. Además, si se repiten el año que viene, corren el riesgo de reavivar la polémica sobre la falta de un plan estructurado del gobierno para hacer frente a las emergencias climáticas.

Desde su toma de posesión, el presidente Lula ha prometido crear la llamada «autoridad climática», un organismo que dirija las políticas climáticas del gobierno y, por tanto, también necesario para la prevención de fenómenos climáticos catastróficos, como las inundaciones que devastaron el estado sureño de Rio Grande do Sul el pasado mes de mayo. Según la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, la elaboración del modelo es compleja, ya que requiere un nuevo marco jurídico. De hecho, según el diario O Estado de São Paulo, el gobierno quiere que la Autoridad del Clima dependa del Ministerio de la Casa Civil y no del Ministerio de Medio Ambiente, lo que está creando un claro debate y negociaciones con el efecto de alargar los plazos.

Por el contrario, no hay tiempo que perder. En la aceleración del proceso de destrucción de áreas simbólicas de Brasil como la Amazonía, el crimen organizado desempeña un papel cada vez más importante. Hace apenas unos días, tras dos años de investigación, la Policía Federal brasileña envió al Ministerio Público Federal el informe de su investigación sobre el doble asesinato del activista de los derechos indígenas Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips. Entre los nueve acusados se encuentra el presunto autor intelectual del doble asesinato, sospechoso de tener vínculos con el narcotráfico. El caso es una importante advertencia sobre la necesidad de actuar de forma estructurada y sostenida en el tiempo para no entregar toda la Amazonía al crimen organizado. El gobierno brasileño también deberá tenerlo en cuenta cuando reciba al mundo en la COP 30.

El evento será especialmente importante porque se cumplen diez años del principal pacto climático del planeta, el Acuerdo de París. Se calcula que al menos 50.000 personas acudirán a la cumbre. Entre las autoridades y sus delegaciones se esperan entre 120 y 150 jefes de Estado. Sin embargo, Belém, que tiene 1,3 millones de habitantes, no está preparada para semejante desafío, según la prensa brasileña. Sólo hay cuatro hoteles de cinco estrellas, por lo que los gobiernos local y federal llevan meses hablando de utilizar cruceros para aumentar el número de camas. Pero la mayoría de los operadores de cruceros ya ha cerrado sus rutas en 2025. Además, sería necesario dragar el cauce del río Guajará y ampliar las terminales e instalaciones para barcos más pequeños. Resulta entonces difícil no pensar en el terrible espectáculo que la ciudad mostrará a los delegados de todo el mundo. La capital del estado de Amazonas tiene el mayor porcentaje de habitantes en favelas de Brasil, un 54%. El 80% de la población carece de sistema de recogida de aguas residuales y sólo se trata el 2,4% de ellas, el resto se vierte en la bahía de Guajará. Por último, el aeropuerto no tiene capacidad para acoger el número de vuelos previsto, y no se sabe si las inversiones prometidas para ampliarlo llegarán a tiempo para hacerse realidad o más bien crearán otros elefantes blancos hechos con prisas, sin cuidado, y quizá incluso sobrefacturados, como ya se ha visto para el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.