(Desde Cali, Colombia) Las patentes amarillas abundan bajo el sol de la mañana y brindan una pintura del caos de tránsito al que no escapa Cali. Es hora pico y las motocicletas se abren paso entre los autos agolpados en las calles de una ciudad ensamblada en un imponente valle con una vegetación tupida y verde oscura. Esta zona del territorio colombiano es lindante al Chocó Biogeográfico, que cuenta con una variedad de seres vivos que es difícil de encontrar en otras regiones del planeta. Cali es —entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre— la sede de la 16° edición de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas (en inglés COP, Conference of the Parties), el órgano supremo que toma las decisiones del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y que promueve el desarrollo sostenible a través de una visión que involucre a los ecosistemas y a las personas.
Uno de los temas que marcan la agenda en la COP16 de Biodiversidad es el reclamo impulsado por Colombia y Brasil, en el que exigen la inclusión de los “pueblos afrodescendientes” en el texto oficial del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) —carta magna de la COP, firmada por líderes de 150 países en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992—. Actualmente este documento —en su artículo 8 (j)— menciona a los “pueblos indígenas y las comunidades locales”, pero el reclamo actual de las comunidades apunta a lograr un estatus con voz y voto en las negociaciones, para dejar atrás el rol de meros observadores en los procesos de toma de decisiones sobre la biodiversidad en lugares habitados por ellos.
“Una de las tareas que tenemos es lograr que en el marco del Convenio se reconozca de manera tácita a los pueblos afrodescendientes. Para nosotros resulta ser discriminador y racista que no se los contemple dentro de las poblaciones mencionadas. Por años ha usado sus formas, sus saberes y sus conocimientos para conservar la biodiversidad”, explicó Francia Márquez —Vicepresidenta de Colombia— en la inauguración del Pabellón CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Junto a ella, Anielle Franco —ministra de Igualdad Racial en Brasil— detalló que el objetivo de ambos países es enfrentar las desigualdades raciales y socio ambientales que enfrentan estos pueblos. “Son comunidades históricamente excluidas, violentadas y marginalizadas con una falta de reconocimiento de sus derechos territoriales. Afrontan los síntomas de lo que llamamos racismo ambiental”, indicó la funcionaria brasileña en su discurso.
Anielle Franco, en diálogo con Infobae, profundizó sobre sus conceptos: “Yo soy nacida y criada en la favela de Río y desde pequeña he comprobado que los efectos de las crisis climáticas, la falta de saneamiento básico y la vida que no es digna, es un retrato del racismo ambiental. Y recae puntualmente en las personas pobres y negras, que son las que más lo sufren”.
José Luis Relgifo es coordinador de la red latinoamericana de territorios colectivos y ancestrales del pueblo afrodescendientes. “Existe una invisibilización que se viene sufriendo por parte de los gobiernos y también de muchos de los estamentos multilaterales que no reconocen el aporte que hacen nuestras comunidades —detalló—. No se plantea una estrategia de financiamiento climático que permita a las comunidades cuidar el territorio con mejores condiciones de vida. Entonces, cuando se habla de racismo ambiental nos referimos a cómo las comunidades que están dentro de los territorios sufren las consecuencias de esto”.
“Lo que venimos planteando es que el concepto afrodescendiente quede incluido y que se reconozca a las comunidades de América Latina y el Caribe. Habitamos 205 millones de hectáreas en toda la región y estamos hablando de que somos una población de casi 134 millones de personas descendientes de antiguos africanos que llegaron esclavizados al continente —explicó Relgifo—. No nos reconocen porque según ellos dicen que estamos incluidos dentro de ‘comunidades locales’ y no es así, nosotros somos un pueblo afrodescendiente. Al incluirse el término en el documento podríamos tener una posibilidad grandísima de participar con voz y voto en el marco de estas discusiones y hoy no lo tenemos. Si hoy queremos participar, lo tenemos que hacer como parte de un gobierno. Eso limita nuestras posibilidades y nuestros derechos”.
En los primeros días de la COP16, vale mencionar, se dio un hecho que marcó la agenda en lo que respecta a este reclamo: la delegación de República Democrática del Congo (RDC) expresó su negativa a la iniciativa de Colombia y Brasil. “El representante del Congo planteó que se oponía y quería que saquemos el término afrodescendiente, pero entiendo que se habló con él y se coordinó para que esta postura pueda comenzar a cambiar. Fue el único que se negó y cometió el error de hablar en nombre de toda África. Él no tiene esa representación”, analizó Relgifo y agregó: “Nuestra expectativa es que el término se pueda sumar al convenio 8 (j). Eso le daría una posibilidad mucho más grande a los pueblos afrodescendientes de América Latina para poder incidir en las decisiones que se toman sobre la biodiversidad de los territorios”.
Lo cierto es que, mientras la COP16 transita su segunda y última semana de negociaciones, no hubo definiciones sobre la incorporación o no del término en el documento final. Mientras tanto, el concepto de racismo ambiental sobrevuela la Zona Azul, el recinto donde se desarrolla la conferencia de las partes —gestionada por el Secretariado de la Convención de Diversidad Biológica y administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
“El racismo ambiental es un concepto global. Comenzó en la década de los ‘80 y yo estoy segura que se va a expandir en la región, cada vez más por América del Sur”, adelantó la ministra brasileña en diálogo con este medio.
Paolo Realpe es proteccionista ambiental en Muisne —provincia de Esmeraldas, en el norte de Ecuador— y es considerado un guardián del manglar. “Hablar de racismo ambiental me remite a una persona que no tiene empatía, a una persona que perdió la información de la importancia que tiene el vínculo del medio ambiente con su ser. Con el correr del tiempo se hará un concepto más popular”, comentó.
“En Venezuela todo esto se trata de las personas más vulnerables, más que por el color de piel. Son las más susceptibles a todas las consecuencias del cambio climático, porque no tienen acceso a recursos y agua potable. Muchas veces además son abandonados por los gobiernos no solo por su raza, también por su situación económica. Siento que ellos además son sumamente importantes para proteger esas áreas de interés. Son los que más conocen el territorio”, analiza Karen Brewer, divulgadora ambiental y exploradora venezolana. “Espero que la gente se lo tome al concepto de racismo ambiental desde el amor y no desde algo para separar. Tal vez pueda generar rechazo y que te digan ‘¡Cómo vas a decir eso!’, pero quisiera que se lo tomen desde el amor y desde un llamado al despertar. Es una situación que está ocurriendo y hay que afrontarla”, reflexionó.
“Que se pueda difundir este concepto depende del compromiso que tengamos todos en enfocarnos no solo en los animales, sino también en la gente que vive en las zonas de interés, en sus necesidades y en la cultura que tienen”, completó Brewer.
Mientras continúan las negociaciones en la COP16 de Biodiversidad para definir otros asuntos como la financiación y garantizar un acceso justo y equitativo al uso de información de la secuencia de recursos genéticos, el factor de la violencia contra activistas, periodistas, pueblos indígenas y comunidades locales en áreas protegidas también queda expuesto en el marco de la Conferencia de las Partes.
“Esta es una región que también ha tenido que sufrir el conflicto armado y la violencia. De esa violencia, los cuerpos de los hombres y mujeres negras, de los indígenas y campesinos han tenido que soportar el peso del conflicto armado”, señaló la Vicepresidenta de Colombia.
“Venimos planteando que efectivamente en los sitios donde la conservación existe son sitios donde las condiciones de pobreza son más evidentes. Son las personas que ahí habitan las que más sufren las consecuencias del conflicto armado también en este país”, apuntó José Luis Relgifo.
Según precisa una de las investigaciones sobre este tema realizadas por el portal especializado mongabay.com, 14 parques nacionales de Colombia son disputados por grupos armados ilegales: los guardaparques han sido desplazados y no pueden ingresar a las áreas protegidas que se supone deben vigilar. El incremento de los homicidios en este contexto también es un asunto que genera alerta.