Chubut: la matanza de pingüinos en Punta Tombo va a juicio oral y público

Tres años después de que ocurriera una matanza de pingüinos y sus crías en una estancia de Chubut, en noviembre se realizará el juicio al acusado de perpetrar la masacre. La audiencia oral fue habilitada por la justicia luego de escuchar en una audiencia preliminar los daños y las consecuencias del accionar del propietario cuando destruyó cientos de nidos para construir un camino y cercarlo con un alambrado.

De esta forma, por primera vez en la Argentina llega a juicio oral una causa por daño ambiental agravado y crueldad ambiental. El imputado es el dueño de la estancia “La Perla”, el productor ganadero Ricardo La Regina, quien está acusado por la muerte de 105 pingüinos y la destrucción de 175 nidos, en el marco del caso denominado “Punta Tombo”. La condena que enfrenta, a pedido de la fiscalía, es de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

Entre agosto y diciembre de 2021, La Regina, a cargo de la finca de su familia, provocó la muerte de centenar de pingüinos y arrasó con unos 175 nidos, muchos de ellos en etapa reproductiva, de acuerdo con la acusación que llevan adelante la fiscalía penal, la fiscalía de Estado de la provincia y la querella, integrada por Greenpeace, la Asociación de Abogadxs Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural.

Los hechos también provocaron la muerte de 292 pichones y huevos de la especie y la pérdida de 2000 metros cuadrados de vegetación nativa en la reserva natural provincial.

La defensa del imputado había solicitado el sobreseimiento de La Regina y sostiene que no se ha acreditado el daño al ambiente y a los pingüinos. La fiscalía, sin embargo, dio por acreditado el daño y solicitó una pena de cuatro años de prisión, mientras que la querella pidió doce años.

“Los hechos que se investigan son de extrema crueldad hacia la vida animal, de forma desmesurada, al momento de realizar el trazado de los caminos, desmonte, triángulo y tajamar, en presencia de pingüinos de Magallanes en época reproductiva. Tenemos pruebas suficientes para probar el daño ambiental. Según un peritaje independiente, la recuperación del ambiente demandaría, al menos, 35 años. Contamos con imágenes satelitales de los días en los que se produjo el hecho y es muy claro que se avanzó sobre la fauna en esa estancia en Punta Tombo”, explicó a Infobae Florencia Gómez, fiscal de la causa.

“Logramos por primera vez llevar este tipo de casos a juicio tanto a nivel nacional como provincial. Con el fallo se busca que la gente no solo se concientice en proteger la flora y la fauna de este país, sino también que denuncie hechos de esta naturaleza para que no se vuelvan a repetir. Se busca con este fallo sentar un precedente. No queremos más que se violente a la fauna ni a la biodiversidad”, agregó Gómez.

Pablo “Popi” Borboroglu, de la Global Penguin Society y uno de los primeros denunciantes del hecho, celebró que la justicia hiciera lugar a esta causa. “Es importante porque es histórico. Hay un proceso cultural: que la gente sepa que puede ser dueño de una propiedad, pero no de la fauna que la habita. No se puede hacer cualquier cosa. Es para celebrar que una causa de este tipo llegue tan lejos y que la justicia haya reaccionado, primero a través de la fiscalía y de los jueces.”

Borborglu agregó: “Más allá de las conclusiones que se sacan de este caso en particular, esto sienta un precedente impresionante para Argentina. Por eso hay tanto interés que ha obtenido la fiscal Gómez de las fiscalías ambientales de otras provincias de nación”.

“Esta causa muestra un gran avance. Y abre un gran debate y una gran agenda, que es la de contar con un Código Penal que contenga delitos ambientales. Los delitos configurados en la actualidad tienen una mirada antropocéntrica, es necesario que se afecte la salud o la propiedad u otro bien jurídico. No podemos seguir con una legislación del siglo pasado frente a la crisis ecológica y climática que estamos viviendo. Necesitamos un código con una mirada ecocéntrica y tipificar la figura de ecocidio que hoy no está regulada”, explicó a Infobae Lucas Micheloud de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas, que junto a Greenpeace Argentina y Fundación Patagonia Natural forman parte de la querella.

“La figura de ecocidio es importante para poder darle entidad a este tipo de eventos. El problema de los fiscales es que por más que tengan voluntad y tengan evidencia, es muy difícil encuadrar el delito con la legislación actual”, agregó Borboroglu.

El concepto de ecocidio se refiere a cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. Varias organizaciones buscan que se incluya en la Corte Penal Internacional para que, luego, pueda ser usada en legislaciones locales.

En 2022, el Papa Francisco escribió una carta a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal en la que hacía referencia al ecocidio e instaba al sistema jurídico a “crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y garantice la protección de los ecosistemas.” En apoyo a esa campaña, la activista climática sueca Greta Thunberg donó 100.000 euros, parte de un premio que recibió, a la Fundación Stop Ecocide en 2020.

Un año antes, en 2021, la Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que tipificaba el ecocidio como delito civil.

Ese mismo año, el Parlamento Federal de Bélgica aprobó una resolución para reconocer esa tipificación a escala nacional e internacional. La Unión Europea, por su parte, acordó en noviembre pasado actualizar su directiva sobre delitos medioambientales, castigando los casos de destrucción de ecosistemas con penas más duras.

En América Latina, Chile aprobó en agosto de 2023 una ley que añadía un nuevo capítulo a su Código Penal relativo a los delitos contra el ambiente e incorpora varios elementos de la definición de ecocidio. En junio de ese mismo año, en Brasil, el partido político de izquierda PSOL presentó un proyecto de ley de ecocidio al Congreso, mientras que en México se analiza una iniciativa similar presentada en agosto.