Los detalles de la clausura de una planta de alimentos balanceados para animales que contamina 8 pueblos y el río Carcarañá, en Santa Fe

Una fábrica de alimentos balanceados para animales situada en la localidad santafesina de Arteaga fue clausurada por el juez Penal de Villa Constitución, Juan Ignacio Vacca, en el marco de una investigación sobre delitos ambientales. Según la denuncia, la planta perjudicó especialmente a esa comuna de más de 3.000 habitantes, situada a 115 kilómetros de Rosario, en el departamento Caseros, en la provincia de Santa Fe, aunque también afectó a otras siete poblaciones en el área limítrofe con la provincia de Córdoba, una zona agroganadera.

El establecimiento Agroganadera Vidoret SA, ubicado en un predio sobre la ruta 92 y la calle Bolivia fue inaugurado en 2019, según informa la página web de la compañía, y se centra en la producción de alimentos balanceados para animales. Hace unas semanas, la planta fue clausurada luego de que la Justicia advirtiera el vertido de efluentes contaminantes (tóxicos) en perjuicio de 8 poblaciones próximas al río Carcarañá y el propio curso de agua.

El río Carcarañá nace en el centro sudeste de la provincia de Córdoba y en su ingreso a la provincia de Santa Fe cruza por cercanías del pueblo de Arteaga, ubicado próximo al límite con esa provincia, y desemboca en el río Paraná. El “Informe de Laboratorio L48/22″, realizado para la Justicia por expertos de la Superintendencia de Investigaciones Federales advirtió cifras alarmantes de distintas sustancias, con un impacto directo para la salud de los pobladores. Una situación que, según relataron medios locales, había sido sancionada previamente por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.

En el documento al que tuvo acceso Infobae, tras la denuncia se realizaron pericias sobre las sustancias que se vertían desde estas instalaciones. Para tal fin, se obtuvieron muestras “a metros de la intersección con la ruta provincial 92″ donde “se observó un vuelco de un caño que salía de forma perpendicular a la empresa y volcaba (...) líquido rojizo a la zanja perimetral”. Esas sustancias “fueron analizadas por el Laboratorio de éste Departamento”, señalan en la folio 47 del escrito.

Asimismo, según indican en el documento, los resultados brindaron datos que advierten que los residuos vertidos por esta empresa, que fueron corroborados durante una inspección realizada en la planta, se encuentran por fuera de los parámetros establecidos por dos normas: la Resolución 1089/82, de la provincia de Santa Fe, que establece un reglamento para el control del “vertimiento de líquidos residuales” y el Decreto Reglamentario 831/93 de la Ley 24.051 (sobre Residuos Peligrosos), establecido para todo el territorio nacional.

El primer punto por el cual se expidieron los especialistas fue la coloración que presentaron las muestras, descripta como “rojiza”. Según explicaron, esta particularidad infringe lo establecido por la norma local, que asegura que “no se permitirá la descarga de efluentes intensamente coloreados o de olor ofensivo”. Pero esto no es todo, ya que registraron un “elevado valor de Demanda Química de Oxígeno (DQO)”, lo que “indica que el efluente es contaminante”.

“El impacto ambiental posible es que al degradarse o ser degradada por organismos, se consuma el oxígeno disuelto en el agua y a su vez se impida que el curso de agua recupere ese oxígeno consumido, generando así zonas de anoxia, por consiguiente, el oxígeno no estará disponible para reacciones metabólicas de los organismos”, se detalló en el documento.

Además, en el escrito los especialistas advirtieron el “elevado contenido de fósforo total hallado” en el lugar. “El fósforo en sí es un nutriente esencial para la vida, tanto humana, animal, vegetal y microbiológica, pero que en grandes cantidades puede ser perjudicial para la misma. Existe vasta bibliografía al respecto sobre cuales efectos tiene sobre el ambiente y salud los elevados valores de fósforo en el agua. Desde inconvenientes para tratar el agua para posterior consumo humano, mortandad de la fauna acuática y problemas para la salud humana”, enumeraron.

Es por eso que, resaltaron, “uno de los claros ejemplos es el proceso de eutrofización, acompañado de la proliferación de algas o ‘algal Bloom’ que pueden generar toxinas con graves efectos sobre la salud, más aún cuando estos microorganismos mueren y en la degradación se consume oxígeno generando ‘zonas muertas’ o de hipoxia, donde los niveles de oxígeno disuelto son muy bajos como para soportar la vida acuática”.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), “el exceso de nitrógeno y fósforo en el agua hace que el alga crezca tan rápido que los ecosistemas no pueden lidiar con esa cantidad. Un aumento significativo en la cantidad de alga deteriora la calidad del agua, los alimentos y los hábitats, y reduce el oxígeno que los peces y otras especies acuáticas necesitan para vivir”. Al tiempo que agregó: “Como consecuencia, los peces se enferman y muchos de ellos mueren. Algunos florecimientos de algas son perjudiciales para los humanos, ya que producen cantidades elevadas de toxinas y crecimiento bacteriano; y una persona podría enfermarse si entra en contacto con agua contaminada, la bebe o si consume pescado o moluscos contaminados”.

En tanto, el documento sumado a las pericias judiciales en la causa por las acciones de Agroganadera Vidoret SA, concluyó: “Teniendo en cuenta que el valor de este componente no se encuentra normado; el valor propuesto como límite para indicar que un río se encuentra contaminado con fósforo es de 0,050 mg/L de fósforo total para ríos chicos y arroyos, y 0,070 mg/L para ríos mayores. Si tomamos en cuenta que provendría del vuelco de la firma investigada a un zanjón podemos inferir que el valor de concentración encontrado es más de mil veces superior a dicho límite”.

Según resaltaron desde EPA, “el agua subterránea puede ser nociva si está contaminada por nutrientes, incluso si la contaminación es leve. Los lactantes son vulnerables a los nitratos, compuestos a base de nitrógeno, presentes en el agua potable. El exceso de nitrógeno en la atmósfera puede generar contaminantes como el amoníaco y el ozono, que pueden afectar nuestra capacidad para respirar, reducir la visibilidad y alterar el crecimiento de las plantas. Cuando el exceso de nitrógeno regresa a la tierra desde la atmósfera, puede deteriorar el estado de los bosques, los suelos y las vías fluviales”.

En tanto, en palabras de la Sociedad Ecológica de América, la “hipoxia” en los ecosistemas acuáticos se encuentra cuando se registra “una concentración de menos de 2-3 miligramos de oxígeno por litro de agua (mg/l)”, mientras que la “anoxia” es “la falta total de oxígeno (0 mg/L)”, es por eso que “dado que los organismos que pueden vivir sin oxígeno (como algunos microbios) son los únicos residentes en estas áreas, a veces se les llama ‘zonas muertas’”.

Asimismo, resaltaron que esta situación puede ser una consecuencia del “entorno físico”, es decir de “la forma, la fuerza y la dirección del flujo del agua”, como así también las actividades humanas. “Los nutrientes (principalmente nitrógeno y fósforo, pero a veces también incluyen sílice, hierro, zinc y magnesio) son necesarios para el crecimiento de las plantas”, pero una sobreabundancia genera “una proliferación de algas” que impulsa “una cadena de reacciones que pueden conducir a la hipoxia”.

En ese tono, desde la sociedad científica norteamericana señalaron que “estos nutrientes sobreabundantes pueden provenir de fuentes puntuales, como las descargas de las plantas de tratamiento de aguas residuales, y de fuentes no puntuales, como las actividades agrícolas, la escorrentía urbana, las aguas subterráneas y la deposición atmosférica”.

“Existe una construcción, que arrancó en el año 2019, en la zona urbana de Arteaga, la cual comenzó a realizarse a pesar de la prohibición expresa de la comuna. Y no solo terminaron la planta, sino que la pusieron en funcionamiento. En el año 2021, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe clausuró definitivamente este emprendimiento. Pero hubo un vecino de la localidad que hizo una denuncia, la cual acompañó la propia ministra del área Erika Gonnet a partir de instrucciones del Fiscal de Estado y la fábrica, a pesar de esta prohibición, seguía funcionando y contaminando”, explicó el abogado Paul Krupnik, en declaraciones a la prensa local.

En ese sentido, destacó que se dispuso el “cese de todo tipo de actividades”, ya que “en diciembre del año 2022, la Policía Federal Argentina, a partir del Departamento de Investigaciones de Delitos Ambientales, elaboró un informe que se hizo a partir de la recolección de muestras de un fluido que emanaba de un caño del interior del predio, que esta ruta 92 y calle Bolivia, y es un caño clandestino que volcaba residuos a la cuneta”. “Se obtuvo como resultado del análisis que la concentración de fósforo era mil veces superior a lo admisible”, dijo en referencia al documento al que tuvo acceso Infobae.

Y agregó: “Además de que la conexión era clandestina y que no tiene habilitación, la planta, efectivamente, al día de hoy, se encuentra contaminado suelo y aire. Y esto importa, sin lugar a dudas, porque no solo es una grave afección a la salud del vecino que motoriza esta cuestión, sino de toda la población de Arteaga”. Asimismo, Krupnik apuntó contra el fiscal de la causa, a quién acusó de ser “pasivo” ante la situación generada por la empresa.

“Lo que nos llama muchísimo la atención es la pasividad del fiscal Juan Pablo Baños en la tramitación de esta causa. Desde diciembre del año 2022, el doctor tiene arriba de su escritorio el informe contundente de Policía Federal, porque la gente que hace la recolección de la muestra, cuando estaba en el lugar y advierte de esta circunstancias, toma vista fotográfica, deja constancia y eleva una consulta telefónica al fiscal, quien autoriza la recolección de las muestras de ese fluido rojizo. Entonces, lo que nosotros entendemos es, más allá de que se pueda recolectar más evidencia, lo cierto es que este establecimiento comercial no tiene autorización para funcionar, está contaminando el suelo y, sin embargo, la medida tuvo que ser pedida por la querella. Es decir, el fiscal no articuló absolutamente ninguna medida para que cesara lo que nosotros entendemos que es un delito permanente, que se comete todos los días”, afirmó el letrado.

Krupnik indicó que, pese a esta medida, recibieron “algunas imágenes de vídeos, donde se pudo observar que la planta seguía funcionando como si nunca el juez hubiese resuelto absolutamente nada. Inmediatamente se mandaron estos videos a conocimiento del fiscal y del comisario de Arteaga”, ya que, según señaló, “el juez no dio lugar a ninguna interpretación ambigua, fue contundente. Esto no puede funcionar un minuto más”.

“El daño producido a partir de los delitos ambientales se advierte muchísimos años después de que comienza a generarse. Y cuando se advierte, se termina advirtiendo el deterioro de la salud de las personas y al medioambiente, ya es, en cierto modo, irremediable. Entonces, lo que exigimos y vamos a plantear en la Fiscalía Regional de Rosario es que haya una actividad mucho más proactiva de parte de la Fiscalía, que además tiene una Unidad Especializada en Delitos Ambientales, y que el fiscal accione en el ámbito de su incumbencia”, concluyó el abogado.

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