Riachuelo: a 15 años del fallo que ordenó su saneamiento integral y aún es una deuda

La historia de la cuenca Matanza-Riachuelo es una historia de contaminación y espera. El río meandroso, típico de llanura, donde nació la Argentina transporta en sus aguas poco oxígeno y una deuda ambiental pendiente.

Hoy se cumplen 15 años del fallo de la Corte que ordenó su saneamiento a la Nación, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad. La cuenca en la que viven 4 millones de personas, el 10% de la población del país, muestra algunos avances, pero no alcanzan para garantizar la salubridad del hábitat de sus habitantes.

En el haber se puede mencionar la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), con poderes legales e institucionales para impulsar el plan de saneamiento; y tareas de limpieza de márgenes y toneladas de residuos sólidos en el área del río, implementando una política pública de recolección de residuos en espacios previamente desatendidos. Las obras de infraestructura de agua y saneamiento también han progresado.

“Como balance puedo decir que hoy el Riachuelo está en la agenda pública, pero lo que no hemos logrado es que se transforme en una política pública”, indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).

En 2018 la Corte determinó que “la implementación del Plan Integral del Saneamiento cuenta con un bajo nivel de implementación, por lo que se le requirió a las autoridades que precisen y establezcan fechas ciertas para la finalización”. Acumar, por su parte, no pudo demostrar que hayan mejorado las condiciones de las aguas superficiales del río ni la calidad del aire en la cuenca baja del Riachuelo”, agregó Cristián Fernández, abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de la ONG.

Daniel Larreche, director ejecutivo de Gestión de la Acumar reconoce que aún falta para hablar de un saneamiento integral, pero es optimista: “Lo primero que tenemos que ver es cómo estábamos en ese momento. El Riachuelo y su situación se veían, pero no se sabía mucho respecto de su estado. Entonces primero tuvimos que identificar las acciones necesarias para poder atender el fallo judicial. Fue necesario determinar las obras necesarias, armar un sistema de indicadores. Creo que hoy tenemos un vaso medio lleno. Por supuesto que falta, pero estamos llegando al primer escalón que son los cimientos del plan”.

Las principales causas de la contaminación de la Cuenca, en orden de importancia, son los efluentes cloacales en un 70%, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en un 30%.

Así lo indica el Informe de Calidad del agua de la Acumar. En ese contexto, el funcionario indicó que entre fines de este año y principios del próximo estarán en funcionamiento dos de las obras que consideran troncales: el recolector cloacal que desembocará en el Río de la Plata, que recoge los efluentes de la población asentada a la vera del río y la planta de tratamiento para el polo de curtiembres, en Lanús.

“Es un proceso y vamos a ir viendo las mejoras con estas obras y otras complementarias que ya están en marcha. A partir de ahí vamos a poder ir viendo cómo mejora, por ejemplo, la calidad del agua”, aseguró.

La calidad del agua, que se evalúa según la cantidad de oxígeno disuelto, no es uniforme en la cuenca. En la cuenca baja, cerca de la desembocadura la presencia de oxígeno es nula. Mientras que, en la cuenca alta, donde hay una menor presión industrial y de población los indicadores son un poco mejores. Casi no hubo variación en estos 15 años. “Es cierto que no hay muchas variaciones respecto de las mediciones. Pero ahora tenemos 10 años de registros y también hay que decir que no empeoraron. Cuando se pongan en marcha las obras, empezaremos a registrar esas potenciales mejoras”, dijo Larreche.

El fallo de la Corte incluyó a la sociedad civil y al Defensor del Pueblo para seguir el cumplimiento de la sentencia y conformó lo que se conoce como Cuerpo Colegiado. Ese grupo de organizaciones, entre las que están Farn, Asociación Vecinos de La Boca y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos sigue la causa sin contar con fondos propios y con la ausencia, desde hace 14 años del Defensor, cargo que sigue vacante por falta de acuerdo político en el Congreso.

“Ya hemos pedido muchas veces que nos muestren los estudios de impacto ambiental de estas obras. Nosotros creemos que van a trasladar la contaminación del margen del Riachuelo al Río de la Plata. Nos responden que la contaminación se diluirá en el Río de la Plata, pero no hay estudios científicos que lo demuestren”, indicó María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana.

Otro reclamo histórico encabezado, entre otros, por Raúl Estrada Oyuela de la Asociación de Vecinos de La Boca es el estudio que muestra la capacidad de recepción de contaminantes que tiene el río. “Diseñar un plan de reconversión industrial sin tener esos datos es una locura. La norma de vertidos se hizo copiando normas existentes en la provincia de Buenos Aires sin atender la particularidad del Riachuelo. Al punto de incluir una referencia a balnearios, aplicada a las playas de esa jurisdicción, pero que no existen en la cuenca”, dice Estrada Oyuela.

El fallo de la Corte incluía mandatos de relocalización de la población que vivía en medio de la contaminación a orillas del río. En estos 15 años, a lo complejo de la solución habitacional, se sumó el crecimiento de esas familias.

“Desde el comienzo, la Defensa Pública está a cargo del patrocinio de las miles de familias de la Ciudad de Buenos Aires comprendidas en la sentencia. A fin de lograr los objetivos que fijó la Corte en términos de mejorar la calidad de vida de los y las habitantes de la cuenca, recomponer el medio ambiente de manera integral y prevenir los daños provocados por la contaminación, la defensa legal de estas familias se complementa con el trabajo de un equipo interdisciplinario en el territorio. El Ministerio Público continúa acompañando y asesorando a vecinos/as y a los cuerpos de delegados de los distintos barrios afectados, con el objetivo de lograr la participación activa de las personas involucradas en la causa“, indicó Marcela Millán, titular del Ministerio Público de la Defensa.

Según cifras oficiales, hay casi 2000 familias que siguen esperando por una solución a su situación habitacional. Larrache explicó: “La sentencia hablaba de erradicación de las poblaciones vulnerables que vivían a orillas del Riachuelo. Es una situación muy compleja que supera lo técnico y está dentro de lo económico social. De hecho ha habido cambios de paradigmas: por ejemplo, la Villa Inflamable, en el Dock Sud, iba a ser relocalizada y luego de varios años se ha comenzado a trabajar en su urbanización. Entonces esto es algo que trabajamos con cada comunidad”.

En la Facultad de Derecho, se lanzó la plataforma Qué pasa, Riachuelo, una herramienta co-diseñada entre diversos actores impulsada por Farn y el Centro de Investigaciones para la Transformación de la Universidad de San Martín en el marco del proyecto “CoAct Ciencia Ciudadana Social para la Acción Colectiva”, financiado por la Unión Europea.

Esta plataforma que comenzará a funcionar el día del aniversario de los 15 años del fallo, recolecta información proporcionada por los vecinos y suma datos oficiales. Allí, por ejemplo, se puede ver el estado de la calidad del agua, los espacios verdes, la cantidad de población en situación de vulnerabilidad en el mapa de la cuenca con todas sus jurisdicciones.

Julio de 2004. Un grupo de vecinos de la provincia de Buenos Aires y CABA, encabezados por Beatriz Mendoza presentaron una acción judicial contra el Estado Nacional, la provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, por los daños sufridos a causa de la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

Junio de 2006. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para abordar aspectos vinculados a la prevención, recomposición y resarcimiento del daño ambiental colectivo. También, le ordena al Estado Nacional, la Provincia,

Julio 2008. El día 8 de ese mes, la Corte dictó la sentencia definitiva y determinó que el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y CABA eran responsables en la prevención y recomposición del daño ambiental de la Cuenca. Además se crea Acumar como entidad que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. También, se admite la existencia de un Cuerpo Colegiado, integrado por representantes de distintas ONGs , que tiene la función de controlar el cumplimiento de la sentencia.

Octubre de 2016. La Corte requirió de Acumar un nuevo informe.

Noviembre de 2017. La Corte criticó el informe presentado por Acumar por considerar insuficientes las medidas adoptadas y por considerar incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado. En esta resolución, se advierte que no se ha informado en detalle la cantidad de personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación.

Abril de 2018. La Corte señaló la marcada debilidad institucional de Acumar por su escaso rendimiento, y la subejecución del presupuesto que se le asigna.

Julio de 2022. A 14 años de la sentencia, el Cuerpo Colegiado para el control del Plan de Saneamiento emitió una declaración pública donde advierten que “ninguno de los objetivos se han logrado”.

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