La Ley de Humedales, parece, está cada vez más cerca. Esta ley podría tener media sanción en noviembre tras el dictamen de la semana próxima. A pesar de que no se consiguió el dictamen del plenario especial de comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura, se pasó a un cuarto intermedio para el próximo jueves en el que, se asegura, saldría un proyecto con el visto bueno para ser debatido en el recinto.
Diputados y asesores consultados por Infobae indicaron ayer que el proyecto podría ser tratado por el pleno luego del debate del Presupuesto, cuya fecha está prevista para el 26 de octubre. Las fuentes arriesgaban una aprobación del proyecto en Diputados presentado por el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos) con los votos justos en noviembre.
Si esto ocurre, se trataría de la cuarta vez que la ley de presupuestos mínimos de protección de humedales ingresa en la Cámara Baja. En 2013, en 2016 y el año pasado naufragaron los intentos de convertirla en ley luego de que el Senado hubiera aprobado distintos proyectos presentados en cada momento.
El proyecto de ley tomó impulso en las últimas semanas luego de que los incendios en el Delta llegaran a las tapas de los diarios y que más de 500 organizaciones sociales organizaran marchas y movilizaciones en todo el país en reclamo de una norma que proteja estos frágiles ecosistemas.
La reunión conjunta de comisiones comenzó pasadas las 10 en un ambiente cargado de tensión por la cantidad de manifestantes que esperaban en las calles y dentro del recinto en cada una de las puertas. El plenario, que reúne casi a la mitad de los diputados nacionales, no llegó a un dictamen ayer a causa del pedido del presidente de Agricultura, el radical Ricardo Buryaile, ex ministro de la cartera del mismo nombre durante la gestión de Mauricio Macri y productor agropecuario.
“Esta ley es trascendente y es una irresponsabilidad legislativa tratar a tontas y locas a libro cerrado. No respondemos a ningún lobby, ni el minero, ni el agroambiental. No acuso a nadie de responder a ningún lobby”, comenzó en su intervención Buryaile, quien solicitó la interrupción de la actividad legislativa. “Le hemos planteado un esquema de trabajo a los dos presidentes de comisión. Tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo, las leyes se trabajan, no se despachan. Para muchos se juega el futuro”, planteó.
La oposición, representada por Juntos por el Cambio (JxC) ya que la Izquierda acompaña el proyecto de Grosso, propone que el debate se prolongue por más días, con la invitación de informantes del sector productivo. Distintas organizaciones de la actividad agropecuaria se posicionaron de forma crítica al tratamiento del proyecto. La Federación Agraria Argentina (FAA) cuestionó el debate “apurado” porque puede traer consecuencias en otros ámbitos. “Como entidad estamos convencidos de que no se trata de dictar nuevas leyes ni de hacer un uso oportunista o político de este tema”, señaló en un comunicado de prensa. También se sumó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que cuestionó la iniciativa.
Grosso, quien preside la Comisión de Recursos Naturales y es autor de uno de los 10 proyectos de ley sostuvo: “Como hicimos desde el día uno, estamos trabajando para construir el proyecto de Ley de Humedales con los mayores niveles de apoyo posible. El proyecto consensuado cuenta con el acompañamiento de nuestro bloque y de la mayoría de la oposición. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio solicitaron una semana más para, supuestamente, conocer el proyecto. Lo que hay que recordar es que esta discusión no comenzó este año, sino que lleva más de 10 años de recorrido en el Congreso de la Nación.”
La iniciativa de Grosso, que fue la que perdió estado parlamentario el año pasado, fue debatida durante dos años desde 2020 con la participación de sectores científicos, productivos y de la sociedad civil. Aquella convocatoria ocurrió en plena pandemia y los debates fueron abiertos y transmitidos vía zoom. Es por eso que cuenta con el visto bueno de las organizaciones ambientalistas.
“Vamos a seguir trabajando esta semana para garantizar acuerdos que no sólo nos permitan dictaminarlo la semana que viene, sino también su aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación. El principio de cuidado de nuestros bienes comunes no puede caer en la grieta.”, agregó Grosso.
Durante el debate del plenario Myriam Bregman (PTS) pidió que la autoridad de aplicación “no quede en manos de organismos estatales que tengan la presión del agronegocio. Y remarcó la importancia de que trabajen en ellos los “organismos especializados en ambiente”.
También se manifestó ayer Ximena García (UCR), coautora de otro de los proyectos que se debate junto a Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica): “Es necesaria una profunda discusión para que efectivamente logremos la mejor ley, de consenso, que logre equilibrar a los diferentes sectores y voces”. Mientras que Ferraro agregó: “Es importante tener un buen inventario para contar con la mejor información”, dijo el lilito y remarcó que “los ordenamientos se aprueben por leyes provinciales”.
El debate por la ley de humedales desnuda la importancia que tiene el ordenamiento territorial tanto para la protección ambiental como para la producción. En la actualidad la Argentina no cuenta con un inventario de estos ecosistemas fundamentales para la vida y, por lo tanto, cualquiera sea la explotación productiva que se desarrolle no cuenta con una evaluación de su impacto.
“Estamos cerca. Es el momento de no aflojar. Hay que estar muy atentos a los lobbies que pueden operar para que no salga. Finalmente se van cayendo las caretas de lo diputados y se va viendo a qué intereses responden sí a los lobbies de las grandes corporaciones o al interés general”, dijo Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina.
Los humedales son esenciales para la vida porque son la principal fuente de agua dulce y albergan el 40% de la biodiversidad del planeta. Sin embargo, están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques y desde 1970 se ha perdido el 35% de los humedales del mundo. En la Argentina ocupan poco más del 20% del territorio, sin embargo, no existe un inventario detallado.
Identificar los humedales con los que cuenta el territorio es fundamental y cuáles son los usos que podrían alterar el ecosistema sin un plan de manejo adecuado. Una de las grandes discusiones es si, mientras dura ese proceso, se debe dictar una moratoria sobre los territorios y se suspende la producción.
La amenazas a estos ecosistemas están en el avance indiscriminado de la frontera agropecuaria, el desarrollo inmobiliario, la minería y la explotación del litio, entre otras actividades.
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