Quién mató a José Tendetza: el misterio sobre el asesinato del líder antiminero ecuatoriano

José Tendetza fue un líder antiminero shuar que fue ahorcado en 2014 en Ecuador. Uno de los últimos registros gráficos de Tendetza es un video captado en diciembre de 2013, en medio de un mitin donde dice a los asistentes “es la hora de decir basta”, en referencia a la actividad extractiva de la empresa Ecuacorriente en Tundayme.

Tundayme, una parroquia rural de la Cordillera del Cóndor, al sur del Ecuador. Allí conviven comunidades shuar y mestizas con la Empresa Minera Ecuacorriente, que extrae cobre y otros minerales del proyecto Mirador, el primer megaproyecto minero de Ecuador. Tundayme pertenece a El Pangui, uno de los nueve cantones de la provincia de Zamora Chinchipe en la Amazonía ecuatoriana. Allí se asientan pequeñas aldeas comunitarias como Numpaim San Carlos, Churuwia y Yanua Kim, de las cuales José Tendetza era el líder.

En esta región de la selva amazónica ecuatoriana, muchas otras comunidades se han asentado en un vasto territorio en cuyas profundidades yace un enorme cinturón de cobre que para los gobiernos y las empresas transnacionales es la entrada del Ecuador al dorado de la prosperidad.

Por la explotación, Ecuacorriente debe pagar al estado USD 30 millones al año en regalías por la extracción, principalmente de cobre, pero también de oro, plata y molibdeno. Pero a pesar de todas las promesas, la situación de pobreza de los habitantes de esta región no ha cambiado y, por el contrario, los conflictos sociales se han profundizado.

Los expertos en ambiente y minería aseguran que los efectos negativos de la explotación descontrolada pueden dañar las fuentes de agua, cambiar el curso de los ríos, matar los bosques e incluso causar desastres ambientales y sociales.

A todas estas amenazas se opuso Tendetza, pero inesperadamente lo mataron y hasta el día de hoy no se ha dado con los responsables ni hay castigo para los culpables que cegaron la vida del líder indígena recordado por su potente voz, su tono indómito y persuasivo que consiguió convencer a su audiencia de defender el territorio y oponerse a la minería.

Dos hombres fueron investigados por su asesinato, pero fueron absueltos. Todos callan cuando se trata de averiguar qué ocurrió con el líder antiminero, asesinado cuando tenía 49 años y siete hijos con Carlota María Ushap. Ambos se separaron en 2008 cuando la esposa empezó a trabajar en Ecuacorriente.

José Tendetza nació en Yanua Kim, comunidad rural ubicada a más de 600 kilómetros al sur de Quito, la capital de Ecuador. El día de su muerte, el 29 de noviembre de 2014, José Tendetza se encontraba de regreso a Yanua Kim de Gualaquiza, un pueblo de la provincia amazónica de Morona Santiago. Acababa de regresar de una reunión de la Asociación Shuar de la parroquia Bomboiza.

Según testigos, Tendetza se bajó del rústico autobús en Chuchumbletza, que está cerca de Yanua Kim, a unos 45 minutos de caminata, y dos testigos declararon durante el juicio que lo vieron caminando hacia el pueblo y que detrás de él se bajó un hombre que calzaba botas amarillas de aquellas que se usan para la extracción mineral, aunque no pudieron distinguir si se trataba o no de un trabajador de la empresa minera. Esta fue la última vez que alguien lo vio con vida.

Unos días después, en la mañana del 2 de diciembre de 2014, un hombre que cruzaba un puente sobre el río Zamora que une Tundayme y Chuchumbletza vio algo flotando en el río y pensó que era un cerdo muerto. Llamó a otros vecinos para rescatarlo y comérselo. Pero, al llegar a bordo de un pequeño bote de madera, se dio cuenta de que no era un animal, sino un ser humano. Era el cuerpo inerte de José Tendetza. Ninguno de los que lo vieron lo reconoció.

El cuerpo fue trasladado a un hospital cercano, donde etiquetaron el cuerpo como una persona sin nombre e inmediatamente lo sepultaron ese mismo día, en el cementerio de El Pangui, otro pequeño poblado de la zona.

Una serie de llamadas fue el único indicio que la Fiscalía utilizó en su investigación para acusar a Guido Yankur y Carlos Benito Unup como los posibles causantes de la muerte de José Tendetza.

En mayo de 2016, ambos fueron absueltos. Yankur y Unup se defendieron diciendo que del 21 de noviembre al 5 de diciembre de 2014 pasaron quince días de vacaciones en sus casas.

Los resultados del examen forense determinaron que la muerte fue asfixia por estrangulamiento. En el reporte médico también se determinó que luego el cuerpo fue atado por la cintura y el cuello a un árbol irrogándole un sufrimiento cruel a la víctima. Después el cuerpo inerte sería sumergido y abandonado en las aguas del río.

El juez que conoció la causa judicial dijo que la investigación de la Fiscalía sobre la muerte de José Tendetza fue desorientada e ineficaz. Como resultado, se reiteró la inocencia de los dos hombres. El crimen de José Tendetza sigue sin esclarecerse.

Su muerte se convirtió en el inicio de un paulatino debilitamiento de la resistencia a la minería en la zona. Tendetza era un campesino de manos fuertes y temperamento colérico. Antes de convertirse en líder comunitario, trabajó para la empresa minera de 2002 a 2006, pero pronto encontró motivos para oponérsele e iniciar un liderazgo de lucha por el agua, la tierra y las costumbres ancestrales. Tendetza disfrutaba de la caza y la pesca en el río, como todos los mayores de su familia, y como ellos, vivía de estas actividades y tampoco tuvo la oportunidad de terminar la escuela primaria.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), junto con la familia de José Tendetza, presentó un informe sobre su caso en julio de 2017 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el texto explicaron la inexactitud de la investigación del asesinato mostrando que la investigación de la Fiscalía fue deficiente, fallida y apresurada, incluso con la identificación del tipo penal porque lo que se investigó fue un crimen pasional.

El tema también lo conoció la Mesa de la Verdad y Justicia, un comité de expertos en Derechos Humanos instalado con el apoyo de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, que preparó el informe “Perseguidos Políticos Nunca Más”, publicado en 2018, que examina todos los casos de persecución política durante el gobierno de Rafael Correa contra defensores de la naturaleza, los derechos humanos, la libertad de expresión y los que fueron privados injustamente de su libertad por la revuelta policial del 30 de septiembre de 2019.

El expresidente Rafael Correa, sobre el caso Tendetza, dijo públicamente en uno de sus acostumbrados programas televisados de los sábados que “hay brotes de violencia en la Amazonía, para reclamar tierras ancestrales. La verdad es que es un grupo minúsculo de extremistas de la etnia de nacionalidad shuar, con dirigentes irresponsables, que siempre han demostrado comportamientos muy violentos. Se trata de grupos paramilitares y semidelincuenciales que no están luchando por ideales, están luchando por imponerse a la fuerza. Aquí ya no cabe el diálogo”. Así lo reporta el informe de la Mesa.

Tendetza también fue procesado penalmente durante el gobierno de Rafael Correa por invasión tierras y asociación ilícita. Poco tiempo después se produjo su muerte.

Lo que también cuestionan los expertos en Derechos Humanos de la CEDHU es que las casas u oficinas, donde viven o trabajan los sospechosos, no fueron examinadas durante la investigación impulsada por la Fiscalía. Al contrario, las autoridades allanaron la casa de José Tendetza en busca de pruebas que lo incriminaran con deudas, amantes o enemigos. Pero no encontraron nada.

El asesinato de José Tendetza se suma a la larga lista de exterminados por denunciar abusos y actos de corrupción. En el inventario constan otros nombres como Bosco Wisuma, Fredy Taish, Jorge Gabela, Fausto Valdivieso que, tras su muerte, el aparato estatal se apresuró a proteger a sus victimarios, ralentizar las investigaciones judiciales y a cubrir bajo un velo de impunidad a quienes habrían dado las macabras órdenes.

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