Tabaquismo: qué es la Responsabilidad Extendida del Productor y cómo beneficia al medio ambiente

Las colillas del cigarrillo se encuentra en el top ten de los plásticos que más contaminan, después de los envoltorios de alimentos, tapas de botellas, entre otros. Un solo cigarrillo contamina entre 500 y 1.000 litros de agua y tarda 12 años en desintegrarse. Los filtros están hechos de acetato de celulosa que es un plástico que cuando se arroja en el ambiente, disemina no solo ese plástico, sino también la nicotina, los metales pesados y muchos otros químicos con los que quedan impregnados. Luego, al degradarse se convierten en microplásticos, que representan una de las mayores amenazas a las aguas de ríos y océanos.

Pero, quién es el responsable de ese tipo de contaminación. ¿Es el consumidor, el fabricante del producto? El tema forma parte de un debate a nivel mundial. En algunos países de Europa y en América, como Chile y Colombia, existe una ley llamada “responsabilidad extendida del productor”, que abarca, no solamente a la industria tabacalera, sino también a otras productos cuyos efectos son nocivos para el ambiente.

Para evitar en buena medida la contaminación que causan los cigarrillos en los ecosistemas, en Argentina, hasta el momento, la legislación es muy limitada. Existe una ley que fue aprobada en 2020 por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe y sanciona con fuertes multas, trabajos comunitarios y educación ambiental a quienes arrojen colillas de cigarrillo en la vía pública. Posteriormente hizo lo mismo la provincia de Neuquén, que aprobó la ley 3270 que prohíbe desechar colillas en vía pública y espacios comunes de uso público y regirá a nivel provincial.

La iniciativa porteña fue presentada por el legislador Sergio Abrevaya (GEN) a instancias de Eco House, organización ambientalista sin fines de lucro que trabaja desde hace años en la campaña #OjoConLaColilla, apoyada por influencers, famosos, funcionarios públicos de diversos bloques partidarios, organizaciones socioambientales y ciudadano/as.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se convirtió en la primera ciudad de Argentina en contar con una ley de este tipo, que ya existe en otras partes del mundo como Suiza, Alemania, Austria, España, Australia, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Singapur, Brasil, Ecuador, Chile y México.

De acuerdo con información recogida por esa misma organización ecologista, anualmente, se estima que se descartan en el mundo 4,5 billones de colillas de cigarrillo por lo que es el residuo de vía pública más arrojado a nivel global. Asimismo, existen decenas de partículas nocivas en los cigarrillos, como acetato de celulosa, alquitrán, aluminio, bario, cadmio, cromo, cobre, hierro, manganeso, níquel, plomo, estroncio, titanio, zinc, nicotina, entre otras, de las cuales, al menos 100, son consideradas de alta toxicidad.

Pero desde distintos sectores consideran que esta normativa debería ampliarse a una ley que contemple la Responsabilidad Extendida del Productor (EPR, por sus siglas en inglés), que es un tipo de legislación promovida, incluso, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se ha introducido en muchas jurisdicciones de todo el mundo para garantizar que existan procesos e infraestructura efectivos para recolectar, clasificar y reciclar los desechos de productos y materiales de empaque.

EPR es una estrategia de protección ambiental que describe que la responsabilidad de la recuperación, el reciclaje y la eliminación final sostenible y segura de productos y empaques al final de su ciclo de vida debe permanecer con los productores y los importadores y minoristas de esos materiales, en lugar de pasarse al gobierno, al público y a la industria de recursos. Los programas EPR son promulgados por los gobiernos y obligan legalmente a los productores a adherirse a las leyes relativas a la gestión del ciclo de vida de sus materiales y envases. Los fabricantes pueden elegir si cumplir con las obligaciones requeridas ellos mismos o pagar para subcontratar la gestión a una organización de terceros, como una Organización de Responsabilidad del Productor (PRO).

En Argentina, la diputada nacional Margarita Stolbizer está trabajando en un proyecto de ley de de responsabilidad extendida de productores, en el marco de su agenda legislativa orientada al cuidado del medio ambiente. Esa iniciativa está referida tanto a colillas y neumáticos, como a la formalización del Acuerdo de Escazú, firmado por 24 países de América Latina y el Caribe con el objetivo de garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemoró este martes 31 de mayo, la OMS emitió un comunicado en el que hizo un “llamamiento para adoptar medidas que permitan exigir a la industria un mayor grado de responsabilidad por la destrucción que está causando. Cada año, la industria tabacalera cuesta al mundo más de 8 millones de vidas humanas, 600 millones de árboles, 200.000 hectáreas de tierra y 22.000 millones de toneladas de agua, y genera 84 millones de toneladas de CO2″.

Además, convocó a los gobiernos a tomar el ejemplo de países como Francia y España y ciudades y estados, como San Francisco y California, en Estados Unidos que “se han posicionado” en este tema. “Siguiendo el principio de que quien contamina paga, han aplicado con éxito la ‘legislación sobre responsabilidad ampliada del productor’, que hace que sea responsabilidad de la industria tabacalera limpiar la contaminación que genera”, señaló la OMS.

La entidad de la ONU instó a “los países y ciudades a seguir este ejemplo, así como a dar apoyo a los productores de tabaco para que opten por cultivos sostenibles, aplicar elevados impuestos al tabaco (que también podrían incluir un impuesto ambiental) y ofrecer servicios de apoyo para ayudar a las personas a dejar el tabaco”.

Hasta el momento, en Argentina solo rige una legislación que limita la difusión y propaganda del consumo de tabaco. En 2011, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nacional de Control de Tabaco Nº 26.687 (LNCT), que fue reglamentada en el 2013, la cual establece una restricción amplia de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco. Sin embargo, la normativa contempla las siguientes excepciones: el interior de los puntos de venta, las publicaciones comerciales destinadas exclusivamente al sector tabacalero y las comunicaciones directas a mayores de dieciocho años, siempre que se haya obtenido su consentimiento previo y se haya verificado su edad.

El decreto reglamentario estableció que en el punto de venta sólo se permite la colocación de dos avisos publicitarios por empresa de tabaco (uno con el listado de marcas y precios y otro con un anuncio), de 30 cm por 30 cm como tamaño máximo, de dos dimensiones, sin luz, ni pantallas y que no sean visibles desde el exterior. A su vez, se prohíbe colocar elementos para participar de concursos, certámenes o sorteos, dentro o junto a los envases de productos elaborados con tabaco; el uso de incentivos; la entrega de muestras gratis; y aquella información acerca de ingredientes supuestamente beneficiosos para la salud ni saborizantes o aromatizantes o leyendas que hagan referencia a tales ingredientes y que tengan el posible efecto de hacer más atractivo el consumo del producto por los niños y adolescentes, o dar la idea de que sea menos riesgoso para la salud.

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