El tercer día de la cumbre de cambio climático, COP26, arrancó con acuerdos y la reafirmación de los países de América latina como acreedores ambientales. Los dos logros que se destacan son el compromiso de terminar con la deforestación en ocho años y conseguir reducir las emisiones de metano, ambos con el apoyo de unos 100 países.
Ayer, el primer ministro británico, Boris Johnson, fue el encargado de anunciar el acuerdo global para frenar la deforestación, con el respaldo de los principales países forestales, como Brasil, Indonesia y la República del Congo. Las cifras son grandes. Se trata de 100 países que representan el 85% de los bosques del mundo: 12.000 millones de dólares en fondos públicos para los bosques y más de 7.000 millones en inversiones público-privadas.
Hay 30 instituciones financieras con más de 8,7 billones de dólares de activos mundiales que se comprometen a eliminar las inversiones en actividades relacionadas con la deforestación. Argentina, que comparte con Paraguay y Bolivia un ecosistema único como el Gran Chaco, firmó luego del anuncio y de que hablara el presidente Alberto Fernández ante el plenario de Naciones Unidas.
En su discurso, Fernández volvió a hablar de canje de deuda por naturaleza y de la potencialidad del país de alimentar al mundo con los recursos naturales. El Presidente no anunció nuevos compromisos y no entregó la Estrategia a Largo Plazo que su Gobierno prometió que estaría lista para esta reunión, pero propuso la creación de un comité político y técnico sobre financiación climática para averiguar “cómo movilizar el fondo necesario, reconociendo las responsabilidades comunes pero diferenciadas”.
La posición de Argentina está alineada con la de otros países latinoamericanos, como Brasil, Colombia, Bolivia, México y Colombia. La región se mantiene en gran medida detrás de la línea de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, lo que podría dificultar una acción más ambiciosa por su parte.
Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor principal de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), opinó: “El discurso de la presidencia argentina es contradictorio en muchos aspectos. No se mencionó una transición justa hacia las energías renovables. Por el contrario, el gobierno dio a conocer ayer un plan energético que no está en línea con la neutralidad de carbono. Estamos de acuerdo en que la financiación climática es una prioridad, pero países como Argentina deben mostrar algo más que exigencias en estas reuniones”.
Máximo Mazzocco, líder de la organización juvenil argentina EcoHouse, sostuvo: “Me llama la atención que el Presidente mencionó la posibilidad de crear pagos por servicios ecosistémicos y canjes de deuda por naturaleza, con la biodiversidad como moneda de cambio. Es decir que parece valorar la biodiversidad pero no hace nada con el ecocidio que significa la deforestación. Claramente, el gobierno argentino tiene un gran quiebre con los temas socioambientales y el horizonte de cualquier tipo de estrategia vinculada a la sustentabilidad”.
Paraguay, por caso, llevó como posición oficial que “la producción orgánica es más cara” y que “son sistemas productivos de bajo rendimiento los que aumentan la pobreza”. La coalición de organizaciones #PorLosBosques, que incluye a WWF Paraguay, Guyra Paraguay, Altervida y la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, cuestiona esas premisas. Para la coalición, la posición del gobierno “son expresiones sin base en datos”, ya que la agricultura familiar “es la base de producción de alimentos del país, según muestran los propios censos agropecuarios”. Las organizaciones señalan que la producción orgánica y la agroecológica son herramientas comprobadas para reducir la desigualdad.
El Estado paraguayo ante la COP 26 también niega el impacto de la ganadería en la crisis climática al aducir que “se cuestiona la producción de carne por su impacto ambiental, pero se debe considerar el equilibrio entre la emisión y el secuestro de gases de efecto invernadero en los diferentes esquemas de producción”, según citan medios paraguayos.
Pero, ¿de qué se trata el canje de deuda por naturaleza? Por ahora, es solo una premisa. El planteo también fue realizado ayer por Iván Duque, presidente de Colombia. Los canjes de deuda por naturaleza suelen ser una transacción voluntaria en la que un acreedor cancela o reduce el importe de la deuda de un país en desarrollo a cambio de que el deudor se comprometa financieramente con la conservación.
Los canjes suelen implicar a países con problemas financieros y que tienen dificultades para reembolsar la deuda externa. Los ingresos generados por los canjes suelen ser administrados por fondos fiduciarios locales para la conservación o el medio ambiente.
En 1984, cuando América Latina atravesaba una profunda crisis de deuda, Thomas Lovejoy, antiguo científico del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, ahora conocido como Fondo Mundial para la Naturaleza), escribió un artículo para The New York Times titulado “Aid Debtor Nations’ Ecology”, considerado como el origen intelectual de los canjes de deuda por naturaleza.
“En los años 70′ y principios de los 80′, que se conocieron como la “década perdida” del desarrollo de América Latina, muchos gobiernos de la región obtuvieron cuantiosos préstamos de bancos comerciales o gobiernos extranjeros. Crecía la preocupación de que gran parte de la deuda nunca sería devuelta en su totalidad y, por tanto, su valor era menor”, explican Robert Soutar y Fermin Koop, en la publicación Diálogo Chino. Sin embargo, por ahora no está claro el mecanismo por el cual se podría volver a intentar este tipo de intercambio.
Un paso importante en esta cumbre fue la presentación de los objetivos de la India, uno de los grandes contaminadores mundiales. Narendra Modi, primer ministro de ese país, fijó un objetivo de reducción de emisiones para 2070 que se ajustaría a 2ºC sí incluye el CO2 y a 1,5ºC si incluye todos los gases de efecto invernadero. En términos generales, son buenas noticias: el IPCC dice que para 1,5ºC se necesita un CO2 neto cero para 2050 y un GEI neto cero para 2070. La mitad de la energía procedería de las energías renovables en 2030, mientras que otras políticas reducirían mil millones de toneladas de CO2 en 2030.
El compromiso de la India significa que los 10 principales países productores de carbón del mundo se han comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones, lo que demuestra un progreso o que los objetivos a largo plazo no están provocando cambios a corto plazo. “El carbón tendrá que acabar una, dos o incluso tres décadas antes de las fechas de cero neto que se han establecido”, afirmó Dave Jones, de los analistas de carbón Ember. Por ahora, eso no sucederá.
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