La incorrecta gestión de los residuos tiene un impacto negativo en el ambiente: contamina los suelos y las aguas subterráneas, y genera gases de efecto invernadero a la atmósfera. Aumentar las tasas de reciclado e incentivar cambios en la producción de envases permitiría disminuir el impacto de los residuos.
La mayoría de los envases que usamos no se reciclan
Se estima que apenas el 6% de los residuos que generamos son aprovechados para su reciclaje. El resto termina en un relleno sanitario o en alguno de los más de 5000 basurales a cielo abierto que hay en el país. Hoy las empresas productoras no son responsables de gestionar los envases que ponen en el mercado y la carga económica recae en los municipios o en las cooperativas de recuperadores urbanos.
Actualmente, las empresas no deben rendir cuentas por los envases que insertan en el mercado, ni deben hacerse cargo de que estos sean aprovechados y no terminen acumulándose en un relleno sanitario o en un basural, o impactando en la naturaleza. Sin embargo, a través de nuestros impuestos todos los ciudadanos pagamos por la gestión de los residuos que generamos, es decir, hoy pagamos por recolectar y enterrar lo que consumimos.
El sector informal es quien se encarga de la separación diferenciada
Si bien todavía son pocos los municipios que lograron instalar un sistema de recolección diferenciada y reciclaje bien desarrollado, desde hace décadas que esta tarea es realizada por un sector informal de la economía, el sector cartonero, que con pocas herramientas empezaron a recuperar esos envases post-consumo por su valor en el mercado. Actualmente la tasa de recuperación de residuos es de alrededor del 6%, según estimaciones de la ONU.
Con una ley de envases, no sólo se reasignaría esta carga económica hacia quienes insertan estos productos en la economía de manera directa, y hacia los consumidores de dichos productos de forma indirecta, sino que habilitaría la posibilidad de crear un fondo para financiar el desarrollo de unidades regionales de gestión integral de los residuos, y más aún, hacerlo con inclusión social.
¿Qué es una ley de envases? Es una ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), una estrategia diseñada para integrar los costos ambientales de un producto a lo largo de su ciclo de vida, es decir, desde que se extraen los materiales, se produce, se transporta, se consume y se desecha el envase. La ley debería tener un doble objetivo.
Por un lado, buscar que sean las empresas las responsables de gestionar los materiales que ponen en circulación para que no tengan un impacto negativo, incluida en la etapa de post-consumo. Por el otro, también debería generar incentivos para que los productores consideren la cuestión ambiental a la hora de diseñar los productos.
Diseñar envases más amigables con el ambiente
De esta manera, se promueve el diseño de envases de materiales más fáciles de reciclar, más fáciles de desmontar, más livianos e incluso fomentar el uso de envases retornables o la eliminación de empaquetado innecesario. Como resultado, se espera aumentar la cantidad y variedad de materiales recuperados y minimizar el impacto ambiental de los residuos.
La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) está por presentar su propio proyecto de ley de envases en el Congreso argentino. Hace unos años que se viene debatiendo la necesidad de una ley de envases en nuestro país y se fueron presentando distintos proyectos que no prosperaron.
No da igual cualquier proyecto, y si observamos qué pasa en el resto del mundo, veremos que no hay una receta única y las legislaciones varían de país a país. Lo que cambia principalmente es el rol que deben cumplir las empresas productoras y los gobiernos en las responsabilidades de gestión y reciclaje de los envases, los plazos y los objetivos que se establecen y los incentivos que puedan ofrecerse.
Quiénes se distribuyen la recolección de los desechos
El proyecto de ley de los recuperadores agrupados en FACCyR, a diferencia de otros donde se establecen metas de recuperación por material y se deja la responsabilidad tanto de armar el sistema de recolección como de reciclaje en manos de las empresas productoras, este proyecto entiende que en nuestro país ya existe un sistema informal de recolección y comercialización que necesita financiamiento para poder desarrollarse.
De esta manera, el proyecto de la FACCyR plantea la formación de un fideicomiso que se utilizaría para potenciar y financiar el sistema con inclusión social necesario para poder cumplir con los objetivos de recuperación y reciclaje que se establezcan.
Esta ley busca alcanzar el triple impacto: tiene objetivos ambientales, de disminución de impacto de los residuos, objetivos económicos, ya que plantea la creación o formalización de empleos, y objetivos sociales, con las recuperadoras y los recuperadores como actores esenciales en el sistema de recolección, clasificación y comercialización de los reciclables.
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