El Ministerio del Ambiente informó que se suspendieron 25 concesiones mineras de 39 inspeccionadas en cinco provincias del país: El Oro, Zamora Chinchipe, Azuay, Morona Santiago y Napo. La cartera de gobierno aseguró que estas acciones tienen como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y evitar posibles impactos en las fuentes de agua de las zonas circundantes.
La secretaria ambiental informó que esta decisión se tomó luego de identificar varios impactos medioambientales, tales como descarga de agua contaminada en los afluentes pluviales, disposición de materiales químicos en el suelo, uso de mercurio en las operaciones y restauración incorrecta de áreas de intervención, desvío de cauces hidrográficos, y otras violaciones detalladas en el informe de inspección.
Cada concesionario recibió un aviso administrativo para suspender sus actividades, luego de lo cual deberán presentar un plan de acción para remediar los daños dentro de los próximos 15 días. En el plan deberá incluirse la proyección de medidas correctivas y preventivas según lo evaluado por la secretaria del ambiente. En caso de no cumplir con lo dispuesto podrían enfrentar acciones administrativas y, en otros casos, hasta acciones penales por delitos ambientales.
De estas concesiones mineras, 19 están en El Oro, de las cuales 10 se encuentran en el cantón Portovelo, un municipio de 12.200 habitantes, ubicado al sureste de la jurisdicción, a 105 kilómetros de Machala, la capital provincial.
Como medida complementaria, un equipo de combate de las Fuerzas Armadas permaneció en Zaruma, de la provincia de El Oro, para realizar operaciones de control de armas y explosivos. Su trabajo apoya el control de la minería ilegal, que se ha fortalecido luego de los incidentes registrados durante la inspección de la mina esta semana.
Las fuerzas de seguridad ingresaron por un antiguo pasaje subterráneo para investigar la causa del socavón registrado en la calle Gonzalo Pizarro, que formaba parte del casco urbano de la ciudad. En este lugar, la mayor parte del camino se hundió debido a la minería artesanal que opera al margen de la ley. Según los informes, 30 soldados permanecerán en la ciudad hasta finales de agosto.
En julio del año pasado, el área urbana de Zaruma en la provincia de El Oro reportó nuevos asentamientos. El gobierno de la ciudad anunció que el trabajo para cerrar el pozo ha comenzado y la causa está bajo investigación, que apuntan a labores ilícitas en la zona de exclusión minera.
La actividad minera ilegal ha destrozado parte del subsuelo de una zona densamente poblada de Zaruma, un cantón de El Oro. Allí más de 50 viviendas de la calle Gonzalo Pizarro se encuentran en alerta. Incluso tuvieron que reparar todas las partes rotas por el suelo. Zaruma es considerada como patrimonio cultural del Ecuador por sus pintorescas construcciones en un pequeño casco colonial y republicano de aspecto victoriano.
La destrucción comenzó en 2017. Los residentes dijeron que la ladera se está desestabilizando lentamente y esperan comenzar los trabajos de reparación lo antes posible para evitar perder sus casas y edificios. Los habitantes aseguran que con mucha frecuencia se escuchan rugidos en los sumideros que anuncian el movimiento de las tierras.
El jueves, 12 de agosto de 2021, las autoridades locales y nacionales se reunieron para analizar el avance del plan de remediación y seguridad. Además, se anunció que el Panel de Control Minero y el Subcomité de Remediación y Desarrollo Productivo coordinarían acciones de trabajo para los próximos días.
En Zaruma, se estableció una zona de exclusión minera de 177.7 hectáreas y las actividades mineras están prohibidas. La superficie está cubierta con edificaciones de gran valor patrimonial precisamente donde se ha alertado a las autoridades sobre posibles deslizamientos. El mayor de estos llevó al derrocamiento del colegio La Inmaculada Fe y Alegría en 2019.
Parte del trabajo del Gobierno Nacional consiste en legalizar la explotación minera, regularizar sus procedimientos para la remediación ambiental, desarmar a los mineros ilegales para evitar enfrentamientos e inseguridad y reparar las zonas afectadas por la minería antitécnica, asuntos que no se han atendido hace décadas.
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