La policía siguió adelante el jueves con el desalojo de una aldea abandonada en el oeste de Alemania, donde los activistas han prometido quedarse para evitar que sea demolida en la ampliación de una mina de carbón.
Las autoridades reanudaron la tarea tras trabajar durante la noche para bajar a varios activistas del tejado de un almacén agrícola abandonado en Luetzerath y sacar a otro de los restos de un auto.
Más de 200 ecologistas han abandonado ya el lugar de forma voluntaria, indicó a la televisora ZDF el jefe de policía de Aachen Dirk Weinspach, cuya fuerza está al mando de la operación.
El desalojo de los almacenes debería terminar el jueves y después la policía se centrará en varias cabañas en árboles construidas por los manifestantes y en las casas que quedan en la población, añadió. “Esto irá paso a paso y con gran calma y prudencia”, dijo Weinspach.
La operación para expulsar a los activistas climáticos atrincherados en Luetzerath comenzó el jueves por la mañana, cuando se arrojaron algunas piedras, petardos y otros objetos a los agentes que se aproximaban, aunque sin incidentes violentos graves. La mayoría de la protesta fue pacífica.
Luetzerath se ha convertido en el centro de un debate sobre los esfuerzos climáticos en Alemania.
Los ambientalistas sostienen que demoler la localidad para ampliar la cercana mina de Garzweiler provocaría enormes emisiones de gases de efecto invernadero.
El gobierno y la compañía eléctrica RWE afirman que el carbón es necesario para garantizar la seguridad energética de Alemania. La empresa de servicios públicos RWE llegó a un acuerdo con el gobierno regional el año pasado que permite destruir el pueblo a cambio de poner fin al uso del carbón para 2030, en lugar de 2038. El último residente del pueblo se marchó en 2022 tras ser obligado a vender a RWE.
Algunos manifestantes denunciaron un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y otros dijeron que la escala del despliegue policial, con agentes traídos de todo el país y cañones de agua en reserva, era una escalada no justificada por la protesta pacífica.
Debates sobre hasta dónde puede llegar la desobediencia civil han tenido lugar en Alemania y otros países en los últimos meses, en medio de una oleada de bloqueos de carreteras y otras acciones impactantes de manifestantes que exigen medidas más duras para combatir el cambio climático.
El martes, los manifestantes se negaron a acatar una sentencia judicial que les prohibía el acceso a la zona. Algunos cavaron zanjas, construyeron barricadas y se encaramaron a trípodes gigantes para impedir que las pesadas máquinas llegaran al pueblo, antes de que la policía los hiciera retroceder por la fuerza.
Pero algunos activistas afirman que, en última instancia, la ley está de su parte, citando una sentencia del Tribunal Supremo de 2021 que obligó al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para reducir las emisiones. También señalan el carácter jurídicamente vinculante de los compromisos de Alemania en virtud del Acuerdo climático de París.
Los gobiernos regional y nacional, que en ambos casos incluyen al Partido Verde, alcanzaron un acuerdo con RWE el año pasado para permitir la destrucción del poblado abandonado a cambio de poner fin al empleo de carbón para 2030 en lugar de 2038.
Los estudios indican que podrían extraerse unos 110 millones de toneladas métricas de carbón del subsuelo de Luetzerath.
Los críticos replican que quemar tanto carbón haría mucho más difícil para Alemania, y para el mundo, limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados como se acordó en el acuerdo climático de París de 2015.
Luetzerath “es ahora el lugar europeo de cristalización del movimiento por el clima”, declaró Lakshmi Thevasagayam, portavoz del grupo activista Vidas de Luetzerath. “Nos oponemos a que RWE avance un metro con sus excavadoras, porque sabemos que el carbón bajo Luetzerath no es necesario para la seguridad energética: debe permanecer bajo tierra para que podamos alcanzar la justicia climática”.
El jefe de la sección regional del sindicato policial Deutsche Polizeigewerkschaft, Erich Rettinghaus, afirmó que la policía estaba actuando “con mucha prudencia” y estaba dando a los manifestantes todas las posibilidades de manifestarse pacíficamente. No obstante, señaló que existía preocupación por la posibilidad de que se produjeran problemas, ya que en los últimos días se habían reunido en el lugar manifestantes potencialmente violentos procedentes de toda Europa.
“La protesta es una protesta simbólica”, dijo. “Las preocupaciones son comprensibles; la protección del clima es importante, pero la energía debe seguir siendo asequible para todos”, añadió, señalando el compromiso que prevé el fin anticipado del uso del carbón.
La empresa de servicios públicos informó en un comunicado de que una de las primeras medidas será la construcción de una valla de 1,5 kilómetros alrededor del emplazamiento.
Dijo que “hace un llamamiento a los ocupantes ilegales para que respeten el Estado de Derecho y pongan fin pacíficamente a la ocupación ilegal de edificios, plantas y emplazamientos pertenecientes a RWE”.
Stephan Pusch, jefe de la administración del distrito de Erkelenz en el que se encuentra la aldea, dijo en una reunión municipal el martes que, aunque simpatizaba con los objetivos de los manifestantes, había llegado el momento de abandonar Luetzerath. “Consiguieron su objetivo. Ahora despejen el campo”, dijo ante los abucheos de la sala.
Pusch advirtió a los manifestantes de que infringir la ley intencionadamente no ayudaría a su causa en un país en el que la toma violenta del poder y los horrores de la dictadura aún están en la memoria viva. “Les diré sinceramente que tengo miedo de que mis hijos crezcan en un mundo en el que ya no merece la pena vivir”, afirmó. “Pero me da al menos el mismo miedo que mis hijos crezcan en un país en el que cada uno se tome la justicia por su mano”.
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