El gobierno de El Salvador, que presenta la reducción de la violencia criminal como uno de sus logros, está bajo la lupa de la fiscalía tras un reporte periodístico que reveló una presunta negociación con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) para disminuir los homicidios.
El periódico digital El Faro reveló a fines de la semana pasada que el gobierno del presidente Nayib Bukele habría negociado hace más de un año con la MS-13 beneficios carcelarios para sus miembros presos a cambio de una reducción de los homicidios.
El periodista Óscar Martínez, uno de los autores del artículo de El Faro, explicó a la AFP que la investigación periodística se basó “en documentos oficiales”. Y ante las revelaciones, el fiscal general, Raúl Melara prometió que “se abrirá la investigación correspondiente”.
“Nadie debe de aprovecharse de la institucionalidad para negociar con terroristas”, advirtió Melara.
La tasa de homicidios ha declinado en el Salvador y el gobierno de Bukele lo presenta como uno de sus principales logros, basado en el denominado “Plan Control Territorial”, que incluye el despliegue de policías y soldados en las ciudades con mayor inseguridad.
Según el Ministerio de Justicia y Seguridad, Bukele recibió el país con una tasa de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes en junio de 2019 y para fin de año la cifra había descendido a 36. La proyección del gobierno es finalizar 2020 con 21 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Pero según reportó el medio local, la negociación “bajo agua” no solo incluiría la reducción de los homicidios, sino también el apoyo al partido político Nuevas Ideas, que Bukele ayudó a formar.
“Ese apoyo es de cara a las elecciones del 2021”, dijo Martínez, en referencia a los comicios en los que los salvadoreños deben elegir a los 84 diputados al Congreso unicameral y los alcaldes de los 262 municipios del país.
“Hasta el momento, nadie del gobierno, ningún funcionario, ha dicho que las 108 páginas de documentos oficiales que son nuestra prueba de la investigación y nuestro artículo sean falsas. Son documentos oficiales”, aseguró Martínez.
Una de las respuestas del ejecutivo de Bukele llegó en forma de imágenes: el gobierno publicó el pasado viernes las “estrictas” condiciones de reclusión de pandilleros en dos cárceles del país.
De comprobarse la veracidad del reporte de El Faro, Bukele no sería el primer funcionario en haber pactado con las pandillas.Funcionarios de gobiernos anteriores actualmente enfrentan a la justicia por acciones de la misma naturaleza.
Es el caso del ex ministro de Defensa general David Munguía, acusado de promover una tregua ilegal entre pandillas en 2012. Por el mismo caso ha sido acusado el ex presidente Mauricio Funes (2009-2014), quien ahora vive en Nicaragua.
El reto de la Fiscalía
Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, una entidad de análisis político y lucha contra la corrupción, considera que una eventual negociación entre el gobierno y la pandilla MS-13 plantea un desafío para la fiscalía.
“El fiscal general Raúl Melara está ante el reto de someter a verificación las pruebas que ha presentado el periódico digital y determinar si son fehacientes, y si son reales, proceder como dicta la ley”, indicó Villalta.
En tanto, Álvaro Artiga, analista político y profesor de ciencias políticas de la Universidad Centroamericana (UCA) apuntó que la misión de la fiscalía en el caso de la presunta negociación es “demostrar que esa institución funciona, pues su trabajo ha sido muy deficitario”.
El ex fiscal general Ástor Escalante señaló que “es fudamental” que se establezcan acciones para impedir que continúen los “posibles contactos” de funcionarios públicos con estructuras delictivas.
La mirada desde el exterior
Tras la publicación de El Faro, el presidente Bukele calificó el artículo como “ridículo” y al periódico como “un panfleto”.
No es la primera vez que el gobernante arremete contra El Faro, al cual ha descalificado y llegó a bloquear su acceso a coberturas en la Casa Presidencial.
La publicación de El Faro también repercutió en el exterior: uno de los primeros en reaccionar fue José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch, quien señaló en Twitter que las promesas de Bukele “por mejorar la seguridad y combatir la corrupción eran mentira”.
(Por Oscar Batres, AFP)
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