Desde sus costosas bolsas, su relación con Galilea Montijo o la ficha roja interpuesta por Interpol para localizarla, Inés Gómez Mont no ha dejado de causar polémica.
En este sentido, recientemente salió a la luz que la conductora habría registrado su nombre como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en 2019, pero este fue otorgado hasta 2021 y está concesionado hasta 2029.
Así, de acuerdo con el expediente 2222491 la empresaria tenía permitido ofrecer la “comercialización de servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas, así como servicios personales”.
También, en su número de expediente 2222490, entre los servicios que podía otorgar a partir de su nombre están: educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales. Además de ofrecer productos como vestido, calzado y artículos de sombrerería.
No obstante, es importante mencionar que, además de su nombre, en el IMPI también puede encontrarse que la ex conductora de Ventaneando tiene otras dos marcas registradas: Inés by Gómez Mont y Fundación Inés Gómez Mont Arena.
La primera data de la comercialización de joyería, metales preciosos, bisutería, piedras preciosas; así como artículos de relojería.
Mientras que la segunda es una fundación llamada conocida por las siglas FIGMA que busca “capacitar a las madres solteras o jóvenes (...) y proveer de herramientas, habilidades y conocimientos, para hacer más ligero el reto” de vivir la maternidad desde estos contextos.
Estas dos marcas fueron registradas mucho antes que su nombre, ya que el expediente 1315585, que corresponde a Inés by Gómez Mont se solicitó en 2012 y fue concedida en 2013; mientras que en el expediente 1925983 se vislumbra que la solicitud se realizó en 2017 y la concesión fue otorgada en 2019.
Cabe recordar que el pasado 19 de octubre, La Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) giró una ficha roja en contra de la conductora Inés Gómez Mont y de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por lo que ya son rastreados en más 190 países.
La pareja está acusada de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
En el sexenio pasado se presume que utilizaron empresas que sirvieron para “lavar” dinero, ya que simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos y sin licitación por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob). En la indagatoria de la FGR mencionaron funcionarios federales directamente involucrados con el abogado y la conductora.
En septiembre pasado, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, otorgó la orden de captura.
La acusación que fue presentada ante dicho juez federal y con base en la cual se libró la orden de captura es FED/SEIDO/UEIORIFAM-MEX /0000758/2019 concluye hasta el momento con la intervención de la Interpol. Además, ambos son señalados en una investigación que realiza la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), de realizar operaciones con grupos delictivos a través de empresas facturadoras.
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