Pese a que hace unos días un juez le concedió a Laura Bozzo una suspensión provisional que frenó su detención, otorgándole la oportunidad de abonar una garantía de 300 mil pesos y la entrega de su pasaporte para evitar su huida del país, la conductora peruana no acudió al juzgado.
Por ello, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez Noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales, ahora dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se ejecute la orden de aprehensión girada en contra de la famosa “Laura en América” y sea internada en el penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
El juez rechazó otorgar una suspensión definitiva a la controversial conductora, con la cual buscaba frenar por tiempo indefinido su captura y la decisión que le ordenó internarse en el penal de alta seguridad.
Este día, el juez informó que resolvió negar la medida cautelar solicitada y la declaró sin materia, esto derivado de que Bozzo no se presentó en el juzgado ni entregó su solicitado pasaporte.
Al respecto, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer la noticia y emitió su comentario: “Tenía que ir al penal a dar 300 mil pesos, pues le salió barato. Pero no lo hizo, Laura Bozzo, entonces el día de hoy un juez ya mandó la orden de aprehensión para que la metan a la cárcel. Ahora sí la van a agarrar, la van a llevar al penal de Santiaguito, ahora sí ya no hay manera de que se salve y es que por eso tenemos que ser muy cautelosos sobre todo con el tema de impuestos. A la señora Bozzo no le gusta pagar impuestos, pero hay que hacerlo (…) Hay normas que hay que respetar y la señora no va a hacer lo que se le dé la gana”, expresó el reportero en su canal de YouTube.
Sin embargo, la resolución de negarle la suspensión definitiva a Bozzo, amparo que solicitó la presentadora de 69 años para que sea analizada la decisión de remitirla a prisión, podría no implicar el final del amparo. Esto porque el juez de amparo aún tendría pendiente revisar la decisión del juez de control que la vinculó a proceso.
Y es que en el amparo que reclamó Laura Bozzo el pasado 11 de agosto, la peruana pidió reconsiderar la posibilidad de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra, y en el momento en el que lo solicitó aún no existía el mandamiento por el que la FGR puede detenerla.
Bozzo emitió la demanda para analizar si la medida de prisión preventiva justificada fue dictada conforme a Derecho y basada en toda legalidad, dicho reclamo no fue admitido por el juez de amparo, aunque sí le concedió una suspensión provisional contra el internamiento voluntario por el juez de control, bajo las condiciones que se estipularon, mismas que desestimó la peruana al no apersonarse en el juzgado a exhibir el pago de 300 mil pesos y su pasaporte.
Sin embargo la suspensión fue emitida después de que Laura Bozzo incumplió el requerimiento del juez de control y de que fuera emitida la orden de aprehensión en su contra, por la que la FGR solicitó a Interpol una ficha roja. En consecuencia, dicha suspensión, hoy revocada, nunca la protegió de la orden de captura ya emitida.
La autoproclamada “abogada de los pobres” podría alcanzar una pena de entre tres y nueve años de prisión por cometer un delito fiscal por más de 12 millones de pesos al vender un inmueble que estaba embargado y en garantía por el SAT. Sin embargo, su situación jurídica definitiva se determinará en la audiencia correspondiente y tras la revisión del caso por parte del juez de amparo.
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