La Cámara de Representantes de Estados Unidos, bajo control republicano, aprobó este martes un proyecto de ley destinado a dar por finalizada la emergencia sanitaria en el país declarada por el COVID-19.
La normativa recibió el aval por 220 votos a favor y 210 en contra y ahora debe continuar su trámite parlamentario en el Senado, donde los demócratas tienen 48 escaños más el voto de desempate de la vicepresidenta, Kamala Harris; los republicanos ostentan otros 49 y hay 3 independientes de tendencia progresista.
El texto, impulsado por el legislador republicano Brett Guthrie, establece que el país debe dar por terminada dicha emergencia en el momento de su promulgación.
La Cámara Baja también dio luz verde a una propuesta legislativa que busca dar fin al requisito de vacunación contra el COVID-19 a los trabajadores de salud en centros que reciban ayuda federal.
La normativa fue aprobada con 227 votos a favor ya que siete legisladores demócratas se unieron al proyecto de ley, promovido por sus colegas republicanos.
La Oficina de Gestión y Presupuestos de la Casa Blanca había señalado este lunes que Estados Unidos dejará de considerar la pandemia una emergencia nacional a partir del próximo 11 de mayo, tras lo cual pasará a tratar el COVID como una enfermedad endémica.
La Administración estadounidense explicó que su plan es extender hasta mayo las actuales declaraciones de emergencia nacional y de emergencia de salud pública, decretadas en 2020 por el entonces presidente republicano Donald Trump, y suspender ambas después.
La Casa Blanca argumentaba que este período de gracia evitará el “caos e incertidumbre en el sistema sanitario” que se produciría de prosperar la iniciativa de los republicanos que contempla el cese inmediato de las declaraciones.
El Congreso ya ha mitigado el alcance de la emergencia de salud pública que tuvo el impacto más directo en los estadounidenses, a medida que se intensificaron los llamados políticos para poner fin a la declaración.
Los legisladores se han negado durante meses a cumplir con la solicitud de la administración Biden de miles de millones de dólares más para extender las pruebas y vacunas de COVID gratuitas. Y el paquete de gastos aprobado el año pasado y promulgado por Biden puso fin a una regla que prohibía a los estados sacar a las personas de Medicaid, una medida que se espera que haga que millones de personas pierdan su cobertura después del 1 de abril.
También se espera que los costos de las vacunas COVID-19 se disparen una vez que el gobierno deje de comprarlas, y Pfizer dice que cobrará hasta $130 por dosis. Solo el 15% de los estadounidenses han recibido el refuerzo actualizado y recomendado que se ha ofrecido desde el otoño pasado.
Una vez que expire la emergencia, las personas con seguro privado tendrán algunos gastos de bolsillo por vacunas, pruebas y tratamiento, mientras que los no asegurados tendrán que pagar esos gastos en su totalidad.
Los legisladores ampliaron las flexibilidades de telesalud que se introdujeron cuando llegó el COVID-19, lo que llevó a los sistemas de atención médica de todo el país a brindar atención regularmente por teléfono o computadora.
(Con información de EFE y AP)
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