Dictan 18 meses de prisión contra un empresario venezolano vinculado en una trama de corrupción con PDVSA

Según la Fiscalía de Texas, Roberto Enrique Rincón Fernández y sus cómplices controlaban varias compañías que usaron para obtener contratos con la empresa petrolera controlada por el régimen

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Dictan 18 meses de prisión
Dictan 18 meses de prisión contra un empresario venezolano vinculado en una trama de corrupción con PDVSA. (REUTERS)

Un juez federal en Texas sentenció a 18 meses de prisión al empresario venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández, quien en 2016 se declaró culpable por su papel en una trama para asegurar contratos de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La decisión del juez Gray Miller, del Distrito Federal del Sur de Texas, impuso sentencias de 18 meses por cada uno de los tres cargos en los cuales Rincón admitió su culpabilidad, pero las tres sentencias serán concurrentes.

Rincón se declaró culpable de violar la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Exterior, de colaborar y ayudar en la violación de esa ley, y de hacer declaraciones falsas en sus impuestos federales.

Según la Fiscalía, Rincón y sus cómplices, entre quienes figura el venezolano Abraham José Shiera Bastidas, controlaban varias compañías que usaron para obtener contratos con la empresa petrolera controlada por el régimen.

Entre 2009 y 2014, Rincón y sus colaboradores conspiraron para obtener y retener esos contratos por medios “corruptos y fraudulentos, incluido el pago de sobornos a funcionarios de PDVSA”, de acuerdo con documentos de la corte obtenidos por EFE.

Los conspiradores pagaron por lo menos 1,6 millones de dólares en sobornos, además de fondos adicionales por un monto indeterminado para viajes, comidas y entretenimiento para 5 funcionarios de PDVSA.

Rincón fue arrestado en diciembre en su casa en un suburbio de Houston después de que le presentaran cargos.

Según la Fiscalía, Rincón y
Según la Fiscalía, Rincón y sus cómplices, entre quienes figura el venezolano Abraham José Shiera Bastidas, controlaban varias compañías que usaron para obtener contratos con la empresa petrolera controlada por el régimen.

Los sobornos y relaciones fraudulentas en las que habría incurrido Rincón se habrían perpetrado en conjunto con cinco empleados de PDVSA cuyos nombres no fueron revelados en la acusación radicada en el tribunal, pero que están plenamente identificados por las autoridades de EEUU.

Las responsabilidades de estos funcionarios de PDVSA están, básicamente, en el área de compras y licitaciones de la petrolera, pues eran quienes finalmente seleccionaban a las compañías a las que se les adjudicaban los contratos.

Para argumentar la acusación, los investigadores presentaron decenas de correos electrónicos entre los acusados y los funcionarios de PDVSA en los que se detallan pagos y presuntos sobornos por acciones que favorecieron las empresas de Rincón por varios millones de dólares.

En algunos casos, las compañías de Rincón fueron las únicas que aparecieron en la lista final como postulantes para obtener las licitaciones y para ello éste habría escondido su relación con las compañías que buscaban los contratos con la petrolera.

En junio de 2018, la Policía española detuvo al hijo de Roberto Enrique Rincón Fernández, en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

La detención fue llevada a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción por orden del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid.

En junio de 2018, la
En junio de 2018, la Policía española detuvo al hijo de Roberto Enrique Rincón Fernández, en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA. (EL PITAZO)

José Roberto Rincón, según las fuentes consultadas por el periódico español ABC, habría lavado en España millones de euros procedentes de PDVSA mediante la compra de propiedades inmobiliarias.

La causa comenzó llevándola la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien coordinó en junio de 2017 cinco registros en Madrid dentro de una investigación de la Justicia portuguesa sobre el desvío de unos 6.000 millones de euros de PDVSA a directivos del Ministerio de Energía de ese país, de los que 3 millones acabaron en España, informó EFE.

La instrucción se abrió por las denuncias por blanqueo contra los directivos de la petrolera estatal en tiempos de Hugo Chávez. Uno de los principales señalados era el que fue presidente de la compañía y embajador ante la ONU Rafael Ramírez.

(Con información de EFE)

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