La justicia de Estados Unidos multó a la Organización Trump con 1,6 millones de dólares por fraude fiscal

La empresa de Donald Trump fue multada el viernes con 1,6 millones de dólares como castigo por un esquema en el que los principales ejecutivos del ex presidente eludieron impuestos sobre la renta personal en lujosas prebendas laborales, un golpe simbólico, apenas paralizante para una empresa que presume de miles de millones de dólares en activos.

Una multa era la única sanción que un juez podía imponer a la Organización Trump por su condena el mes pasado por 17 delitos fiscales, entre ellos conspiración y falsificación de registros empresariales.

La cantidad impuesta por el juez Juan Manuel Merchán fue la máxima permitida por la ley, una cantidad equivalente al doble de los impuestos que un pequeño grupo de ejecutivos eludió en beneficios que incluían apartamentos libres de alquiler en edificios Trump, coches de lujo y matrículas de colegios privados.

El propio Trump no fue juzgado y negó tener conocimiento de que sus ejecutivos evadieran impuestos ilegalmente.

La Organización Trump fue acusada a través de sus filiales Trump Corp, a la que se impuso una multa de 810.000 dólares, y Trump Payroll Corp, a la que se impuso otra multa de 800.000 dólares.

Aunque las multas -menos de lo que cuesta un apartamento en la Torre Trump- no son lo bastante cuantiosas como para afectar a las operaciones o el futuro de la empresa, la condena es una mancha negra en la reputación del republicano como hábil hombre de negocios mientras monta una campaña para recuperar la Casa Blanca.

Ni el ex presidente ni sus hijos, que ayudaron a dirigir y promover la Organización Trump, estaban en la sala para la audiencia de sentencia.

El fiscal Joshua Steinglass dijo que las multas constituyen “una fracción de los ingresos” de la Organización Trump y que el esquema fue “de gran alcance y descarado”.

“Todas estas prácticas corruptas formaban parte del paquete de compensación de los ejecutivos de la Organización Trump, y sin duda era más barato que pagar salarios más altos a esos ejecutivos”, afirmó.

Los abogados defensores habían argumentado que la multa debería ser ligeramente inferior porque, dijeron, la ley estatal prohíbe multas por múltiples cargos del mismo cargo. Estimaron que la multa debería haber sido de 750.000 dólares o menos para cada una de las dos entidades de Trump.

La empresa pidió 30 días para pagar la multa, pero el juez le ordenó pagar en 14.

Además de la empresa, sólo un ejecutivo fue acusado en el caso: el ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, que se declaró culpable el verano boreal pasado de evadir impuestos sobre una indemnización de 1,7 millones de dólares.

Fue condenado el martes a cinco meses de cárcel.

Trump ha dicho que el caso contra su empresa formaba parte de una “caza de brujas” con motivaciones políticas emprendida contra él por demócratas vengativos. Los abogados de la empresa han prometido apelar el veredicto.

El caso penal se refería a prácticas financieras y acuerdos salariales que la compañía detuvo cuando Trump fue elegido presidente en 2016.

Durante sus años como principal hombre de dinero de la compañía, Weisselberg había recibido un apartamento libre de alquiler en un edificio de la marca Trump en Manhattan con vistas al río Hudson. Él y su esposa conducían coches Mercedes-Benz, alquilados por la empresa. Cuando sus nietos fueron a un exclusivo colegio privado, Trump les pagó la matrícula.

Un puñado de otros ejecutivos recibieron prebendas similares.

Cuando fue llamado a testificar contra la Organización Trump en el juicio, Weisselberg declaró que no pagó impuestos sobre esa compensación, y que él y un vicepresidente de la empresa conspiraron para ocultar los beneficios haciendo que la empresa emitiera formularios W-2 falsificados.

Weisselberg también intentó asumir la responsabilidad en el estrado, diciendo que nadie en la familia Trump sabía lo que estaba haciendo. Se atragantó al decir a los jurados: “Fue mi propia codicia personal la que llevó a esto”.

Los abogados de la Organización Trump repitieron el mantra: “Weisselberg lo hizo por Weisselberg”, sosteniendo que se había vuelto un pícaro y había traicionado la confianza de la empresa.

El fiscal adjunto del distrito, Joshua Steinglass, intentó refutar esa afirmación en su alegato final, mostrando a los miembros del jurado un contrato de arrendamiento firmado por el propio Trump para el apartamento de Weisselberg.

“El señor Trump está sancionando explícitamente el fraude fiscal”, argumentó Steinglass.

Un jurado condenó a la empresa por fraude fiscal el 6 de diciembre.

La multa apenas hará mella en los resultados de una empresa con una cartera mundial de campos de golf, hoteles y promociones inmobiliarias. Podría enfrentarse a más problemas fuera de los tribunales debido al daño a su reputación, como la dificultad para encontrar nuevos acuerdos y socios comerciales.

La condena y la sentencia de la Organización Trump no ponen fin a la batalla de Trump con el fiscal del distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, que asumió el cargo en enero. Bragg ha dicho que una investigación relacionada con Trump que comenzó bajo su predecesor, Cyrus Vance Jr, está “activa y en curso”, con un fiscal recién contratado dirigiendo la acusación.

Al mismo tiempo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, está demandando a Trump y a la Organización Trump, alegando que engañaron a los bancos y a otros sobre el valor de sus muchos activos, una práctica que ella apodó el “arte del robo”.

James, demócrata, pide a un tribunal que prohíba a Trump y a sus tres hijos mayores dirigir cualquier empresa con sede en Nueva York y pretende imponerles una multa de al menos 250 millones de dólares. Un juez ha fijado la fecha del juicio para octubre. Como medida preliminar, nombró a un supervisor de la empresa mientras el caso está pendiente.

Trump se enfrenta a otros desafíos legales en su intento de volver a ocupar la Casa Blanca en 2024.

Un gran jurado especial de Atlanta ha investigado si Trump y sus aliados cometieron algún delito mientras trataban de anular su derrota electoral de 2020 en Georgia.

El mes pasado, el comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes votó a favor de remitir un caso penal al Departamento de Justicia por el papel de Trump en el desencadenamiento de la insurrección violenta en el Capitolio de Estados Unidos. El FBI también está investigando el almacenamiento de documentos clasificados por parte de Trump.

(Con información de AP)

Seguir leyendo: