Un grupo de 46 congresistas demócratas pidió a Biden que revoque la visa diplomática de Bolsonaro

Un grupo de 46 congresistas demócratas pidieron este jueves al Gobierno del presidente Joe Biden que se revoque la visa diplomática o cualquier permiso que el exmandatario brasieño, Jair Bolsonaro, tenga para estar en suelo estadounidense.

En una carta, los legisladores también exigieron al Gobierno que se investigue cualquier acción que se haya podido tomar en Estados Unidos para ayudar o coordinar la irrupción a los edificios de las tres ramas del poder que tuvo lugar este fin de semana en Brasil por parte de seguidores del ex mandatario.

“No debemos permitir que Bolsonaro o cualquier otro ex funcionario brasileño obtenga refugio en EEUU para escapar de la justicia por crímenes que hayan podido cometer” en Brasil, escribieron los congresistas en la misiva.

Los legisladores aseguraron en su carta que el ex presidente Bolsonaro entró a EEUU con una visa A-1, que se concede a diplomáticos o funcionarios.

“Como ya no es el presidente de Brasil ni se desempeña actualmente como funcionario brasileño, le solicitamos que vuelva a evaluar su estatus en el país para determinar si existe una base legal para su estadía y revocar cualquier visa diplomática que pueda tener”, señalaron los congresistas.

El Gobierno estadounidense no se ha pronunciado aún sobre qué estatus legal mantiene Bolsonaro en Estados Unidos.

No obstante, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló el pasado lunes que las personas que entran a EEUU con una visa A-1 tienen 30 días para salir del país si ya no forman parte de un gobierno.

“Si el poseedor de una visa A ya no se dedica a asuntos oficiales en nombre de ese gobierno, le corresponde a ese titular de la visa salir de EEUU o solicitar un cambio a otro estado migratorio dentro de 30 días”, dijo Price a los reporteros.

Bolsonaro se encuentra, presumiblemente, en el estado de Florida, a donde viajó el pasado 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato y de que le sucediera Luiz Inácio Lula da Silva.

Según publica la prensa, regresó el martes por la noche a la casa donde se hospeda en Orlando después de que, según fuentes familiares, estuviera hospitalizado por un dolor abdominal producto de las secuelas del atentado con arma blanca que sufrió en 2018.

Tras los ataques del domingo, unos 1.500 manifestantes bolsonaristas fueron arrestados por las autoridades brasileñas, después de que asaltaran las sedes de los tres poderes, con la intención de derrocar al progresista Lula da Silva, una semana después de que asumiera la jefatura de Estado en Brasil.

El senador Tim Kaine, también demócrata y jefe del comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo al portal Politico que si EEUU recibe un pedido de extradición, debe ser atendido.

“Creo que debemos ser receptivos si existe un procedimiento criminal legítimo y hay una petición de extradición”, dijo el legislador al portal de noticias.

Por el momento, ni EEUU ni Brasil han confirmado que exista ya una solicitud de extradición, pese a que Bolsonaro tienes varias cuentas pendientes con la Justicia brasileña.

Si llegara a presentarse, aseguró a EFE el analista político y profesor de la Universidad de Georgetown en Washington Michael Shifter, el Gobierno de Biden “debe tratarlo de manera muy seria”.

EEUU ha asegurado que está a la espera de cualquier petición de ayuda de las autoridades de Brasil en las investigaciones relativas al ataque del domingo.

Además de Bolsonaro, el ex ministro de Justicia Anderson Torres también está en territorio estadounidense. Sobre él pesa una orden de prisión por su presunta “omisión”, como responsable de la seguridad de Brasilia, en la intentona golpista perpetrada el domingo por miles de bolsonaristas radicales.

Torres anunció el martes su regreso inminente a Brasil para ponerse a disposición de la Justicia, algo que todavía no ha hecho.

Mientras, el silencio reina en el Partido Republicano sobre la situación en Brasil.

El ex presidente Donald Trump (2017-2021), quien durante su mandato mantuvo una buena relación con Bolsonaro y con quien se le ha comparado, no se ha pronunciado sobre los hechos del fin de semana ni sobre la presencia del líder brasileño en Florida.

El líder ultraderechista, de 67 años, puede afrontar a su hipotética vuelta a Brasil problemas con la Justicia, donde es investigado en cuatro procesos penales abiertos durante su mandato (2019-2022).

Uno de ellos busca esclarecer si interfirió de forma política e ilegal en las decisiones de la Policía Federal para proteger a su familia, mientras que también es investigado por divulgar noticias falsas sobre la vacuna contra la covid-19, y desincentivar el uso de la mascarilla en un momento en que era obligatorio en todo el país.

Otro de los casos se refiere a la filtración de documentos secretos de la Policía con los que quiso alimentar su campaña de descrédito contra el sistema electrónico de votación, que Brasil utiliza desde 1996 sin que haya sido objeto de denuncias, aunque Bolsonaro considera, sin pruebas, que es fraudulento.

Sobre ese asunto de las urnas electrónicas, afronta además diversas acciones administrativas en el Tribunal Superior Electoral (TSE), que, en último extremo, podrían servir de base para su posible inhabilitación política.

El 1 de enero, Bolsonaro perdió el fuero privilegiado que ostentaba por su condición de jefe de Estado.

Bajo ese estatus, todas las demandas tenían que pasar por la Fiscalía General de la República y tramitarse en la Corte Suprema, además de tener el derecho de ser defendido por la Abogacía General del Estado.

Ahora, el ex gobernante puede ser juzgado en primera instancia por un magistrado común, si bien, en cuanto a las investigaciones en curso, esa decisión depende de la autorización de las instancias judiciales superiores.

Con todo, Bolsonaro no ha sido acusado formalmente en ningún caso; solo consta como investigado, es decir, los procesos están en su fase inicial.

Para que sigan adelante, el Ministerio Público tendría que presentar una denuncia ante la Justicia, que decidiría entonces si abre juicio contra el exmandatario. Solo en ese supuesto podría ser eventualmente condenado.

Con información de EFE

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