Qatar consideraba la Copa del Mundo de este año en Doha como una oportunidad de oro de relaciones públicas para deslumbrar al mundo con sus modernas instalaciones, su impresionante desarrollo económico y su nuevo estatus como actor político de primer orden en la escena mundial. “Como mínimo, no funcionó según lo previsto”, advirtió el miembro de la Cámara de Representantes de los EEUU, Jack Bergman, en una contundente columna de opinión publicada en The Washington Times.
En lugar de ello, aseguró, el acontecimiento puso de relieve el pésimo historial del régimen qatarí en materia de derechos humanos. “Numerosos periodistas y asistentes fueron detenidos por mostrar su apoyo al colectivo LGBTQ durante la Copa Mundial. Tres periodistas noruegos fueron detenidos por informar sobre los terribles abusos cometidos contra los trabajadores migrantes que Qatar importó para construir los siete estadios y revisar las infraestructuras qataríes en preparación de la Copa Mundial”, recordó Bergman.
El propio régimen qatarí admitió públicamente que en la construcción de los estadios y el resto de la infraestructura de este mundial murieron al menos 400 trabajadores extranjeros por las duras condiciones a los que fueron expuestos. Y como lo intentaron exponer varios equipos participantes –reprimidos por la FIFA y amenazados con expulsarlos del fútbol- viola los derechos de las minorías sexuales y las mujeres.
A pesar del color y el calor de los hinchas, y mientras el mundo se fascina con los goles de las estrellas del Mundial, en Qatar pasan cosas que van más allá de la pelota. Existen leyes que limitan la libertad de expresión y la conformación de sindicatos y partidos políticos. Pero, además, hay mujeres sometidas a latigazos como parte de su condena bajo la estricta ley local, personas encarceladas por su condición sexual y decenas de denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Qatar es un país extremadamente conservador, donde la religión tiene una importancia enorme. La ley islámica que rige sus costumbres se denomina sharía y es especialmente restrictiva con las mujeres y las diversidades sexuales.
En este contexto, las mujeres deben usar el velo, la burka, el niqab o el hijab, como signo distintivo de su propia identidad cultural. El castigo por no usarlo en público puede ser de detención, pena de prisión, multa o incluso latigazos. Lo mismo sucede si mantienen relaciones sexuales extramatrimoniales: para esos casos, la ley estipula hasta siete años de cárcel.
En Qatar, las mujeres no pueden tomar sus propias decisiones: un informe publicado por Human Rights Watch, visibilizó este sistema discriminatorio de tutela masculina que las obliga a obtener un permiso de los hombres para casarse o estudiar en el extranjero. Tampoco pueden ser las tutoras principales de sus hijos e hijas, aunque estén divorciadas y tengan la custodia legal.
Bergman resaltó, además, que los dos “regímenes matones” de Rusia y Qatar colaboraron mediante espionaje y sobornos en 2010 para hacerse con los derechos para albergar la Copa del Mundo en 2018 y 2022 respectivamente. “Irónicamente, los qataríes también espiaban a los rusos para asegurarse de que cumplían su palabra en el corrupto acuerdo para asegurarse los derechos de la Copa”, indicó.
Y condenó: “Utilizar su enorme riqueza para jugar al margen de las directrices éticas y legales no es nada inusual en Qatar”.
De hecho, puso como ejemplo “el escándalo de integridad más escandaloso de la historia de la Unión Europea”, haciendo referencia a la detención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, en la trama de “organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero” llevada a cabo por el régimen qatarí.
Entre el grupo de miembros del Parlamento Europeo incluidos en la orden de redada se encontraba el ex presidente de la subcomisión de Derechos Humanos, Pier Antonio Panzeri, acusado de “intervenir políticamente ante miembros que trabajan en el Parlamento Europeo en beneficio de Qatar y Marruecos”.
Qatar está acusado de dirigirse a funcionarios “con una posición política y/o estratégica significativa” en el Parlamento, enviándoles “cantidades sustanciales de dinero” e “importantes regalos”, según el fiscal de la UE.
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