El juicio contra el terrorista acusado de matar a ocho personas, entre ellos cinco argentinos, en Manhattan el 31 de octubre de 2017, entró en la etapa final y en el mes de enero podría ser condenado a la pena de muerte.
A las 15.05 de aquel día, Sayfullo Habibullaevic Saipov, un uzbeko de 29 años, irrumpió en una ciclovía del Sur de Manhattan, atropelló a un grupo de ciclistas y mató a ocho. El terrorista dijo después que lo hizo en nombre de ISIS. Las autoridades encontraron 90 videos y miles de fotos de propaganda de ISIS en el teléfono celular de Saipov.
Entre las víctimas había cinco argentinos oriundos de la ciudad de Rosario, que habían viajado a Nueva York para festejar los 30 años de egresados del Colegio Politécnico: Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi.
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Según los fiscales, Saipov eligió el día de Halloween porque pensó que habría más gente en la calle y revelaron que además también tenía planeado atacar el puente de Brooklyn.
El juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Vernon Broderick comenzó el 11 de octubre con el proceso de selección de los jurados y se espera poder empezar en diciembre con las audiencias en las que la fiscalía general presentará los cargos y se escucharán a los familiares de las víctimas del ataque. El proceso genera gran expectativa y un número récord de voluntarios se anotaron para integrar el jurado. El juez Broderick anunció el pasado viernes que se enviarán 3.000 cuestionarios a los postulantes. La tarea de elección de jurados es una de las más importantes y complejas en la que el juez, los fiscales y los defensores pasan semanas tratando de identificar a candidatos que sean imparciales.
Saipov enfrenta ocho cargos de asesinato, doce de intento de asesinato y uno de proporcionar e intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada por los Estados Unidos.
Durante el juicio se les pedirá a los miembros del jurado que primero determinen si Saipov es culpable y luego si es condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte. Para condenarlo a muerte la decisión del jurado tiene que ser unánime. Sobre este punto los defensores oficiales comenzaron a desplegar una maniobra para evitar que una de las candidatas sea eliminada. Se trata de la jurado 17, quien al responder el cuestionario dijo que por razones religiosas se opone a la pena de muerte. La defensa argumentó que no se puede eliminar a este jurado porque eso violaría la cláusula de libre ejercicio de la Primera Enmienda, que garantiza que el Congreso no pueda crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. La inclusión de este jurado garantizaría que Saipov no sea condenado a la pena de muerte.
Previamente el terrorista uzbeko se había declarado inocente para tratar de evitar la pena capital. Sus abogados también apelaron directamente al fiscal general Merrick Garland para que retire el pedido de pena de muerte pero el pedido fue rechazado. En una carta presentada en la noche del viernes 16 de septiembre en la Corte de Manhattan, Damian Williams, jefe de los abogados de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, comunicó que el fiscal general Merrick Garland “decidió continuar buscando la pena de muerte” contra Sayfullo Saipov.
Este es el primer juicio por pena de muerte que se lleva a cabo durante la administración del presidente Joe Biden. Mientras, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revisa la aplicación de este tipo de condena, las ejecuciones se reanudaron en 2020 luego de un intervalo de 17 años.
Los familiares de las víctimas de Rosario recibieron una notificación el pasado viernes en la que les informaron que las audiencias comenzarían el 12 de diciembre o el 3 de enero.
Consultado por Infobae, Juan Félix Marteau, representante legal de Ana Evans -esposa de una de las víctimas- y sus tres hijos, sobre cuál es la expectativa que tiene respecto del resultado del juicio, respondió que “espera la máxima pena prevista en la legislación americana para el atacante, como es la pena de muerte ya que su acto criminal expresó una determinación deliberada, planificada y entrenada para asesinar inocentes en nombre de un extremismo religioso que exige la destrucción del otro sin importar la ausencia de conflicto o una enemistad previa”. Y añadió “mi posición es técnica y toma en cuenta la habilitación que la 5ta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos realiza para penar casos de Terrorismo”.
“Mis representados esperan más bien el fin de un ciclo: la confirmación de que la justicia no acepta ni deja impunes actos tan cobardes como este que tanto daño y dolor han producido con la muerte de un ser tan querido como Hernán Mendoza”, señaló Marteu.
Al ser preguntado si la legislación argentina hubiese permitido la misma solución para este caso que la justicia americana, el abogado de las víctimas respondió que “no se encuentra tipificado en la Argentina el delito de soporte material a una organización terrorista, que permite imputar penalmente a quien se ofrece así mismo como un instrumento apoyo a una organización terrorista. Además en la Argentina carecemos de un sistema de designaciones de individuos o grupos terroristas como ha desarrollado Estados Unidos, en este caso enlistando al Estado Islámico”. Agregó que este caso, en que fueron asesinados ciudadanos argentinos, debería ser seriamente considerado para reformar la deficiente y casi inexistente legislación antiterrorista que tenemos en el país.
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